Defender al INE

Desde su creación en 1990, el Instituto Federal Electoral -y su transformación en Instituto Nacional Electoral en 2014- nunca habían enfrentado un ataque tan duro y frontal por parte de uno de los Poderes del Estado que pone en duda sus principios rectores: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia. Desacreditar al órgano responsable por mandato Constitucional de organizar las elecciones debilita las instituciones y la democracia en México.

La decisión del Consejo General del INE de cancelar el derecho de obtener sus registros a Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio como candidatos a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero, respectivamente –y de decenas de aspirantes- fue asumida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y por los dirigentes y aspirantes de Morena como un “atentado contra la democracia” y como un “complot” para que su partido no obtenga la mayoría en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Y ante la serie de descalificaciones y ataques del jefe del Ejecutivo federal, se registró una andanada de críticas contra el órgano electoral por parte de dirigentes y aspirantes de Morena que no vacilaron en tacharlo de parcial y de buscar “bajar a la mala más de 60 candidatos”. Un ataque de esta magnitud no ocurría desde 2007, cuando derivó en la renuncia del Consejero Presidente, Luis Carlos Ugalde.

Estas acusaciones se vierten a menos de una semana de haber firmado el Acuerdo Nacional por la Democracia que tiene como premisa central “no intervenir en el proceso electoral” para garantizar la equidad e imparcialidad en la contienda. Pero inmediatamente después de la decisión del INE, Andrés Manuel López Obrador decidió romper el pacto: “Cómo voy a quedarme callado como presidente. Es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático”.

Hace siete meses, el Presidente celebraba la decisión del INE de negarle el registro a México Libre, organización creada por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Sobre el fallo decía que "es un triunfo de México" pues "las cosas ya cambiaron y ya son otros tiempos" e incluso recomendaba al exmandatario recurrir a tribunales internacionales si la decisión le molestaba: "Si no hay justicia en México, que vaya al extranjero, a Washington, ahí está la OEA (…)”.

A pesar de que el INE tomó su decisión con base en argumentos jurídicos, que pueden ser recurridos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de un recurso de apelación, Raúl Morón Orozco prefirió la descalificación política. Primero argumentando que fue excesiva y extralimitada y después incluso descalificando la imparcialidad de un consejero por sus lazos familiares.

El alcalde moreliano con licencia perdió la oportunidad de mostrarse como un hombre de Estado, respetuoso de la legalidad y las instituciones; firme con su determinación de defender lo que él considera una injusticia pero ecuánime en sus críticas a una de las instituciones que ha costado décadas y miles de millones de pesos construir.

Quienes hoy se encuentran en el poder, deben entender que criticar los excesos y gazapos de Morena no significa defender o avalar los gobiernos del PRI, PAN o PRD, que sumieron al país y al estado en la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia y la inseguridad; Por el contrario, advertir sobre el riesgo que significa imponer una voluntad por encima de la ley y las instituciones pone en riesgo a la democracia misma.

Existen muchos elementos jurídicos para que el Tribunal Electoral rectifique la decisión del INE y le permita contender a Raúl Morón en Michoacán. Pero ambas decisiones, aunque puedan diferir, estarán sustentadas en la interpretación de la ley. Y, para cuando eso suceda, el Profesor habrá perdido la oportunidad de trascender como un hombre de Estado.

Benito Juárez, el prócer consentido del sexenio, lo explicaba así: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes.”.