/ martes 6 de febrero de 2024

Ante el relevo de legisladores en el Congreso de la Unión ¿que hará la oposición?. y otros temas

El presidente López Obrador propuso una serie de reformas constitucionales que modificarían múltiples ámbitos de la vida del país.

Van desde modificaciones en las reglas del sistema político, la forma de designar a integrantes del Poder Judicial, cambios en materia de pensiones y salarios, una nueva reforma en materia energética, otras más para prohibir el maltrato animal o el consumo de fentanilo, y varias más.

Lo anterior implica que, para que se hagan efectivos, será necesario que Morena y sus aliados cuenten con las dos terceras partes del Congreso en ambas cámaras así como con 17 congresos locales.

Parece muy poco probable que para este conjunto de propuestas, Morena pueda alcanzar la mayoría calificada que requiere.

Aunque el PRI, el PAN e incluso la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, hayan mostrado respaldo a la reforma en materia de pensiones, se trata simplemente de una manera de eludir la narrativa de López Obrador, que pretendería responsabilizar a la oposición de que los jubilados mexicanos no puedan tener un mayor ingreso, lo que tendría un costo político para los opositores.

Se ha comentado ampliamente que se trata de un conjunto de iniciativas que será usado de manera fundamentalmente electoral.

Los candidatos de Morena, comenzando desde la aspirante a la presidencia hasta los que buscan puestos en las cámaras, plantearán que si la gente vota por ellos se harán realidad este conjunto de reformas.

La gran aspiración de López Obrador, su sueño dorado, es que como resultado de las elecciones del 2 de junio, Morena obtenga la mayoría calificada en las dos cámaras.

De esa manera, tras la instalación de la nueva legislatura el próximo 1 de septiembre, podrían ser aprobados estos proyectos, los cuales rápidamente transitarían por las legislaturas estatales y antes de que el 30 de septiembre López Obrador deje la Presidencia de la República, le gustaría dejar promulgadas este conjunto de propuestas.

La realidad es que esa aspiración parece muy remota.

De acuerdo con los datos de revientes encuestas, la intención de voto por los legisladores de Morena y sus aliados alcanza el 41 por ciento en términos brutos y el 48 por ciento si se excluyen los indefinidos.

Eventualmente, dependiendo de la distribución de los legisladores plurinominales, quizás Morena y sus aliados podrían aspirar a obtener la mayoría absoluta en las dos cámaras, lo que les permitiría aprobar reformas legales.

Sin embargo, parece muy distante en las condiciones actuales que alcancen la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

Ese hecho le da enorme relevancia a lo que pudiera suceder con el relevo del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte, al final del presente año.

Algunos visualizan que al no obtener la mayoría constitucional, Morena intentaría en el futuro darle la vuelta a las restricciones constitucionales, a través de modificaciones en las leyes secundarias.

Por otro lado, y hablando de Reformas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Es así que la mayoría de los ministros de la Corte, siete específicamente, desde el año 2022, cuando el asunto se llevó al pleno del máximo tribunal, consideraron que las reformas a la LIE aprobadas en el año 2021, eran violatorias de diversos artículos constitucionales. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría necesaria para declararlas inconstitucionales, pues hubiera requerido de 8 votos.

Las empresas continuaron promoviendo amparos que siguieron su curso hasta que en la semana que pasada encontraron su desenlace en la resolución de la Segunda Sala de la corte que declaró su inconstitucionalidad.

Sin embargo, en un Pleno en el cual Morena tuviese al menos cuatro ministros en la Corte que votaran a favor de las propuestas del partido en el gobierno, se podrían hacer reformas de facto a la Constitución mediante modificaciones en las leyes secundarias, pues no habría los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de dichas reformas.

Por esa razón, para la oposición va a resultar fundamental no solamente el que Morena no obtenga la mayoría calificada en las cámaras, sino que no logre la mayoría absoluta, es decir que se quede con menos del 50 por ciento de los asientos al menos en alguna de las cámaras.

Esa sería la única manera de asegurar que, aún con un cambio en la Corte en el que haya cuatro ministros proclives a respaldar las propuestas de Morena, no pudieran aprobar leyes que eventualmente le dieran la vuelta a las normas constitucionales que no pueden modificar.

Ese es el enorme reto que tiene la oposición.

Otro de los temas de esta columna lo es, que

tras semanas de negociaciones, el Senado de Estados Unidos publicó el domingo 4 de febrero un proyecto de ley bipartidista de ayuda militar y fronteriza que tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, mientras destina una parte de presupuesto en ayuda militar a países aliados.

La propuesta proporcionaría 60 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, 14 mil millones de dólares a Israel, 4 mil 800 millones a Taiwán, y 20 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza.

