A partir del 1 de octubre, Michoacán cuenta nuevamente con un gobernador emanado de la “izquierda”, de una izquierda que se dice distinta al PRD, pero que cuenta en sus filas a exgobernadores, exdiputados locales y federales, exdirigentes y exfuncionarios perredistas que integrarán ahora la nueva administración. Se van unos y llegan otros, permanecen unos y regresan otros.
Por ello existe la expectativa de quiénes serán las y los nuevos funcionarios que conformarán el nuevo gobierno. Muchos trabajaron en esas administraciones que dejaron a Michoacán en la ruina financiera pero ahora forman parte de las filas de Morena.
Había expectativa también sobre lo que diría el nuevo gobernador sobre dos temas: Silvano Aureoles y el gravísimo problema de seguridad que padece hoy Michoacán. Ramírez Bedolla no empleó ni una sola palabra para referirse al narcotráfico ni al crimen organizado o a los problemas que enfrentan miles de familias en diversas regiones de la entidad.
Habló de armonía y reconciliación y retomó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener como principios orientadores “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” y de buscar, con ayuda de la sociedad, la paz y la fraternidad.
Tampoco se refirió por su nombre a Silvano Aureoles, aunque le envió un mensaje: “Los que han quedado en la ruina moral son los que se van, a ellos que los juzgue la historia y los llamen a cuentas las instituciones de justicia si en sus acciones existen responsabilidades sobre el quebranto de nuestro estado”.
La falta total de mención de estos problemas y personajes ha despertado preocupación en algunos sectores porque, como dijera George Steiner, “lo que no se nombra no existe” y si no existe no hay nada que atender; sin embargo, invisibilizarlos no genera confianza.
Sí hubo injerencia
Los argumentos expuestos por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no deben quedar en el olvido ni ser menospreciados porque representan un claro ejemplo del problema de inseguridad que padece Michoacán. Si bien es cierto que solo fue posible acreditar la injerencia de grupos criminales en cuatro municipios –que representan 3 por ciento de la votación total-, es una muestra de la presencia y el interés que tienen por intervenir abiertamente en actividades políticas.
Hasta el momento no ha habido ninguna postura respecto a lo que ocurrió en el 50% de los municipios que integran el Distrito XXII -Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho- en donde se acreditó la injerencia de grupos criminales a favor de Morena. El magistrado Indalfer Infante lo expuso así: “Se llega a la conclusión de que si bien existen elementos para identificar un contexto de presencia del crimen organizado en Michoacán, no se acredita una situación generalizada alegada por los promoventes, lo anterior es así, porque no basta con manifestar que terminados actos se basan en violencia electoral para determinar de manera automática su alcance generalizado”.
No hubo y quizá no haya ninguna explicación por parte de los órganos electorales locales –IEM y TEEM- ni del gobierno estatal –no en su faceta de defensor del candidato perdedor, sino como cabeza de la Mesa de Seguridad- pero algo grave ocurrió en una región de Michoacán.
SSP al rojo vivo
Una de las dependencias convertidas en una olla de presión es la Secretaría de Seguridad Pública. Con el cambio de gobierno han salido a relucir múltiples demandas y preocupaciones de elementos de la corporación consternados porque las nuevas autoridades mantengan a los funcionarios que arribaron a Michoacán con Alfredo Castillo y sostenidos durante toda la administración de Silvano Aureoles. Piden a Alfredo Ramírez Bedolla que cumpla su palabra de depurar la institución y preferir a michoacanos para dichos cargos. Por ello llamó la atención la designación de Eloim Díaz Jiménez como nuevo subsecretario de Operación Política, quien se desempeñaba como subsecretario de Información, Inteligencia y Política Criminal en la administración silvanista.
Piden también que se revise con detalle el trabajo de Lorena García Peña y el número de empleados y sus asignaciones, entrega de bases recientes y sobe todo se regularicen las compensaciones y se cumpla con el pago de los seguros de vida a las familias de los elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.
También ha trascendido la preocupación por la supuesta llegada de Eduardo Bailleres, quien fuera el director del penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, durante la fuga de 55 reos el 17 de octubre de 2019, durante el llamado “Culiacanazo” o la infructuosa detención del hijo del Chapo Guzmán por parte de las fuerzas federales.
