/ lunes 8 de noviembre de 2021

Inseguridad fuera de control

Los problemas financieros que enfrenta Michoacán poco a poco han sido atendidos por el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla pero la inseguridad que aqueja a la entidad parece fuera de control y ni el despliegue de más de 17 mil 400 elementos de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la Policía estatal parecen intimidar a los criminales. En el segundo mes de la nueva administración continúan registrándose multihomicidios y las autoridades no ofrecen una explicación a la ciudadanía.

Con el reciente hallazgo en el municipio de Ciudad Hidalgo de siete cadáveres desmembrados dentro de un taxi continúan las multiejecuciones en Michoacán que muestran el nivel de inseguridad que se registra en la entidad sin que hasta el momento las nuevas autoridades ofrezcan una explicación a la ciudadanía sobre lo que ocurre –más allá del trillado y recurrido “guerra entre bandas criminales”- y las acciones concretas que impulsarán para atender el problema.

La respuesta gubernamental, por ejemplo, a las 11 ejecuciones recientemente ocurridas en la tenencia de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, muestran que todavía no existe una estrategia para enfrentar el mayor problema de Michoacán. El amplio despliegue policíaco y de fuerzas castrenses en la zona, tal como lo han hecho en otras regiones cuando ocurren incidentes graves como en Aguililla, responde más a tener un impacto mediático inmediato que a una verdadera respuesta para resolver el problema.

Pero con el arribo de Morena al gobierno de Michoacán la respuesta forzosamente tendrá que cambiar, cuando menos en el discurso. Para Silvano Aureoles, el problema radicaba en la estrategia fallida del Gobierno de México y el poco o nulo interés de combatir al crimen organizado, responsabilidad exclusiva de la federación pero con la llegada de Alfredo Ramírez Bedolla se terminaron las críticas y las exigencias a Andrés Manuel López Obrador y también las explicaciones sobre la estrategia que tendrá su administración para combatir a las 12 organizaciones criminales registrada hasta el momento en la entidad.

El malestar y la creciente inconformidad ciudadana por las masacres ocurridas han encendido las alarmas y revivido el interés en diversas regiones por reactivar los grupos de autodefensa civil ante la ineptitud, la incapacidad o la complicidad de los cuerpos policíacos y castrenses para garantizarles su derecho a la seguridad personal y de sus bienes. Por lo pronto, en algunas comunidades exploran la posibilidad de implementar controles y recorridos de vigilancia.

CPC en el ojo del huracán

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado está envuelto nuevamente en una polémica causada ahora por una decisión equivocada de las y los diputados michoacanos. Con la designación de dos integrantes del Comité de Selección que forman un matrimonio se encendieron las alarmas sobre la imparcialidad y los intereses que puedan existir para la designación del próximo integrante del CPC.

A ello se suman los nombres de algunos aspirantes a integrar el organismo que tuvieron vínculos laborales con funcionarios del actual gobierno o que trabajaron en administraciones morenistas, lo cual no es ilegal pero, siguiendo la lógica del actual Presidente de México, quizá no sea “moral”. Y no se trata solo del tiempo transcurrido después de laborar para una diputada o una administración sino la relación y los intereses que se pudieron forjar durante ese tiempo. Insisto, al menos desde la visión del mandatario mexicano.

Por su puesto, el escándalo ha sido aprovechado por un grupo de personas, vinculadas a la derecha y a organismos empresariales –que en esta ocasión no se vieron favorecidos- para exigir “transparencia” en el proceso de selección del próximo integrante del CPC, claridad que no ofrecieron en las anteriores elecciones.

De cualquier forma, será interesante conocer el informe que brinde en diciembre la actual presidenta del CPC, Rosmi Bonilla Ureña, sobre este tema y sobre las graves acusaciones esgrimidas en diversos momentos y por diversas personas, al menos de forma verbal, contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

Los problemas financieros que enfrenta Michoacán poco a poco han sido atendidos por el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla pero la inseguridad que aqueja a la entidad parece fuera de control y ni el despliegue de más de 17 mil 400 elementos de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la Policía estatal parecen intimidar a los criminales. En el segundo mes de la nueva administración continúan registrándose multihomicidios y las autoridades no ofrecen una explicación a la ciudadanía.

Con el reciente hallazgo en el municipio de Ciudad Hidalgo de siete cadáveres desmembrados dentro de un taxi continúan las multiejecuciones en Michoacán que muestran el nivel de inseguridad que se registra en la entidad sin que hasta el momento las nuevas autoridades ofrezcan una explicación a la ciudadanía sobre lo que ocurre –más allá del trillado y recurrido “guerra entre bandas criminales”- y las acciones concretas que impulsarán para atender el problema.

La respuesta gubernamental, por ejemplo, a las 11 ejecuciones recientemente ocurridas en la tenencia de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, muestran que todavía no existe una estrategia para enfrentar el mayor problema de Michoacán. El amplio despliegue policíaco y de fuerzas castrenses en la zona, tal como lo han hecho en otras regiones cuando ocurren incidentes graves como en Aguililla, responde más a tener un impacto mediático inmediato que a una verdadera respuesta para resolver el problema.

Pero con el arribo de Morena al gobierno de Michoacán la respuesta forzosamente tendrá que cambiar, cuando menos en el discurso. Para Silvano Aureoles, el problema radicaba en la estrategia fallida del Gobierno de México y el poco o nulo interés de combatir al crimen organizado, responsabilidad exclusiva de la federación pero con la llegada de Alfredo Ramírez Bedolla se terminaron las críticas y las exigencias a Andrés Manuel López Obrador y también las explicaciones sobre la estrategia que tendrá su administración para combatir a las 12 organizaciones criminales registrada hasta el momento en la entidad.

El malestar y la creciente inconformidad ciudadana por las masacres ocurridas han encendido las alarmas y revivido el interés en diversas regiones por reactivar los grupos de autodefensa civil ante la ineptitud, la incapacidad o la complicidad de los cuerpos policíacos y castrenses para garantizarles su derecho a la seguridad personal y de sus bienes. Por lo pronto, en algunas comunidades exploran la posibilidad de implementar controles y recorridos de vigilancia.

CPC en el ojo del huracán

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado está envuelto nuevamente en una polémica causada ahora por una decisión equivocada de las y los diputados michoacanos. Con la designación de dos integrantes del Comité de Selección que forman un matrimonio se encendieron las alarmas sobre la imparcialidad y los intereses que puedan existir para la designación del próximo integrante del CPC.

A ello se suman los nombres de algunos aspirantes a integrar el organismo que tuvieron vínculos laborales con funcionarios del actual gobierno o que trabajaron en administraciones morenistas, lo cual no es ilegal pero, siguiendo la lógica del actual Presidente de México, quizá no sea “moral”. Y no se trata solo del tiempo transcurrido después de laborar para una diputada o una administración sino la relación y los intereses que se pudieron forjar durante ese tiempo. Insisto, al menos desde la visión del mandatario mexicano.

Por su puesto, el escándalo ha sido aprovechado por un grupo de personas, vinculadas a la derecha y a organismos empresariales –que en esta ocasión no se vieron favorecidos- para exigir “transparencia” en el proceso de selección del próximo integrante del CPC, claridad que no ofrecieron en las anteriores elecciones.

De cualquier forma, será interesante conocer el informe que brinde en diciembre la actual presidenta del CPC, Rosmi Bonilla Ureña, sobre este tema y sobre las graves acusaciones esgrimidas en diversos momentos y por diversas personas, al menos de forma verbal, contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo.