/ lunes 20 de junio de 2022

¿Desarme “voluntario” en Michoacán?

El gobierno estatal lanzó una sutil amenaza a todas las personas y grupos civiles que posean armas: entregarlas de forma “voluntaria” o guardarlas para evitar problemas legales. Sin embargo, esta propuesta ni es nueva ni es funcional en un estado como Michoacán que padece severos problemas de inseguridad generados principalmente por la presencia de numerosos grupos criminales; entonces ¿por qué habría de funcionar ahora?

En 2014, cuando la inseguridad en Michoacán estaba fuera de control por el dominio duro y abierto que mantenía una organización criminal, el Gobierno de la República creó una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que comenzó negociando con los llamados grupos de autodefensa –creados en febrero de 2013 en la región de Tierra Caliente, ante la impunidad con que operaban los grupos criminales- y terminó “desarmándolos” cuando ya no le fueron útiles. En aquel entonces, el enviado presidencial, Alfredo Castillo, impuso como fecha límite para la entrega de armas el 10 de mayo de ese año. Después de ese día serían considerados delincuentes y tratados así, tal como lo confirmó en su momento José Manuel Mireles, uno de los emblemáticos líderes sociales de Tierra Caliente, detenido semanas después, el 30 de junio, cuando se dirigía con su grupo a la ciudad de Morelia.

Michoacán, como otros estados de la República, enfrenta un serio problema de inseguridad, agravado por el número de armas que circulan en todo el territorio, prácticamente sin control. Este tráfico ilegal de armas, proveniente mayoritariamente de Estados Unidos, ha fortalecido a los grupos criminales que ahora cuentan con mayor y mejor armamento que las corporaciones policiales municipales, las que sin el respaldo de los gobiernos, estatal y federal, estarían sin problema bajo su control.

Se desconoce con certeza, por obvias razones, cuántas armas existen en Michoacán pero las estimaciones realizadas por diversas instituciones muestran que cada vez los grupos criminales cuentan con armamento más sofisticado y poderoso, como los fusiles Barret .50, capaces de perforar blindajes de tanques de guerra y derribar aeronaves, además de múltiples tipos de explosivos que son empleados ahora por medio de drones.

A finales de la pasada administración federal se estimaba que llegaban a México, de forma ilegal, alrededor de 200 mil armas pero el presidente Andrés Manuel López Obrador calculó que el número real ronda el medio millón. Sin importar las incautaciones realizadas por las fuerzas federales, el número de armas ilegales podría superar los 13 millones de piezas en total, colocando a México como el quinto país en el mundo con más armas sin registrar, de acuerdo con la información proporcionada por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en abril de 2022.

Con base en el reporte elaborado por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, en las últimas tres décadas, han sido aseguradas más de 210 mil armas, siendo Michoacán una de las entidades con mayor número de incautaciones, sin que esto haya impactado en una mejora de la seguridad pública o disminuido el poder de fuego de las organizaciones criminales.

Por ello resulta curioso el anuncio del proceso de desarme “voluntario” anunciado por el gobierno de Michoacán a partir de este mes. Esta medida, que en teoría forma parte de una estrategia “integral” para erradicar la violencia en el estado, está orientada principalmente al desarme de los incipientes grupos de “autodefensa” surgidos hace algunos meses en diversas regiones de la entidad.

La pregunta obligada, después de observar las masacres y enfrentamientos registrados en todas las regiones del estado, es si las comunidades y ciudadanía en general se sienten seguros y confían en las autoridades para entregarles la única forma de defensa y contención que tienen contra los grupos criminales. Después de todo, no existe ningún argumento para afirmar que la delincuencia está bajo control.

Sería interesante conocer cuántas de las más de mil armas que entregó el excomisionado Alfredo Castillo a los grupos de seguridad rurales creados durante su periodo, principalmente nueve milímetros y rifles AR 15, andan circulando por ahí sin ningún control. Todavía hasta hace unos meses, se desconocía el paradero de cientos de ellas.

