/ viernes 1 de julio de 2022

Hacia un balance del ciclo escolar en Michoacán.

Concluyó la primera mitad del 2022, nueve meses de la actual administración pública estatal -es decir, la octava parte del periodo gubernamental y, prácticamente el Ciclo Escolar 2021-2022. Ante ello, es obligado realizar un balance de lo alcanzado y de las áreas de oportunidad para ser atendidas a la brevedad.

Aún quedando en el papel cuatro semanas de clases, se sabe que resultará difícil llegar a concluirlo Sin ánimos de dar por muerto el calendario escolar aún en marcha, es un hecho que, en cientos de escuelas michoacanas finalizaron las labores del presente ciclo, bajo la justificación de haber contratado recintos para realizar las clausuras desde 2020, muchas escuelas de educación pública básica ya están programando el cierre del ciclo escolar. También, golpean los paros de labores convocados sincrónicamente por las dos alas de la CNTE, el fin de cursos proclamado por la CNTE azul, la excusa nunca resuelta del todo del COVID-19 y la simulación que se enquista en comunidades sin dirección ni supervisión escolar que respondan a la línea de autoridad del Gobierno del Estado.

Poder conocer grupo por grupo y escuela por escuela sí se está teniendo clases o no resulta prácticamente imposible. Los grupos fácticos del sistema educativo estatal tienen la capacidad de convertir a las escuelas bajo su control en cajas negras ante los ojos de la autoridad y de la sociedad en general.

Resulta profundamente injusto evaluar la situación actual que guarda el sistema educativo estatal sin tomar en cuenta las condiciones en las cuales se recibió el 1 de octubre de 2021,en situación de ingobernabilidad. Se debe reconocer que, en tan solo unos meses ha habido avances importantes que requieren seguimiento y alcanzar cambios cualitativos.

Se espera mucho más de la alineación entre el gobierno federal y el estatal. Desafortunadamente, los conductores de la política educativa nacional han asumido medidas erráticas, ante lo cual el gobierno estatal ha tenido que atemperar la situación, tomando decisiones desde lo local para prevenir mayores conflictos o violaciones de derechos humanos.

La Secretaría de Educación en el Estado se encuentra inmersa en esa dinámica compleja de fungir como gestor y amortiguador ante lo vertical, mientras que debe ser rectora en lo estatal. En procesos como el aprendizaje, no se sabe a ciencia cierta cual fue el logro alcanzado durante el presente ciclo escolar, ni tampoco se realizó un diagnóstico para conocer la pérdida o avance en la materia durante el confinamiento.

En materia de gobernanza, se instalaron consejos y comités, que requieren replicarse a escala municipal y escolar, así cómo articularse entre sí, para que la opinión, la consulta, la recomendación, la propuesta y la demanda social tengan cauce participativo, multiplicando así el potencial de los recursos invertidos en la política educativa.

Los avances parciales en materia de la federalización de la nómina educativa son importantes, pero aún insuficientes, toda vez que el propio gobierno federal ha asumido una actitud distante, desapegada y con escasa demostración de voluntad política para concretar la medida, que ha sido visibilizada en agenda pública desde hace más de una década desde Mexicanos Primero. El clima laboral ha mejorado producto del cumplimiento de las responsabilidades patronales, pero hay una gran cantidad de conflictos en muchas comunidades escolares, producto de la disputa político-sindical que se suscita en aras de poseer poder y control de planteles estratégicamente ubicados.

A la par, los grupos que viven del conflicto, ante la falta de banderas legítimas para protestar se han dedicado a magnificar las diferencias para generar posiciones de negociación en las cuales sus cúpulas obtienen recursos a manos llenas.

En suma, hay pasos a favor de la recuperación de la rectoría de la educación, pero hace falta cerrar procesos y etapas abiertas para conformar un cambio cualitativo para el Ciclo Escolar 2022-2023. Es momento de integrar experiencias para que, al 28 de julio -fecha del verdadero cierre del ciclo actual- se cuente con un balance completo y diseño de soluciones de política pública para transformar de fondo la educación estatal.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias en desarrollo regional y director general de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán.

Concluyó la primera mitad del 2022, nueve meses de la actual administración pública estatal -es decir, la octava parte del periodo gubernamental y, prácticamente el Ciclo Escolar 2021-2022. Ante ello, es obligado realizar un balance de lo alcanzado y de las áreas de oportunidad para ser atendidas a la brevedad.

Aún quedando en el papel cuatro semanas de clases, se sabe que resultará difícil llegar a concluirlo Sin ánimos de dar por muerto el calendario escolar aún en marcha, es un hecho que, en cientos de escuelas michoacanas finalizaron las labores del presente ciclo, bajo la justificación de haber contratado recintos para realizar las clausuras desde 2020, muchas escuelas de educación pública básica ya están programando el cierre del ciclo escolar. También, golpean los paros de labores convocados sincrónicamente por las dos alas de la CNTE, el fin de cursos proclamado por la CNTE azul, la excusa nunca resuelta del todo del COVID-19 y la simulación que se enquista en comunidades sin dirección ni supervisión escolar que respondan a la línea de autoridad del Gobierno del Estado.

Poder conocer grupo por grupo y escuela por escuela sí se está teniendo clases o no resulta prácticamente imposible. Los grupos fácticos del sistema educativo estatal tienen la capacidad de convertir a las escuelas bajo su control en cajas negras ante los ojos de la autoridad y de la sociedad en general.

Resulta profundamente injusto evaluar la situación actual que guarda el sistema educativo estatal sin tomar en cuenta las condiciones en las cuales se recibió el 1 de octubre de 2021,en situación de ingobernabilidad. Se debe reconocer que, en tan solo unos meses ha habido avances importantes que requieren seguimiento y alcanzar cambios cualitativos.

Se espera mucho más de la alineación entre el gobierno federal y el estatal. Desafortunadamente, los conductores de la política educativa nacional han asumido medidas erráticas, ante lo cual el gobierno estatal ha tenido que atemperar la situación, tomando decisiones desde lo local para prevenir mayores conflictos o violaciones de derechos humanos.

La Secretaría de Educación en el Estado se encuentra inmersa en esa dinámica compleja de fungir como gestor y amortiguador ante lo vertical, mientras que debe ser rectora en lo estatal. En procesos como el aprendizaje, no se sabe a ciencia cierta cual fue el logro alcanzado durante el presente ciclo escolar, ni tampoco se realizó un diagnóstico para conocer la pérdida o avance en la materia durante el confinamiento.

En materia de gobernanza, se instalaron consejos y comités, que requieren replicarse a escala municipal y escolar, así cómo articularse entre sí, para que la opinión, la consulta, la recomendación, la propuesta y la demanda social tengan cauce participativo, multiplicando así el potencial de los recursos invertidos en la política educativa.

Los avances parciales en materia de la federalización de la nómina educativa son importantes, pero aún insuficientes, toda vez que el propio gobierno federal ha asumido una actitud distante, desapegada y con escasa demostración de voluntad política para concretar la medida, que ha sido visibilizada en agenda pública desde hace más de una década desde Mexicanos Primero. El clima laboral ha mejorado producto del cumplimiento de las responsabilidades patronales, pero hay una gran cantidad de conflictos en muchas comunidades escolares, producto de la disputa político-sindical que se suscita en aras de poseer poder y control de planteles estratégicamente ubicados.

A la par, los grupos que viven del conflicto, ante la falta de banderas legítimas para protestar se han dedicado a magnificar las diferencias para generar posiciones de negociación en las cuales sus cúpulas obtienen recursos a manos llenas.

En suma, hay pasos a favor de la recuperación de la rectoría de la educación, pero hace falta cerrar procesos y etapas abiertas para conformar un cambio cualitativo para el Ciclo Escolar 2022-2023. Es momento de integrar experiencias para que, al 28 de julio -fecha del verdadero cierre del ciclo actual- se cuente con un balance completo y diseño de soluciones de política pública para transformar de fondo la educación estatal.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias en desarrollo regional y director general de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán.

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