La gobernanza puede ser definida como la relación dinámica existente entre el sistema de tradiciones, usos y costumbres, autoridades y leyes para ejercer el poder en una sociedad dada. Generar mayores niveles de gobernanza implica un ejercicio conjunto del poder entre funcionarios y ciudadanos, logrando multiplicar las acciones por el desarrollo integral, así como la vivencia plena de los derechos humanos de los habitantes del territorio en cuestión.
Lo anterior implica cambios paradigmáticos y culturales, reformas normativas, reingenierías administrativas y, sobre todo, deconstrucción de los individuos involucrados. Generar condiciones estructurales para que se participe en los asuntos públicos es una finalidad en sí misma de todo gobierno que transite por una ruta evolutiva en materia democrática, de transparencia, de control y combate a la corrupción, de voz y rendición de cuentas, de mejora regulatoria y de estado de derecho, principales dimensiones a tomar en cuenta, de acuerdo con algunos de los modelos teóricos de gobernanza más influyentes.
Específicamente, en política social, impulsar medidas que acrecienten y aseguren mejores escenarios de gobernanza posibilitan que las acciones dirigidas a la población más vulnerada sean más sólidas, perdurables y que se agilice su progresividad.
Inyectar gobernanza al sistema educativo resulta clave en una entidad como Michoacán para avanzar mucho más rápidamente en un ámbito que se ha olvidado, saqueado y hundido con el desdén, ambición y adultocentrismo con el cual se ha tratado durante los últimos 25 años por lo menos.
Tenemos grandes razones para impulsar la gobernanza en el sector educativo estatal. La escuela pública debe responder al modelo fiel de las aspiraciones sociales, ser el más poderoso motor de movilidad social que exista en una sociedad dada. La meritocracia es tramposa precisamente cuando la escuela no sirve, la sociedad se vuelve piramidal cuando los medios de producción y el acceso al conocimiento que genera valor agregado está en unas cuantas manos y quienes logran esforzadamente completar trayectorias educativas vacías, con una formación escasa y simulatoria terminan frustrados y arrepentidos de haber entregado los mejores años de su vida a una promesa incumplida de alcanzar mayor bienestar.
Conservar la visión de largo plazo y sostener los objetivos, más allá de administraciones efímeras es importantísimo. No olvidemos que, en Michoacán, durante el siglo XXI se han designado 13 secretarios de educación; es decir, uno cada 1.59 años, lo cual equivale a que duran un año y 7 meses en su encargo en promedio. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo con la teoría en materia de administración de recursos humanos, cuando se contrata a una persona con las competencias necesarias para desempeñar un puesto, aún así, de acuerdo con evidencias arrojadas por estudios científicos en la materia, se tarda entre seis y nueve meses en brindar lo mejor de sí, a lo cual se le denomina curva de aprendizaje. Entonces, este periodo teórico les consume en promedio a los secretarios entre la tercera parte y la mitad de su gestión, dejando muy poco tiempo para desarrollar su potencial como funcionarios. Simplemente se van sin dejar memoria de su paso, con mayor pena que gloria y, con ello, reiniciando el ciclo de la mediocridad en sus sucesores.
Romper esta perversa espiral de mediocridad implica que haya garantes de que el derecho a aprender esté salvaguardado por ciudadanos quienes vigilen el accionar gubernamental y, más allá de sus intereses potenciales, con una regulación que dote de autonomía y vida propia a los participantes en los organismos que se creen para tales efectos. Más aún, generar un sistema articulado de gobernanza a escala escolar, municipal y estatal permitiría intercomunicar a los agentes de cambio educativo bajo esquemas proactivos, ordenados y fructíferos. Sería un legado invaluable en un sistema educativo en el cual el caos, la confusión, la desorganización y la ingobernabilidad han sido constantes, siempre en menoscabo de los estudiantes, los maestros y sus familias. Es momento de romper esa inercia.
Por todo lo anterior y mucho más, urge la creación y activación de organismos de gobernanza en el sistema educativo michoacano. Es un momento clave para dotar de sostenibilidad a largo plazo a la visión transformadora y garantista que debe caracterizar a un gobierno que cumple y hace cumplir la ley, involucrando a la ciudadanía y, con ello, multiplicando los efectos, sinergias y cambios cualitativos que se requieren para garantizar los derechos de la niñez y juventud en la entidad.
