Alguna vez el periodista español Enric Juliana escribió que en tiempos de crisis incluso se sospecha del cambio, hay desconfianza, los consensos se rompen y los recelos se agrandan. Hoy la entidad enfrenta un cambio significativo en la política pública en materia de seguridad: la transformación de la Policía Michoacán en Guardia Civil.
Por supuesto que existen dudas, recelos y desconfianza con este anuncio, sentimientos y emociones fortalecidas por la ausencia de información y argumentos para sustentar esta transformación. Queda el recuerdo del proyecto malogrado que impulsó con el mismo ímpetu el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien prometió paz y seguridad, gracias a la entonces nueva corporación policiaca, la hoy vilipendiada Policía Michoacán.
En 2015, Aureoles Conejo prometía que con la nueva Policía y el Mando Único policial, además de las cuantiosas inversiones en equipamiento, capacitación e infraestructura, Michoacán se convertiría en uno de los estados más seguros del país. No fue así pese a los esfuerzos del gobierno: incrementos salariales, contratación de elementos, construcción de cuarteles, capacitación y mejor equipamiento.
Hoy nos enteramos que nos vendieron espejitos; muchos de los elementos contratados realizaban actividades administrativas; los cuarteles, además de costosos, incumplían con su cometido; el C5i y los arcos carreteros solo eran un cascarón disfuncional y la coordinación entre órdenes de gobierno una mera aspiración y el salario de los policías uno de los más bajos del país. Su promesa de convertir a la Policía Michoacán en la mejor del país al concluir su gobierno, como lo declaró a mitad de su administración, quedó en el cementerio de las promesas incumplidas.
En temas de seguridad, los gobiernos no deberían improvisar ni anteponer filias ni fobias políticas. Hoy la seguridad de los michoacanos en la realidad está en las mismas manos que en el sexenio anterior: el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, los elementos de la Policía Michoacán pero con nuevos uniformes. La confianza ciudadana no se gana cambiando logotipos ni balizando vehículos, sino con resultados tangibles.
Hoy la apuesta recae en una corporación con agrupamientos especializados en atención turística, protección ambiental, vigilancia digital, investigación del delito, búsqueda de personas y protección civil. Pero se mantiene la duda: ¿era necesario el cambio de nombre? Al final, son los mismos policías realizando tareas específicas, es decir, en términos generales, se trató más de una reorganización administrativa que de una profunda transformación en el sistema de seguridad. Por ello quizá el gobernador debería ser más cauteloso con las expectativas que está generando porque el problema de seguridad depende, en gran medida, de factores que están fuera de su alcance.
Romper el mito del “oro verde”
El gobierno de Silvano Aureoles, a través de Ricardo Luna, entonces titular de la Semaccdet, reconocía el enorme daño que estaba generando al medio ambiente la aparición de miles de hectáreas sembradas con aguacate, producto del cambio ilegal del uso del suelo y la destrucción de bosques.
Se reconocía el problema e incluso la participación de afamados políticos michoacanos en esta trama de destrucción ambiental sin que hubiera responsables ni una cuantificación precisa de los daños generados. De forma general, al final del sexenio calculaba que había 60 mil hectáreas de huertas ilegales de aguacate y solo habrían podido desmontar alrededor de 600 Ha, es decir, únicamente el 1 por ciento.
Ahora el gobierno actual reconoce que la siembra de aguacate en Michoacán, si bien deja cuantiosas ganancias, debe regularse por el impacto ambiental que genera la siembra indiscriminada de este fruto. Un primer paso será realizar un mapeo satelital para comparar el crecimiento en el número de hectáreas sembradas con aguacate desde 2011 a la fecha, según anunció el cuestionado titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López.
Debe reconocerse que la siembra de aguacate sin control lejos de ser el “oro verde” puede convertirse en una pesadilla ambiental para Michoacán. El ingreso del estado de Jalisco a las exportaciones de aguacate a Estados Unidos puede ser un factor que motive el incremento de las huertas ilegales para obtener más y mejores precios, lo que significaría que el daño ambiental continuaría agravándose.
