Desde el 5 abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que el Gobierno de la República se haría cargo de la nómina magisterial “como funciona en la Ciudad de México”. Durante la visita que realizó a la entidad para la presentación de las Universidades Benito Juárez, el mandatario federal dijo que “el sistema educativo (de Michoacán) se federaliza y nosotros nos hacemos cargo”.
Han transcurrido 40 meses desde que López Obrador hizo el compromiso ante el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo y hasta el momento no ha cumplido. Lo reiteraron en diversas ocasiones: en enero de 2020, los entonces titulares de la SEP y SHyCP; en marzo de 2021, la titular de la SEP, Delfina Gómez y nuevamente lo machacó el Presidente durante su primera reunión con el nuevo mandatario morenista, Alfredo Ramírez Bedolla en octubre del año pasado: “Hemos convenido con Alfredo que se va a tener una sola nómina y que se va a federalizar el pago de los maestros michoacanos. Ya no se va a enviar el dinero, ya no va a haber intermediarios, se les va a entregar de forma directa el salario a los profesores”.
Hace unos días, Ramírez Bedolla se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López para dar seguimiento a la promesa presidencial de federalizar la nómina magisterial; sin embargo, no habrá “una sola nómina” como se había comprometido el Presidente, sino solamente un cambio en la fórmula de pagos, tal como se había acordado desde el 23 de enero de 2020: 65.4% la federación y 34.5% el estado.
Ya había quedado claro desde el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al responder en enero de 2022 a la controversia constitucional interpuesta por la administración de Silvano Aureoles para obligar al Gobierno de la República a absorber la responsabilidad de pagar al magisterio estatal, que las entidades federativas no pueden “transferir sus obligaciones administrativas, operativas, presupuestarias y laborales en el ámbito educativo”.
Pese a ello, persistió el compromiso del Gobierno de la República, de federalizar la totalidad de la nómina magisterial, lo cual no ha ocurrido ni ocurrirá tal como lo anunciaron el gobernador Alfredo Ramírez y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Habrá que esperar para saber si Aureoles Conejo tenía razón cuando declaró ese 23 de enero de 2020 que el acuerdo signado con el Gobierno de la República era insuficiente para cumplir con los compromisos con el magisterio michoacano y se requería, cuando menos, el 80 por ciento de recursos federales.
Mientras tanto, los gobiernos federal y estatal, están como la fábula de Esopo: El pastor mentiroso.
Morena
Quizá como ningún otro partido en México, Morena se ha caracterizado, desde su fundación, como una institución totalmente desorganizada, desarticulada, desapartada de la normatividad, incluso de sus propios estatutos. Se ha convertido en muy poco tiempo, en uno de los partidos más sancionados y señalados del país, tanto por la autoridad electoral como por sus propios militantes y simpatizantes producto de imposiciones, ocurrencias y liderazgos artificiales.
Los triunfos obtenidos por Morena se deben única y exclusivamente al arrastre de Andrés Manuel López Obrador y no al trabajo de sus dirigencias o al carisma de sus candidatos. Morena, pese a ellos mismos pero gracias al Presidente, se ha convertido en el partido más votado y con mayor representación del país. Además, se mantiene al frente de las preferencias electorales para el 2024 sin importar quien sea su abanderado.
Sin embargo, el posicionamiento político-electoral de Morena no debe opacar los innumerables dislates cometidos por sus dirigentes, tanto en la selección de sus candidatos como ahora en su proceso interno. En poco tiempo, no solo ha logrado desacreditar sus propios métodos de selección sino que ha recurrido a la “caída del sistema” para acomodar las listas de aspirantes al Consejo Nacional.
Luego de dos años de dirigencias provisionales, Morena se enfrenta a sí misma, a sus propias triquiñuelas y desvaríos, que han sido señalados por sus propios militantes. Las palabras “fraude” y “corrupción” son una constante en los procesos internos del partido que representa, en el papel, la lucha por la transparencia y la honestidad. La exigencia de recuperar la legalidad interna, si alguna vez la tuvieron, proviene de sus propios integrantes que ven con preocupación el rumbo que ha tomado el partido.
