En lo que va de este año 2022 sólo en el estado de Michoacán han sido asesinadas más de 120 mujeres. De estos homicidios sólo 11 han sido catalogados como feminicidios pese a que las mismas autoridades han dicho que el 58% de estos crímenes son perpetuados por las parejas sentimentales de las víctimas o sus familias, lo que, según el código penal, automáticamente los convierte en feminicidios.
De estos 11 feminicidios 4 han ocurrido en Morelia, colocando a la ciudad en el segundo lugar a nivel nacional en las estadísticas de este delito. Bajo la normalización de la violencia que atraviesa México pueden parecer nada, sin embargo, este problema es mucho más grande de lo que pensamos.
La violencia feminicida es un tipo de violencia que comienza por agresiones verbales y escala hasta la desaparición o asesinato de la mujer víctima. Sí bien el feminicidio es la muestra extrema de la violencia machista, la violencia no empezó ahí, también se da en la parte psicológica, económica, patrimonial, física y en muchas de las ocasiones cuando denunciamos esta violencia no hay atención adecuada. Hay muchas señales previas de que una mujer está siendo víctima de violencia, sin embargo, en su gran mayoría son ignoradas por las autoridades, quienes siguen tratando el tema muy a la ligera y de manera apática.
El 11 de este mes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que las y los diputados michoacanos aprobaron la reforma al código penal del estado que presentó el 8 de marzo. La reforma consiste en la ampliación de la pena privativa de la libertad a 50 o 60 años por el delito de feminicidio y otros más. Esto sería una maravillosa noticia si viviéramos en Suiza, Dinamarca, Canadá, o algún país donde el sistema de justicia realmente funcionara y el índice de impunidad no fuera del 94.8%, sin embargo, estamos en México, y aquí esto y nada es lo mismo.
De poco sirve el incremento a las penas y la tipificación de nuevos delitos si la mayoría de los casos no se resuelve, si las Fiscalías no cuentan con suficiente personal y si los servidores y servidoras públicas no está capacitadas. A los feminicidas no los detiene, ni los va a detener que la pena por el delito sea la más alta de todo el código penal si sabe que solo existe el 5.2% de posibilidad de ser atrapado, juzgado y sentenciado.
A las mujeres tampoco nos sirve que nos digan que nuestros agresores tendrán penas mayores si sabemos que las autoridades están completamente rebasadas, que minimizan nuestras denuncias, que no atienden con perspectiva feminista, que no hay políticas públicas preventivas eficientes, que nos van a intentar convencer de no denunciar, que las fiscalías están asfixiadas por el número de carpetas y no se dan abasto para levantar cuerpos mucho menos para solucionar casos y que las y los juzgadores desestimaran testimonios, nos revictimizaran y nuestros agresores saldrán libres o cumplirán sentencias mínimas.
Tenemos que avanzar en políticas públicas preventivas más que reactivas, debemos dejar de buscar todas las soluciones en el populismo punitivo, urge crear consciencia y dejar de normalizar la violencia machista. No hay una solución mágica contra los feminicidios, pero en definitiva elevar las penas no es suficiente.
Y si, no es sencillo pues éste es un tema estructural y así debe ser abordado, es un tema multifactorial donde debemos participar todas y todos. Debemos comenzar a cambiar desde el lenguaje, la forma en que nos referimos a otras mujeres, la forma en que los hombres se refieren a nosotras, el cómo los medios reportan información, se debe respetar a la mujer como sujeta de derechos y garantizarlos todos, incluidos aquellos que para muchos son pecado, pues el respeto a la mujer como ser humana es la base para combatir la violencia.
