La mañana del miércoles 23 de marzo de 1938, la Ciudad de México se paralizó. Los periódicos anunciaron paro total de actividades de las 09:00 a las 15:00 horas. Los comercios cerraron y dejaron de circular los tranvías. Las casas fueron adornadas. Doscientas mil personas acudieron al Zócalo para celebrar la Expropiación Petrolera.
Así relata el periódico El Universal lo que sucedía en el México de 1938 luego de que se anunció la nacionalización de la industria petrolera por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río. Sin duda fue un hecho que perturbó la cotidianidad del país y que, sin faltar los detractores, recibió un gran respaldo y apoyo por parte de la sociedad. Ante tal decisión había claridad de la importancia que representaba la industria petrolera para el desarrollo del país, pero además los constantes abusos de las empresas petroleras extranjeras generaban un gran daño a las finanzas públicas.
Hoy, luego de haber pasado casi 81 años de aquel hecho histórico, resulta sumamente interesante el escenario al cual asistimos que tiene como trama principal la lucha contra la corrupción en una de las empresas históricamente más emblemáticas y redituables del Estado mexicano.
Luego de que el pasado 27 de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el inicio del plan nacional contra el robo de combustibles, coloquialmente conocido como huachicoleo, hemos enfrentado como nación, al igual que en los tiempos del Presidente Cárdenas, hechos y situaciones que han perturbado la cotidianidad de nuestras vidas y ante ellos hay opiniones encontradas propias de un Estado democrático en donde se respeta la libertad de expresión.
Este plan, de acuerdo con lo dicho por Rocío Nahle, secretaria de Energía, se puso en marcha luego de que los nuevos funcionarios al frente de Pemex notaran a través del Sistema de Control y Adquisición de Datos un comportamiento extraño en la presión de los ductos de la red de distribución de combustible de la empresa, lo cual indicaba indudablemente la pérdida del hidrocarburo por fugas o por tomas clandestinas y ante ello, por protocolo de seguridad, se procedió al cierre de los ductos. Tal situación puso en evidencia que las grandes pérdidas económicas de la empresa por robo de combustible no procedían desde afuera sino desde el interior de la propia empresa, en donde, con la connivencia de funcionarios de los anteriores gobiernos se desacataban los protocolos de seguridad y se mantenían abiertos los ductos no obstante de que se conocía la gran pérdida de combustible que se estaba generando, misma que en los últimos tres años representó una pérdida de casi 150 mil millones de pesos.
La lucha que enfrenta el actual gobierno es en contra de los abusos, no precisamente de las empresas extranjeras como fue el caso del Presidente Cárdenas, sino en contra de quienes al amparo del poder público han saqueado una empresa del Estado mexicano.
En aquel entonces, luego de la nacionalización del petróleo el Estado mexicano asumió una deuda que rebasaba sus posibilidades y ante tal disyuntiva, según nos cuenta la historia, mexicanos y mexicanas aportaron de manera voluntaria desde cantidades en efectivo, hasta joyas y alhajas, incluso vacas y gallinas, con la intención de colaborar al pago de dicha deuda y de esa manera consolidar la soberanía energética del país.
Aquella jornada de solidaridad con la nación sin duda es un hecho memorable que debemos tener presente ante las dificultades que ha representado para la ciudadanía el combate a la corrupción.
Afortunadamente al día de hoy el abasto de combustibles ya se está normalizando; se han iniciado investigaciones y se han congelado cuentas bancarias de exfuncionarios de la empresa presuntamente responsables de dichos ilícitos; así como también se han retirado concesiones a gasolineras que compraban combustible robado. Sin duda alguna es notorio que se están tomando medidas que anteriores gobiernos no quisieron tomar por no asumir el costo político que implica o por su colusión en dichos actos de corrupción y no obstante las molestias que dichas medidas han ocasionado me alegra ver una mayoría de ciudadanos que aprueba este combate frontal a la deshonestidad. Ha iniciado una nueva etapa en el país, la honestidad y la honradez deben regir en el ejercicio del poder público y no olvidemos que la historia se construye con sacrificios. (M)
