En las últimas semanas, hemos podido constatar que no ha sido el momento del Presidente. Entre las decisiones apresuradas, los destapes, las explosiones de PEMEX, los señalamientos electorales, la campaña contra sus adversarios, los movimientos del gabinete, los números alegres del país de nunca jamás (que solo existe en el imaginario presidencial), la necedad de la “ratificación de mandato” entre muchas otras situaciones. Han puesto al inquilino de Palacio, en medio de fuertes críticas y señalamientos que bien deberían servirle para recular y cambiar de estrategia, o por lo menos a mesurarse.
Si bien, para la gran mayoría de los Presidentes de nuestro país la segunda mitad del sexenio no ha sido miel sobre hojuelas, parece que la de López Obrador podría calificarse como una de las más catastróficas. Y no solo por las complicaciones propias de la pandemia, o por la situación económica global sino por la forma particular del Presidente de hacer las cosas.
Solo basta analizar los acontecimientos más recientes…
Por segunda vez, en San Lázaro se le niega la posibilidad de que sus fieles legisladores, le den la posibilidad de regresar a hacer campaña a través de la mal entendida Revocación de mandato. Y digo mal entendida, porque el Presidente piensa, que es una herramienta con la que él cuenta para medir su popularidad o la aceptación de la gente y con ello aparecer en todos los rincones del país. Sin embargo, el artículo 35 constitucional de manera muy clara explica, que la Revocación de mandato es una herramienta del pueblo para destituir a un gobernante de manera anticipada, porque ha perdido la confianza en éste y solo el pueblo podrá solicitarla.
La insistencia por controlarlo todo, de no respetar la división de poderes ha generado que muchos de sus seguidores dejen de confiar en su elocuencia al no justificar la encarnizada guerra contra el Tribunal Electoral, los órganos autónomos, el Poder judicial, el Banco de México a los que a diestra y siniestra emite descalificaciones, burlas y amenazas entre los que destacan el INE y sus consejeros a los que no solo ha tachado de corruptos sino también de incompetentes, al mencionar que no se necesitan para el funcionamiento del país. Esto, debe ser un punto en el que la ciudadanía tiene que poner atención, ya que depende de la división de poderes y de la autonomía de estos, el que podamos vivir en un país democrático y de libertades.
Y como cereza del pastel, la falta de legalidad de muchas de las acciones presidenciales, entre las que se encuentran las adjudicaciones directas, la compra de insumos y materiales por parte del gobierno a empresas fantasma, la intromisión en el proceso electoral y la persecución de aquellos a los que considera sus adversarios, usando a las instituciones para crearles delitos con pruebas sumamente endebles que dejan al descubierto el dolo con el que actúan desde Palacio. Este punto, es sumamente importante que sea observado, ya que de acuerdo con el art. 20 constitucional la presunción de inocencia es un principio, que se debe respetar hasta que no sea demostrado lo contrario en sentencia dictada por un juez. Ningún ciudadano, debe ser acosado o inculpado sin que antes sea juzgado legítimamente.
El informe de gobierno evidentemente tiene otros datos, cifras alegres de un México pleno, en el que los ciudadanos no sufren el desempleo, los efectos de la inflación o problemas de salud. En el México de López Obrador y su camarilla, todo es crecimiento, abundancia pero sobre todo bienestar, esa palabra que se ha convertido en el eslogan presidencial y que para su desgracia, a muchos mexicanos les es sinónimo de falta de transparencia.
Así que a tres años de gobierno, nada hay que aplaudir. La debacle presidencial nos arrastra como barcos de papel en la corriente, de la que no saldremos hasta que empecemos a poner un alto a la demagogia y exigir acciones a la clase política, de todos los niveles, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, que para ello fueron contratados.
