El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) fue creado en el Ciclo Escolar 2007-2008. Fue una política pública que se convirtió en estandarte de dos administraciones federales y logró resultados de impacto comprobado en el aprendizaje, en la permanencia y en la consecución de trayectorias educativas completas en el sistema educativo nacional. Fue auditado e investigado de manera concienzuda y sistemática. Obran muchas evidencias al respecto en la literatura respectiva.
En el camino, como toda política pública, se encontraron múltiples áreas de oportunidad, ligadas con la falta de presupuestación, la limitación en su universo de impacto, la simulación y la metamórfica corrupción, especialmente expresada en el desvío de los recursos destinados para su operación. En la actual administración federal, en lugar de someterlo a un proceso de mejora continua y corregir lo justamente tachable, para dar paso a un eventual relanzamiento, se optó llanamente por desaparecerlo, sin crear sucedáneos, sustitutos o una versión mejorada de PETC. No fue una acción menor, toda vez que desprotegió a tres millones de estudiantes quienes, gracias al programa citado, gozaban de jornada escolar ampliada, así como de desayunos y comidas escolares, entre otros beneficios.
A pesar de la evidente violación a los derechos humanos de la infancia que cobijaba PETC, solamente fue bajo mandato judicial promovido por la sociedad civil organizada, específicamente Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, que sus componentes de jornada escolar ampliada y alimentación escolar se incluyeron en el programa denominado La Escuela Es Nuestra (LEEN) una acción gubernamental que está eminentemente orientada desde su origen a la autoconstrucción escolar, acompañada por un comité de padres de familia y trabajadores de la educación, denominado Comité Escolar de Administración Participativa, a quienes se les asigna un monto presupuestal para tales efectos. Efectos indeseados como el clientelismo, la simulación, la corrupción, el desvío de recursos y el uso electorero de LEEN fueron rápidamente documentados, tanto en Michoacán, como en otras entidades federativas.
A la fecha, se han asignado montos relativamente escasos, que oscilan entre los 100 y los 500 mil pesos por plantel, por ciclo escolar, para tener que cubrir las necesidades de infraestructura física educativa, el pago salarial de los trabajadores de la educación quienes se quedan horas adicionales a cubrir la jornada ampliada, así como para la alimentación escolar. El recurso es claramente insuficiente. Hoy, LEEN abona, pero no resuelve la problemática socioeducativa. Es necesaria una inyección mucho más decidida de recursos para los planteles escolares de la entidad federativa, así como una articulación de programas sociales para garantizar la transversalidad del impacto de la inversión pública realizada.
Más aún, las comunidades escolares no merecen tener esa clase de dilemas sobre las mesas de los Comités Escolares de Administración Participativa: pagarles a los maestros sus exiguos sesenta pesos por cada hora extra de clases impartida, dedicar los recursos a pagar los desayunos y comidas de los estudiantes y sus maestros o dedicar recursos para construir infraestructura física educativa bajo esquemas de autoconstrucción.
El fantasma de la simulación ronda respecto a la continuidad del extinto Programa de Escuelas de Tiempo Completo, bajo un supuesto seguimiento bajo el programa La Escuela Es Nuestra, porque no hay manera de que alcancen los recursos.
Más aún, la corrupción y el uso electorero continúan amenazando los derechos de las infancias y juventudes en formación, así como los de sus maestros y sus respectivas familias.
Es momento de intervenir crucialmente para reorganizar la política pública desde lo local para impedir que se violen los derechos de miles de michoacanos, así como prevenir se pervierta la finalidad noble y constitucional que subyace detrás de un programa de jornada ampliada y alimentación escolar.
Cuidar los detalles, poner a la niñez y juventud al centro, así como la armonía y debida gobernanza de las comunidades escolares resultará clave en este momento, que puede ser punto de inflexión si se acierta a conformar acciones compensatorias respecto a las decisiones federales para solucionar una parte sustantiva de la compleja problemática de la educación básica en la entidad. Michoacán ya se distinguió por ser uno de los 15 estados que arroparán LEEN, ahora resta dotar de integralidad y suficiencia presupuestal a las acciones desde lo local por el bien de las comunidades escolares. Que así sea.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles, *Doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y Director General de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
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