Desde hace muchos años el Poder Legislativo de Michoacán ha mostrado un desdén preocupante por las instituciones, principalmente las catalogadas como “autónomas” o “ciudadanizadas”, encargadas de la promoción, vigilancia y protección de derechos humanos.
Las y los legisladores michoacanos no solo han desvirtuado la esencia de estos órganos autónomos, que se han repartido de forma descarada entre los grupos parlamentarios, sino que los han menospreciado a grado tal que sus omisiones y acciones violan diversas disposiciones legales.
Desde hace meses está pendiente la elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se mantiene acéfala desde que concluyó el periodo de Víctor Manuel Serrato hace medio año. La falta de acuerdos internos ocasionó que el proceso se detuviera sin explicación alguna, dejando la institución en manos de un encargado de despacho, quien se encuentra limitado para ejercer presupuesto, hacer designaciones o representar legalmente a la CEDH.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo (art. 96, primer párrafo) señala que La protección y defensa de los Derechos Humanos es una función estatal que se realiza a través de un organismo constitucional autónomo, tanto presupuestal y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán es clara en este asunto: “Cuando el Consejo declare la ausencia definitiva del Presidente de la Comisión –que en este caso se efectuó desde diciembre de 2019-, quedará como encargado del despacho el titular de la Secretaría Ejecutiva, en tanto se designa al nuevo titular conforme al presente Ordenamiento, en un plazo no mayor de treinta días se designará el procedimiento de designación” (art.26).
Eso no les ha importado a las y los legisladores michoacanos que han antepuesto sus intereses político partidista al bienestar de la población a la que han mantenido aislada de sus discusiones y decisiones a pesar de que en el citado artículo constitucional se establezca que “La elección del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá cumplir con el principio de máxima transparencia, en los términos y condiciones que determine la Ley”.
Y hay que ser claros: no fue por desinterés ciudadano o ausencia de perfiles adecuados para ocupar el cargo, ya que una parte sustancial de las y los aspirantes cuentan con la experiencia profesional y calidad moral para desempeñarse al frente del organismo, incluso quienes ya fueron o deben ser descartados como la actual presidente del CPC, Elvia Higuera o Marco Tinoco. Ahora en la conformación de la nueva terna –este aspecto es fundamental para darle credibilidad al proceso caben perfiles de abogados como Marco Antonio Tortajada, Gerardo Herrera y Guillermo Arteaga.
De igual forma, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) se encuentra, desde hace meses, con solo dos comisionadas, luego de la salida de Daniel Chávez, lo cual vulnera profundamente el espíritu de un órgano colegiado ya que, como lo establece el art. 108 de la Ley, en caso de empate, el/la Presidente tiene voto de calidad.
Estos casos muestran el desinterés de las y los legisladores por respetar la ley y fortalecer las instituciones autónomas que han sido creadas precisamente para convertirse en un contrapeso del poder político. No es casualidad que tanto legisladores como partidos políticos se ubiquen siempre en los últimos lugares de confianza ciudadana.
