/ miércoles 13 de octubre de 2021

La ley y la racionalidad democrática

Durante muchos años, el Estado de derecho se constituyó como la forma de organización política de la sociedad, en la que la ley producto del proceso legislativo, se convierte en la única referencia de actuación dentro de la misma. Ello explica el sentido de la ley como un producto que reconoce todas aquellas necesidades e intereses de la sociedad (de ahí el sentido de la ley como de interés público), por lo que, la idea de la racionalidad se focaliza en hacer obligatorio el cumplimiento de los intereses y necesidades sociales.

Es así que, la construcción de una ley por parte del legislativo debe de contar con un elemento fundamental, la representación de toda la sociedad, a efecto de que todos los intereses comunitarios, tengan participación en el debate sobre el contenido de la ley.

Por ello, resulta esencial que en el legislativo encuentre eco de todas las voces sociales que buscan incidir en el consenso de todo aquello que debe de ser parte de la racionalidad, esto es, de la ley.

La diversidad social y política como parte de la democracia debe de ser la materia prima para la emisión de la ley, a efecto de que la discusión respecto del contenido de la norma, sea a partir de las visiones y perspectivas existentes en la sociedad, para que, con ello, la racionalidad se traduzca en la solución de todos aquellos intereses, necesidades, deseos e intensiones sociales que serán vinculantes para la misma y que marcarán su camino.

Por ello, el Estado de derecho tiene a la ley como un elemento determinante en su funcionamiento.

Sin embargo, en los últimos años el Estado de derecho se ha debilitado en virtud del exceso normativo, por lo que, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos ha logrado abrir una alternativa, a partir de un Estado Constitucional de Derecho en el que los derechos fundamentales asumen un papel determinante en la actuación de las autoridades y de los propios particulares.

Con ello, la centralidad que antes tenía la ley, ha sido sustituida por la centralidad constitucionalidad, y en particular la de los derechos humanos, razón por la cual, la racionalidad democrática que ha dado pauta a la legislación, mismas que sustenta el Estado de derecho, hoy debe, además, de coincidir con los derechos fundamentales, motivo por el cual, la racionalidad de la ley ahora se entiende como la racionalidad constitucional.

Con todo ello, las condiciones sociales, políticas y económicas que son motivo de la acción legal, hoy deben de ser congruentes con el sistema de derechos.

Durante muchos años, el Estado de derecho se constituyó como la forma de organización política de la sociedad, en la que la ley producto del proceso legislativo, se convierte en la única referencia de actuación dentro de la misma. Ello explica el sentido de la ley como un producto que reconoce todas aquellas necesidades e intereses de la sociedad (de ahí el sentido de la ley como de interés público), por lo que, la idea de la racionalidad se focaliza en hacer obligatorio el cumplimiento de los intereses y necesidades sociales.

Es así que, la construcción de una ley por parte del legislativo debe de contar con un elemento fundamental, la representación de toda la sociedad, a efecto de que todos los intereses comunitarios, tengan participación en el debate sobre el contenido de la ley.

Por ello, resulta esencial que en el legislativo encuentre eco de todas las voces sociales que buscan incidir en el consenso de todo aquello que debe de ser parte de la racionalidad, esto es, de la ley.

La diversidad social y política como parte de la democracia debe de ser la materia prima para la emisión de la ley, a efecto de que la discusión respecto del contenido de la norma, sea a partir de las visiones y perspectivas existentes en la sociedad, para que, con ello, la racionalidad se traduzca en la solución de todos aquellos intereses, necesidades, deseos e intensiones sociales que serán vinculantes para la misma y que marcarán su camino.

Por ello, el Estado de derecho tiene a la ley como un elemento determinante en su funcionamiento.

Sin embargo, en los últimos años el Estado de derecho se ha debilitado en virtud del exceso normativo, por lo que, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos ha logrado abrir una alternativa, a partir de un Estado Constitucional de Derecho en el que los derechos fundamentales asumen un papel determinante en la actuación de las autoridades y de los propios particulares.

Con ello, la centralidad que antes tenía la ley, ha sido sustituida por la centralidad constitucionalidad, y en particular la de los derechos humanos, razón por la cual, la racionalidad democrática que ha dado pauta a la legislación, mismas que sustenta el Estado de derecho, hoy debe, además, de coincidir con los derechos fundamentales, motivo por el cual, la racionalidad de la ley ahora se entiende como la racionalidad constitucional.

Con todo ello, las condiciones sociales, políticas y económicas que son motivo de la acción legal, hoy deben de ser congruentes con el sistema de derechos.