El gobierno estatal lanzó una sutil amenaza a todas las personas y grupos civiles que posean armas: entregarlas de forma “voluntaria” o guardarlas para evitar problemas legales. Sin embargo, esta propuesta ni es nueva ni es funcional en un estado como Michoacán que padece severos problemas de inseguridad generados principalmente por la presencia de numerosos grupos criminales; entonces ¿por qué habría de funcionar ahora?

En 2014, cuando la inseguridad en Michoacán estaba fuera de control por el dominio duro y abierto que mantenía una organización criminal, el Gobierno de la República creó una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que comenzó negociando con los llamados grupos de autodefensa –creados en febrero de 2013 en la región de Tierra Caliente, ante la impunidad con que operaban los grupos criminales- y terminó “desarmándolos” cuando ya no le fueron útiles. En aquel entonces, el enviado presidencial, Alfredo Castillo, impuso como fecha límite para la entrega de armas el 10 de mayo de ese año. Después de ese día serían considerados delincuentes y tratados así, tal como lo confirmó en su momento José Manuel Mireles, uno de los emblemáticos líderes sociales de Tierra Caliente, detenido semanas después, el 30 de junio, cuando se dirigía con su grupo a la ciudad de Morelia.

Michoacán, como otros estados de la República, enfrenta un serio problema de inseguridad, agravado por el número de armas que circulan en todo el territorio, prácticamente sin control. Este tráfico ilegal de armas, proveniente mayoritariamente de Estados Unidos, ha fortalecido a los grupos criminales que ahora cuentan con mayor y mejor armamento que las corporaciones policiales municipales, las que sin el respaldo de los gobiernos, estatal y federal, estarían sin problema bajo su control.

Se desconoce con certeza, por obvias razones, cuántas armas existen en Michoacán pero las estimaciones realizadas por diversas instituciones muestran que cada vez los grupos criminales cuentan con armamento más sofisticado y poderoso, como los fusiles Barret .50, capaces de perforar blindajes de tanques de guerra y derribar aeronaves, además de múltiples tipos de explosivos que son empleados ahora por medio de drones.

A finales de la pasada administración federal se estimaba que llegaban a México, de forma ilegal, alrededor de 200 mil armas pero el presidente Andrés Manuel López Obrador calculó que el número real ronda el medio millón. Sin importar las incautaciones realizadas por las fuerzas federales, el número de armas ilegales podría superar los 13 millones de piezas en total, colocando a México como el quinto país en el mundo con más armas sin registrar, de acuerdo con la información proporcionada por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en abril de 2022.

Con base en el reporte elaborado por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, en las últimas tres décadas, han sido aseguradas más de 210 mil armas, siendo Michoacán una de las entidades con mayor número de incautaciones, sin que esto haya impactado en una mejora de la seguridad pública o disminuido el poder de fuego de las organizaciones criminales.

Por ello resulta curioso el anuncio del proceso de desarme “voluntario” anunciado por el gobierno de Michoacán a partir de este mes. Esta medida, que en teoría forma parte de una estrategia “integral” para erradicar la violencia en el estado, está orientada principalmente al desarme de los incipientes grupos de “autodefensa” surgidos hace algunos meses en diversas regiones de la entidad.

La pregunta obligada, después de observar las masacres y enfrentamientos registrados en todas las regiones del estado, es si las comunidades y ciudadanía en general se sienten seguros y confían en las autoridades para entregarles la única forma de defensa y contención que tienen contra los grupos criminales. Después de todo, no existe ningún argumento para afirmar que la delincuencia está bajo control.

Sería interesante conocer cuántas de las más de mil armas que entregó el excomisionado Alfredo Castillo a los grupos de seguridad rurales creados durante su periodo, principalmente nueve milímetros y rifles AR 15, andan circulando por ahí sin ningún control. Todavía hasta hace unos meses, se desconocía el paradero de cientos de ellas.