/ lunes 29 de noviembre de 2021

Arantepacua, después del túnel

Michoacán ha sido un referente, en los últimos años, para entender el movimiento moderno de los pueblos y comunidades indígenas. Desde la lucha de las comunidades por administrar de forma directa los recursos económicos, hasta la lucha por su autonomía.

Sin embargo, la lucha por esos objetivos ha tenido momentos y figuras públicas que no han ayudado a lograrlos. El anterior gobierno del estado marcó claramente su distancia frente a los movimientos de los pueblos originarios, no solamente para no apoyarlos, sino en acciones que irrumpieron en la tranquilidad de diversas comunidades.

No fueran escasos los pueblos indígenas afectados por la falta de intervención gubernamental, aunque otras, vivieron situaciones de mayor complejidad. El caso más emblemático es el de Arantepacua, comunidad en la que hace 5 años se vivió una atrabancada y funesta irrupción policiaca que marcó al propio gobierno.

Ello provocó que instancias federales, en particular la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitiera una recomendación en contra del Ejecutivo del Estado para que se repararan los daños frente a las víctimas y a la comunidad en general.

La recomendación comprobó que el anterior gobierno violentó derechos humanos de la comunidad y provocó una descomposición social en dicha comunidad. Y hasta el momento, los avances para cumplir con la recomendación han sido mínimos, consecuente con la postura señalada.

Empero, el cambio de titulares en el ejecutivo estatal podría ser un factor determinante para cambiar las formas y visiones frente a la recomendación de la CNDH. Más cuando el actual deja clara que una de sus preocupaciones son los pueblos y comunidades indígenas.

Esa situación, podría situar las condiciones necesarias para cumplir al pie de la letra todas y cada una de las recomendaciones de la instancia federal de derechos humanos y con ello sancionar a los culpables directos e indirectos de esa irrupción policiaca en Arantepacua.

Pero aún más, más allá de lo que realice el ejecutivo para el cumplimiento de su obligación frente a la recomendación, será importante ver como actúa la comunidad y las víctimas. Por todo ello, el siguiente año podrá ser en que esté más que esclarecido ese caso.

Y en ello resolver una gran parte de los hechos violentos acaecidos en la comunidad, y con lo cual se podrá iniciar la reparación de los daños y el cumplimiento de las obligaciones, pero también podrá ser el año en el que los responsables puedan cumplir con las sanciones que se deban de imponer.

Cantera

Hay dos morenistas que no deberían hablar de los gobiernos perredistas, la líder estatal y el diputado federal de MORENA en Michoacán, Giulianna Bugarino y Leonel Godoy, respectivamente; no hay autoridad moral, la primera porque fue funcionaria y parte activa de las presuntas irregularidades que corifea, y el segundo porque cuando fue gobernador permitió excesos y derroches. En ambos casos los ejemplos salen sobrando.

Canterita

Los llamados foros de consulta ciudadana para un plan de desarrollo michoacano, que sea realizan por regiones con temáticas particulares, no han estado a las alturas de las expectativas, pero, bueno, eso es lo de menos.

Goteo

Pésimo jugada y aún más desastrosa estrategia mediática del gobierno michoacano para situar el caso del reemplacamiento vehicular en el imaginario social, y si eso no fuera poco falta el estúpido argumento que la propuesta es solo un derecho ineludible, lo cual casi nadie duda, pero de eso a que sea también con objetivos recaudatorios…

Michoacán ha sido un referente, en los últimos años, para entender el movimiento moderno de los pueblos y comunidades indígenas. Desde la lucha de las comunidades por administrar de forma directa los recursos económicos, hasta la lucha por su autonomía.

Sin embargo, la lucha por esos objetivos ha tenido momentos y figuras públicas que no han ayudado a lograrlos. El anterior gobierno del estado marcó claramente su distancia frente a los movimientos de los pueblos originarios, no solamente para no apoyarlos, sino en acciones que irrumpieron en la tranquilidad de diversas comunidades.

No fueran escasos los pueblos indígenas afectados por la falta de intervención gubernamental, aunque otras, vivieron situaciones de mayor complejidad. El caso más emblemático es el de Arantepacua, comunidad en la que hace 5 años se vivió una atrabancada y funesta irrupción policiaca que marcó al propio gobierno.

Ello provocó que instancias federales, en particular la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitiera una recomendación en contra del Ejecutivo del Estado para que se repararan los daños frente a las víctimas y a la comunidad en general.

La recomendación comprobó que el anterior gobierno violentó derechos humanos de la comunidad y provocó una descomposición social en dicha comunidad. Y hasta el momento, los avances para cumplir con la recomendación han sido mínimos, consecuente con la postura señalada.

Empero, el cambio de titulares en el ejecutivo estatal podría ser un factor determinante para cambiar las formas y visiones frente a la recomendación de la CNDH. Más cuando el actual deja clara que una de sus preocupaciones son los pueblos y comunidades indígenas.

Esa situación, podría situar las condiciones necesarias para cumplir al pie de la letra todas y cada una de las recomendaciones de la instancia federal de derechos humanos y con ello sancionar a los culpables directos e indirectos de esa irrupción policiaca en Arantepacua.

Pero aún más, más allá de lo que realice el ejecutivo para el cumplimiento de su obligación frente a la recomendación, será importante ver como actúa la comunidad y las víctimas. Por todo ello, el siguiente año podrá ser en que esté más que esclarecido ese caso.

Y en ello resolver una gran parte de los hechos violentos acaecidos en la comunidad, y con lo cual se podrá iniciar la reparación de los daños y el cumplimiento de las obligaciones, pero también podrá ser el año en el que los responsables puedan cumplir con las sanciones que se deban de imponer.

Cantera

Hay dos morenistas que no deberían hablar de los gobiernos perredistas, la líder estatal y el diputado federal de MORENA en Michoacán, Giulianna Bugarino y Leonel Godoy, respectivamente; no hay autoridad moral, la primera porque fue funcionaria y parte activa de las presuntas irregularidades que corifea, y el segundo porque cuando fue gobernador permitió excesos y derroches. En ambos casos los ejemplos salen sobrando.

Canterita

Los llamados foros de consulta ciudadana para un plan de desarrollo michoacano, que sea realizan por regiones con temáticas particulares, no han estado a las alturas de las expectativas, pero, bueno, eso es lo de menos.

Goteo

Pésimo jugada y aún más desastrosa estrategia mediática del gobierno michoacano para situar el caso del reemplacamiento vehicular en el imaginario social, y si eso no fuera poco falta el estúpido argumento que la propuesta es solo un derecho ineludible, lo cual casi nadie duda, pero de eso a que sea también con objetivos recaudatorios…

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