/ viernes 8 de octubre de 2021

La cuestión es cuándo

Sofía Stamatio

El pasado martes 28 de septiembre tuvo lugar, como cada año, el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Las feministas conmemoramos este día para exigir a nuestros gobiernos que legalicen la interrupción voluntaria del embarazo. México no fue la excepción, y Morelia tampoco.

De la fuente de Las Tarascas y hasta el Congreso del Estado, alrededor de cuatrocientas mujeres marchamos portando pañuelos verdes y pancartas con mensajes a favor del aborto legal. Nos acompañó también Santa Martha Abortera, una imagen apropiada del santoral católico y que las feministas michoacanas hemos adoptado y resignificado. “Con la alegría como bandera”, como nos enseñaron las compañeras argentinas, fuimos entonando las consignas que se han vuelto himnos: “¡Afuera, afuera, lo vamos a lograr, que saquen el aborto del Código Penal!”, “¡Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina!”.

En concreto, este 28S –como las feministas llamamos al 28 de septiembre– tuvo dos motivos para nosotras las michoacanas: en primer lugar, festejar las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por fin comienza a asumir su responsabilidad con las mujeres y a ponerse al corriente con los diversos instrumentos y convenciones internacionales de los que México es parte; y, también, enviar un mensaje claro y contundente a la recién estrenada 75ª legislatura del Congreso del Estado: aquí estamos, somos muchas, y no daremos un paso atrás.

La legislatura anterior recibió tres iniciativas relacionadas con la despenalización y legalización del aborto. Dos de ellas surgieron del interior, provenientes de diputados. La tercera fue una iniciativa ciudadana presentada por ILEMich, un frente que conjunta a 24 colectivas feministas de todo el estado. Todas las propuestas recibieron el mismo tratamiento: silencio, ignominia y entrada libre a la congeladora.

Esto responde a varios factores. Principalmente, ignorancia por parte de las y los legisladores. No todas las personas que consiguen una diputación son necesariamente letradas en temas de leyes, derechos humanos, convenciones internacionales, criterios jurisprudenciales, etcétera. También, ignorancia en temas médicos relacionados, sobre todo, con el embarazo. Es decir, su formación no les permite atender asuntos que involucran tantas aristas como el tema del aborto, a pesar de los intentos de sus asesoras y asesores por ofrecerles información simplificada. Y esta limitación redunda en la preferencia por huir del tema, que a su vez se traduce en abstencionismo y tibieza.

En segundo lugar, miedo. Miedo a contraponerse a la opinión de los líderes de su partido (no necesariamente a sus estatutos), la de los líderes de las iglesias con las que tienen acuerdos (políticos, económicos, comerciales) y a la de su electorado, y con ello perder votos y por consiguiente la reelección… y con ello su ingreso económico de nada despreciables 45 mil pesos brutos al mes, sin contar bonos, compensaciones, moches y propinas.

Tercero: convicciones religiosas que priman por sobre su obligación pública. Es decir, que verdaderamente creen que abortar es un pecado y ese convencimiento interfiere con las responsabilidades que han adquirido al aceptar un encargo público y nubla su capacidad de legislar de manera laica y objetiva. Aunque este argumento suene absurdo en pleno siglo XXI en un Estado laico, es la lastimosa realidad. Pareciera que la separación del Estado y la Iglesia, que en nuestro país ocurrió hace más de 150 años con las Leyes de Reforma, aún no ha sido notificada a muchos servidores públicos y operarios políticos. Al imponer su moral privada sobre los derechos humanos de las mujeres, están cometiendo violencia por razón de género que ameritaría no sólo su destitución, sino que también podría implicar sanciones tanto administrativas como penales. De este tipo de diputados tenemos varios en la nueva legislatura, y se caracterizan por presentar propuestas que atentan flagrantemente contra los derechos y libertades de las mujeres. A ellos les decimos: no pasarán.

Nosotras estamos más fuertes y más unidas que nunca. Sabemos que la cuestión no es si el aborto se legaliza o no, sino cuándo. ¿Será esta la legislatura que tenga por fin el valor de romper con siglos de opresión y dominación de nuestros cuerpos y nuestras vidas?

