Una de las principales promesas de Silvano Aureoles Conejo cuando rindió protesta como gobernador de Michoacán, en octubre de 2105, fue mejorar la seguridad de las mujeres: “Es indignante saber que del 2006 al 2014 se registraron 719 asesinatos a mujeres en Michoacán” pero hoy, en tan solo cinco años, suman más de 800 homicidios y feminicidios durante su administración.
Es claro que las políticas públicas implementadas durante el gobierno Silvanista no han rendido los frutos esperados y lamentablemente los feminicidios y homicidios de mujeres fueron incrementándose cada año hasta alcanzar este primer semestre de 2020 un aumento del 65% con relación al mismo periodo del 2019. Las protestas ciudadanas por el asesinato de Jessica González fueron una pequeña muestra del hartazgo social por la tremenda inseguridad en que viven las mujeres en Michoacán.
Ante las protestas sociales por el caso referido, el Gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado optaron por una respuesta política: discursos, mensajes en redes sociales y la publicación por primera ocasión de una recompensa de un millón de pesos para localizar al presunto feminicida de la joven michoacana. La pregunta que circuló en redes sociales fue: ¿por qué en los otros casos no se mostró el mismo interés, como, por ejemplo, en el de la estudiante nicolaita Nilda Rosario Francisco de la Cruz, a pesar de todas las peticiones de familiares, amigos e incluso de autoridades universitarias?
Es urgente revisar y mejorar o cambiar los programas de atención para erradicar la violencia contra las mujeres en Michoacán. Han sido muchas las voces de especialistas y activistas que expresan su preocupación porque el conjunto de acciones implementadas en la entidad han tenido poco o nulo impacto para revertir las cifras de agresiones contra las mujeres como la Alerta de Género declarada en 14 municipios desde 2016.
Los proyectos denominados “Ciudad Mujer”, planteados desde el inicio de la administración, no han logrado concretarse: el ubicado en Huetamo, a cargo de la Federación, será convertido en cuartel de la Guardia Nacional y el impulsado por el gobierno estatal, asentado en Múgica, lleva casi cuatro años en proceso de constricción y el impacto que pueda tener para revertir las cifras de violencia será una incógnita.
Sin duda, muchas de las acciones emprendidas en la actual administración, como la creación de las Unidades Especializadas para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres y para el Combate del Feminicidio, el respaldo para la creación de la llamada Ley Olimpia que castiga la violencia digital, la atención jurídica y psicológica brindada a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, las capacitaciones en materia de diversidad sexual y prevención de la violencia o los programas crediticios son importantes, pero no han logrado revertir las cifras de violencia contra las mujeres.
Ahí están las los números de mujeres asesinadas en Michoacán durante la actual administración. Y, lamentablemente, en materia de seguridad para las mujeres no entregará un estado mejor que como lo recibió.
Parafraseando su crítica contra la Federación en cuanto al tema del Covid-19, en materia de violencia contra las mujeres en Michoacán, “hoy en día, la única métrica de evaluación son los resultados, todo lo demás es demagogia, autoengaño y creerse uno mismo su propia retórica”.
