No hay tiempo para descansar en relación con el tema educativo en este nuevo gobierno, sabemos que las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, ya invitaron a los ciudadanos a participar en audiencias públicas para analizar la iniciativa que se presentó el 12 de diciembre de 2018.
Agendaron para el pasado miércoles 6 de febrero la concurrencia de los docentes y sus representantes sindicales; el viernes 8 especialistas y académicos; el sábado9, Escuelas Normales y universidades; el lunes 11, legisladores locales; el martes 13, también de febrero, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales; el viernes 15, los padres de familia, y el sábado 16 las autoridades educativas federales, estatales y municipales, así como a los directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Las comparecencias son públicas, esperan sugerencias para mejorar la iniciativa del 12 de diciembre, esperan críticas y también que se consideren otras propuestas como los aspectos que pueden mejorarse del artículo tercero actual, y los temas a innovar basándose en la experiencia escolar y de investigación.
Al ser una iniciativa presidencial abierta, se busca que se revise, contraste, discuta, hacia un cambio educativo real para todos y entre todos, como combatir la desigualdad y la exclusión por medio del esfuerzo educativo, pues los beneficios de la escolaridad y el conocimiento son aprovechados por los mejor situados económicamente. Esto, desafortunadamente es desigualdad.
La importancia que tienen los maestros como agentes primordiales para mejorar la calidad de la educación, garantizando el derecho a la actualización permanente y a la formación continua, sin la evaluación obligatoria que fue calificada como “punitiva”. Con una visión más amplia de quiénes son los profesores y cómo actúan en su desarrollo personal y profesional.
En la educación indígena, se debe proponer el respeto pleno de la diversidad lingüística y cultural, y su derecho a recibir educación pertinente, colocando la perspectiva “intercultural” en la agenda educativa, la cual se omitió en la iniciativa.
Sobre las Escuelas Normales, establecer que no sólo el Estado debe darle atención prioritaria a su fortalecimiento, sino que su apoyo debe estar concentrado en las instituciones públicas, deben contar con libertad académica y autonomía de gestión, lograr que el interés público se encuentre en primer lugar y sobre cualquier presión de grupo.
Hacia el ingreso al servicio docente y la promoción lo recomendable sería hacerse por medio de evaluaciones integrales y obligatorias, también para los egresados de las Escuelas Normales, si se quiere evitar que las cúpulas sindicales, junto con las “autoridades” educativas estatales y federales, consoliden su propio negocio de venta y herencia de plazas, como se sigue haciendo, dando una mala señal a los maestros que obtienen la plaza por concurso y los aspirantes que no tienen “palancas” para ingresar al servicio docente.
En cuanto a la educación inicial, (0-3 años), se redujo presupuesto a las guarderías, con distinto enfoque para su atención, aunque ésta es parte del proceso educativo. En general, se debería impartir educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
Es necesario atender puntos de vista opuestos, construir el marco legal para la política educativa, un trabajo para el Legislativo y para quienes participan en presiones, confrontaciones, concesiones y el regreso a la buscada paz social, como en Michoacán, con la calificación de “conservadores” a quienes obstruyen vías como presión para que el gobierno cumpla, esperando que con la visita a Huetamo del Presidente López Obrador ya se cubran los pagos pendientes de bonos que alivian en mucho al raquítico sueldo, sobre todo de los trabajadores estatales y se visualice la solución a otros pagos como contratos, laudos, a proveedores, eventuales y más. (L)