El proyecto debe ser aprobado por 60 votos en el Senado, pero tiene muy pocas posibilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes. Este lunes el liderazgo republicano de ese recinto rechazó el proyecto por no ser lo suficientemente duro y advirtió de que es una “pérdida de tiempo”, ya que el acuerdo “morirá al llegar a la Cámara”.

La primera votación de procedimiento sobre la legislación se celebrará el miércoles de esta semana.

Florida envía a mil soldados a Texas para ‘ayudar a detener la invasión’ de migrantes

El Partido Demócrata de Florida calificó de 'truco político' la operación de DeSantis, pero ¿De qué trata la iniciativa bipartidista que se votará esta semana en EU?

El plan pone fin a la práctica conocida como “detención y liberación”, bajo la cual los migrantes indocumentados que llegan a la frontera y se presentan a las autoridades pidiendo asilo, son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará autorizado a suspender los ingresos de migrantes en la frontera cuando la cifra diaria de detenciones supere el promedio de 4 mil en una semana.

Pero si la cifra supera el promedio diario de 5 mil ingresos durante una semana o el umbral de 8 mil 500 en un día, el DHS deberá aplicar la expulsión de migrantes.

Este permiso para que el gobierno federal expulse a los migrantes estará limitado a 270 días durante el primer año de vigencia del plan, 225 días en el segundo año, y 180 días en el tercero.

Una vez que el promedio de ingresos ilegales disminuya en un 75 por ciento, el DHS tendrá un plazo de dos semanas para suspender el uso de esa autorización de emergencia.

El plan también asigna 650 millones de dólares para la construcción o el mejoramiento de barreras físicas en la frontera, incrementa sustancialmente la capacidad para alojar migrantes detenidos y asigna 4 mil millones de dólares para la contratación de más personal dedicado al procesamiento de los pedidos de asilo.

Asimismo hace más estrictos los criterios para la aprobación del asilo para migrantes que alegan que huyen de persecución y amenazas por razones de raza, religión afiliación política o porque sean miembros de un grupo discriminado.

En el marco de la propuesta los migrantes deberán demostrar durante la entrevista inicial que tienen una posibilidad razonable de que se les conceda el asilo. Los críticos del plan sostienen que esto podría hacer más difícil que los solicitantes pasen el examen.

Los migrantes que tengan antecedentes criminales, que se hayan radicado en otro país o que tengan la posibilidad de sentirse seguros si se hubiesen asentado en otra parte de su país de origen, no podrán solicitar asilo en Estados Unidos.

El plan hace expedito el trámite de los pedidos de asilo, que ahora dura años, y lo constriñe a seis meses.

En el caso de los migrantes que sean detenidos después de haber cruzado la frontera por sitios que no sean los puertos de ingreso, serán procesados de manera expedita dentro de 10 a 15 días, y los que soliciten asilo quedarán detenidos a la espera de una audiencia inicial.

En el caso de los migrantes que sean aprobados en la audiencia inicial se les otorgará temporalmente un permiso de trabajo y quedarán dentro de un programa de supervisión hasta que se resuelva su pedido de asilo en un período de 90 días.

El plan limita la autoridad del Gobierno en el otorgamiento de amparos migratorios temporales humanitarios (parole en inglés). El presidente Biden ha usado esta autoridad para beneficio de ucranianos, afganos, cubanos, venezolanos y haitianos.

Por otra parte, asigna unos mil 400 millones de dólares para albergues y otros programas en ciudades y estados que han recibido migrantes en gran número, y autoriza 50 mil visas para inmigración relacionada con el empleo y la familia en cada uno de los próximos cinco años.

Finalmente y no menos importante en estos días han arrancado los semestres en todos los niveles de la UMSNH, por consiguiente se refuerzan más las acciones y con ello se acredita que la Dra. Yarabí Ávila Rectora de la Casa de Hidalgo demuestra que trabajo mata grilla, callando bocas de quienes la han querido adjetivizar.

Es importante decir que, no se encontraban detenidas las actividades, simplemente regresa al cien por ciento todo el alumnado.

Hay que recalcar que Facultades comandadas como la Derecho y su Director Dr. Sergio Carmelo Domínguez, Contabilidad, Medicina tan solo por mencionar son grandes y bien reconocidas en todos los estándares nacionales e internacionales.

Ante lo descrito, se distingue que la Universidad es y será Humanista por Siempre.

Con el anhelo de ser leído por ustedes, dejo hasta aquí mis líneas de análisis.


Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Maestro en Docencia en Ciencias Sociales por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) y Doctor en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán y la Universidad de Guanajuato. email: hugolex@yahoo.com.mx

El presidente López Obrador propuso una serie de reformas constitucionales que modificarían múltiples ámbitos de la vida del país.

Van desde modificaciones en las reglas del sistema político, la forma de designar a integrantes del Poder Judicial, cambios en materia de pensiones y salarios, una nueva reforma en materia energética, otras más para prohibir el maltrato animal o el consumo de fentanilo, y varias más.

Lo anterior implica que, para que se hagan efectivos, será necesario que Morena y sus aliados cuenten con las dos terceras partes del Congreso en ambas cámaras así como con 17 congresos locales.

Parece muy poco probable que para este conjunto de propuestas, Morena pueda alcanzar la mayoría calificada que requiere.

Aunque el PRI, el PAN e incluso la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, hayan mostrado respaldo a la reforma en materia de pensiones, se trata simplemente de una manera de eludir la narrativa de López Obrador, que pretendería responsabilizar a la oposición de que los jubilados mexicanos no puedan tener un mayor ingreso, lo que tendría un costo político para los opositores.

Se ha comentado ampliamente que se trata de un conjunto de iniciativas que será usado de manera fundamentalmente electoral.

Los candidatos de Morena, comenzando desde la aspirante a la presidencia hasta los que buscan puestos en las cámaras, plantearán que si la gente vota por ellos se harán realidad este conjunto de reformas.

La gran aspiración de López Obrador, su sueño dorado, es que como resultado de las elecciones del 2 de junio, Morena obtenga la mayoría calificada en las dos cámaras.

De esa manera, tras la instalación de la nueva legislatura el próximo 1 de septiembre, podrían ser aprobados estos proyectos, los cuales rápidamente transitarían por las legislaturas estatales y antes de que el 30 de septiembre López Obrador deje la Presidencia de la República, le gustaría dejar promulgadas este conjunto de propuestas.

La realidad es que esa aspiración parece muy remota.

De acuerdo con los datos de revientes encuestas, la intención de voto por los legisladores de Morena y sus aliados alcanza el 41 por ciento en términos brutos y el 48 por ciento si se excluyen los indefinidos.

Eventualmente, dependiendo de la distribución de los legisladores plurinominales, quizás Morena y sus aliados podrían aspirar a obtener la mayoría absoluta en las dos cámaras, lo que les permitiría aprobar reformas legales.

Sin embargo, parece muy distante en las condiciones actuales que alcancen la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

Ese hecho le da enorme relevancia a lo que pudiera suceder con el relevo del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte, al final del presente año.

Algunos visualizan que al no obtener la mayoría constitucional, Morena intentaría en el futuro darle la vuelta a las restricciones constitucionales, a través de modificaciones en las leyes secundarias.

Por otro lado, y hablando de Reformas la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Es así que la mayoría de los ministros de la Corte, siete específicamente, desde el año 2022, cuando el asunto se llevó al pleno del máximo tribunal, consideraron que las reformas a la LIE aprobadas en el año 2021, eran violatorias de diversos artículos constitucionales. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría necesaria para declararlas inconstitucionales, pues hubiera requerido de 8 votos.

Las empresas continuaron promoviendo amparos que siguieron su curso hasta que en la semana que pasada encontraron su desenlace en la resolución de la Segunda Sala de la corte que declaró su inconstitucionalidad.

Sin embargo, en un Pleno en el cual Morena tuviese al menos cuatro ministros en la Corte que votaran a favor de las propuestas del partido en el gobierno, se podrían hacer reformas de facto a la Constitución mediante modificaciones en las leyes secundarias, pues no habría los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de dichas reformas.

Por esa razón, para la oposición va a resultar fundamental no solamente el que Morena no obtenga la mayoría calificada en las cámaras, sino que no logre la mayoría absoluta, es decir que se quede con menos del 50 por ciento de los asientos al menos en alguna de las cámaras.

Esa sería la única manera de asegurar que, aún con un cambio en la Corte en el que haya cuatro ministros proclives a respaldar las propuestas de Morena, no pudieran aprobar leyes que eventualmente le dieran la vuelta a las normas constitucionales que no pueden modificar.

Ese es el enorme reto que tiene la oposición.

Otro de los temas de esta columna lo es, que

tras semanas de negociaciones, el Senado de Estados Unidos publicó el domingo 4 de febrero un proyecto de ley bipartidista de ayuda militar y fronteriza que tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, mientras destina una parte de presupuesto en ayuda militar a países aliados.

La propuesta proporcionaría 60 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, 14 mil millones de dólares a Israel, 4 mil 800 millones a Taiwán, y 20 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza.