Sofía Stamatio

El pasado martes 28 de septiembre tuvo lugar, como cada año, el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Las feministas conmemoramos este día para exigir a nuestros gobiernos que legalicen la interrupción voluntaria del embarazo. México no fue la excepción, y Morelia tampoco.

De la fuente de Las Tarascas y hasta el Congreso del Estado, alrededor de cuatrocientas mujeres marchamos portando pañuelos verdes y pancartas con mensajes a favor del aborto legal. Nos acompañó también Santa Martha Abortera, una imagen apropiada del santoral católico y que las feministas michoacanas hemos adoptado y resignificado. “Con la alegría como bandera”, como nos enseñaron las compañeras argentinas, fuimos entonando las consignas que se han vuelto himnos: “¡Afuera, afuera, lo vamos a lograr, que saquen el aborto del Código Penal!”, “¡Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina!”.

En concreto, este 28S –como las feministas llamamos al 28 de septiembre– tuvo dos motivos para nosotras las michoacanas: en primer lugar, festejar las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por fin comienza a asumir su responsabilidad con las mujeres y a ponerse al corriente con los diversos instrumentos y convenciones internacionales de los que México es parte; y, también, enviar un mensaje claro y contundente a la recién estrenada 75ª legislatura del Congreso del Estado: aquí estamos, somos muchas, y no daremos un paso atrás.

La legislatura anterior recibió tres iniciativas relacionadas con la despenalización y legalización del aborto. Dos de ellas surgieron del interior, provenientes de diputados. La tercera fue una iniciativa ciudadana presentada por ILEMich, un frente que conjunta a 24 colectivas feministas de todo el estado. Todas las propuestas recibieron el mismo tratamiento: silencio, ignominia y entrada libre a la congeladora.

Esto responde a varios factores. Principalmente, ignorancia por parte de las y los legisladores. No todas las personas que consiguen una diputación son necesariamente letradas en temas de leyes, derechos humanos, convenciones internacionales, criterios jurisprudenciales, etcétera. También, ignorancia en temas médicos relacionados, sobre todo, con el embarazo. Es decir, su formación no les permite atender asuntos que involucran tantas aristas como el tema del aborto, a pesar de los intentos de sus asesoras y asesores por ofrecerles información simplificada. Y esta limitación redunda en la preferencia por huir del tema, que a su vez se traduce en abstencionismo y tibieza.

En segundo lugar, miedo. Miedo a contraponerse a la opinión de los líderes de su partido (no necesariamente a sus estatutos), la de los líderes de las iglesias con las que tienen acuerdos (políticos, económicos, comerciales) y a la de su electorado, y con ello perder votos y por consiguiente la reelección… y con ello su ingreso económico de nada despreciables 45 mil pesos brutos al mes, sin contar bonos, compensaciones, moches y propinas.

Tercero: convicciones religiosas que priman por sobre su obligación pública. Es decir, que verdaderamente creen que abortar es un pecado y ese convencimiento interfiere con las responsabilidades que han adquirido al aceptar un encargo público y nubla su capacidad de legislar de manera laica y objetiva. Aunque este argumento suene absurdo en pleno siglo XXI en un Estado laico, es la lastimosa realidad. Pareciera que la separación del Estado y la Iglesia, que en nuestro país ocurrió hace más de 150 años con las Leyes de Reforma, aún no ha sido notificada a muchos servidores públicos y operarios políticos. Al imponer su moral privada sobre los derechos humanos de las mujeres, están cometiendo violencia por razón de género que ameritaría no sólo su destitución, sino que también podría implicar sanciones tanto administrativas como penales. De este tipo de diputados tenemos varios en la nueva legislatura, y se caracterizan por presentar propuestas que atentan flagrantemente contra los derechos y libertades de las mujeres. A ellos les decimos: no pasarán.

Nosotras estamos más fuertes y más unidas que nunca. Sabemos que la cuestión no es si el aborto se legaliza o no, sino cuándo. ¿Será esta la legislatura que tenga por fin el valor de romper con siglos de opresión y dominación de nuestros cuerpos y nuestras vidas?

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