Desde el inicio del actual proceso electoral en Michoacán se han elevado diversas voces de alerta sobre el “riesgo latente” que existe en materia de seguridad pero hasta el momento ningún gobierno o partido político ha denunciado amenazas o solicitado apoyo formal pese a los constantes enfrentamientos registrados en varias regiones del estado entre grupos delincuenciales.
Las declaraciones efectuadas en diversas ocasiones por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, muestran que existen verdaderos riesgos de “infiltración” de candidatos vinculados con el crimen organizado, tanto del narcotráfico como de “cuello blanco ”. En la mañanera del pasado 25 de febrero López Obrador exponía sus preocupaciones: “(…) Cuando hay elecciones, se mete el crimen organizado y también la delincuencia de cuello blanco; se meten a financiar campañas y toman partido a favor de candidatos, porque quieren tener control en los municipios y en los estados (…) ”.
De igual forma, el mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo advertía a finales de diciembre, durante la instalación de la primera Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 2020/2021, sobre el riesgo “latente” de que grupos criminales impongan candidatos en ayuntamientos y en los congresos Federal y Estatal: “(…) hoy huelo yo un ambiente que no me gusta nada de que otra vez intenten estas células delincuenciales apoderarse de gobiernos municipales o de diputados locales y federales, y terriblemente sería que intentaran también inmiscuirse en la elección del próximo gobernador o gobernadora del estado de Michoacán (…) ”.
El temor es fundado porque existen antecedentes funestos en Michoacán sobre la infiltración de grupos criminales en los partidos políticos que lograron imponer alcaldes, legisladores y presuntamente apoyaron a exgobernadores. Pero el antecedente más próximo son los comicios de 2018, cuando se registraron denuncias por amenazas a 21 candidatos (20 para alcaldías y uno para el Congreso federal) para que renunciaran a sus aspiraciones, tal como lo expuso a sólo unos días de las elecciones Roberto Pantoja Arzola entonces dirigente estatal de Morena, sin olvidar los secuestros y asesinatos de activistas.
Hoy existen temores e inquietudes de partidos políticos y órganos electorales pero hasta el momento no se han presentado denuncias o quejas formales, aunque off the record algunos dirigentes partidistas advierten sobre el temor que sienten activistas y aspirantes en ciertas regiones del estado en donde el problema de inseguridad se ha recrudecido en los últimos meses.
Abiertamente, el líder del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez, reconoció este problema: “Sigue habiendo focos rojos muy delicados en el estado, donde no dejan ni entrar incluso o donde los malos quieren poner o imponer candidatos más bien ... hay algunos lugares donde quieren participar y no los dejan o les inhiben ”.
La respuesta a este problema ha sido timorata y, por momentos, absurda: Instalar un "buzón" para quienes han sido amenazados o sienten temor fundado expongan sus casos y sean canalizados a las autoridades correspondientes. Aquí lo complicado será presentar las “pruebas” como lo solicita el Secretario de Seguridad Pública: “(…) las y los candidatos que tengan interés, derivado de un posible riesgo o alguna amenaza que hayan detectado y tengan pruebas , podrán hacer la solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán y se proporciona la seguridad correspondiente, en caso de creerlo necesario ”.
Eso en cuanto a la posible intervención de grupos criminales, liberación del narcotráfico, pero ¿y la incidencia de los criminales de cuello blanco o empresariales en los procesos electorales como advierte el Presidente de la República? Esos en cuál buzón van.