El proyecto debe ser aprobado por 60 votos en el Senado, pero tiene muy pocas posibilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes. Este lunes el liderazgo republicano de ese recinto rechazó el proyecto por no ser lo suficientemente duro y advirtió de que es una “pérdida de tiempo”, ya que el acuerdo “morirá al llegar a la Cámara”.

La primera votación de procedimiento sobre la legislación se celebrará el miércoles de esta semana.

Florida envía a mil soldados a Texas para ‘ayudar a detener la invasión’ de migrantes

El Partido Demócrata de Florida calificó de 'truco político' la operación de DeSantis, pero ¿De qué trata la iniciativa bipartidista que se votará esta semana en EU?

El plan pone fin a la práctica conocida como “detención y liberación”, bajo la cual los migrantes indocumentados que llegan a la frontera y se presentan a las autoridades pidiendo asilo, son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará autorizado a suspender los ingresos de migrantes en la frontera cuando la cifra diaria de detenciones supere el promedio de 4 mil en una semana.

Pero si la cifra supera el promedio diario de 5 mil ingresos durante una semana o el umbral de 8 mil 500 en un día, el DHS deberá aplicar la expulsión de migrantes.

Este permiso para que el gobierno federal expulse a los migrantes estará limitado a 270 días durante el primer año de vigencia del plan, 225 días en el segundo año, y 180 días en el tercero.

Una vez que el promedio de ingresos ilegales disminuya en un 75 por ciento, el DHS tendrá un plazo de dos semanas para suspender el uso de esa autorización de emergencia.

El plan también asigna 650 millones de dólares para la construcción o el mejoramiento de barreras físicas en la frontera, incrementa sustancialmente la capacidad para alojar migrantes detenidos y asigna 4 mil millones de dólares para la contratación de más personal dedicado al procesamiento de los pedidos de asilo.

Asimismo hace más estrictos los criterios para la aprobación del asilo para migrantes que alegan que huyen de persecución y amenazas por razones de raza, religión afiliación política o porque sean miembros de un grupo discriminado.

En el marco de la propuesta los migrantes deberán demostrar durante la entrevista inicial que tienen una posibilidad razonable de que se les conceda el asilo. Los críticos del plan sostienen que esto podría hacer más difícil que los solicitantes pasen el examen.

Los migrantes que tengan antecedentes criminales, que se hayan radicado en otro país o que tengan la posibilidad de sentirse seguros si se hubiesen asentado en otra parte de su país de origen, no podrán solicitar asilo en Estados Unidos.

El plan hace expedito el trámite de los pedidos de asilo, que ahora dura años, y lo constriñe a seis meses.

En el caso de los migrantes que sean detenidos después de haber cruzado la frontera por sitios que no sean los puertos de ingreso, serán procesados de manera expedita dentro de 10 a 15 días, y los que soliciten asilo quedarán detenidos a la espera de una audiencia inicial.

En el caso de los migrantes que sean aprobados en la audiencia inicial se les otorgará temporalmente un permiso de trabajo y quedarán dentro de un programa de supervisión hasta que se resuelva su pedido de asilo en un período de 90 días.

El plan limita la autoridad del Gobierno en el otorgamiento de amparos migratorios temporales humanitarios (parole en inglés). El presidente Biden ha usado esta autoridad para beneficio de ucranianos, afganos, cubanos, venezolanos y haitianos.

Por otra parte, asigna unos mil 400 millones de dólares para albergues y otros programas en ciudades y estados que han recibido migrantes en gran número, y autoriza 50 mil visas para inmigración relacionada con el empleo y la familia en cada uno de los próximos cinco años.

Finalmente y no menos importante en estos días han arrancado los semestres en todos los niveles de la UMSNH, por consiguiente se refuerzan más las acciones y con ello se acredita que la Dra. Yarabí Ávila Rectora de la Casa de Hidalgo demuestra que trabajo mata grilla, callando bocas de quienes la han querido adjetivizar.

Es importante decir que, no se encontraban detenidas las actividades, simplemente regresa al cien por ciento todo el alumnado.

Hay que recalcar que Facultades comandadas como la Derecho y su Director Dr. Sergio Carmelo Domínguez, Contabilidad, Medicina tan solo por mencionar son grandes y bien reconocidas en todos los estándares nacionales e internacionales.

Ante lo descrito, se distingue que la Universidad es y será Humanista por Siempre.

Con el anhelo de ser leído por ustedes, dejo hasta aquí mis líneas de análisis.


Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Maestro en Docencia en Ciencias Sociales por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) y Doctor en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán y la Universidad de Guanajuato. email: hugolex@yahoo.com.mx