Los procesos electorales tienen un componente fundamental, consistente en legitimar a las personas que ejercerán un cargo federal, estatal y municipal. Para ello, los partidos políticos y candidatos construyen estrategias propias de la actividad política para alcanzar los triunfos en cada uno de los procesos electorales.
Muchas de las actividades que se realicen por parte de los actores políticos dentro de los comicios están relacionados con la política, por lo que, la lucha por el poder es parte de esa actividad política. De hecho, la participación e identificación de los actores políticos se relaciona con los partidos y candidatos que lucha por los espacios públicos.
Sin embargo, la política también se extiende fuera de los procesos electorales e incluso más allá de los actores políticos tradicionales. Ante ello, los árbitros electorales, esto es, los órganos electorales han asumido un papel que, en algunos momentos tienen como actores políticos. Uno de los factores más importantes, quizá el único, que permite la participación de los órganos electorales como actores políticos, es el acceso al presupuesto para sus actividades anuales.
El acceso a recursos públicos en una sociedad donde no sobran e incluso es un bien escaso, provoca que las instituciones públicas (electorales y no electorales) luchen por obtener las cantidades que presupuestan para cumplir con sus funciones, a partir de una planeación propia.
Ahí, es cuando los órganos electorales asumen una función de actor político en la lucha por recursos económicos, situación que tiene riesgos, por dos razones:
- Por el riesgo que se corre de que las funciones que se realizan por los órganos electorales se mercantilicen y pierdan el sentido de su objetivo. Esto es, que cumplir las atribuciones esté totalmente ligado a tener dinero.
- Descomposición de la actividad institucional de los órganos electorales por mantener una acción como actor político, más allá de la lucha por su presupuesto, esto es, buscar incidir en diversos temas que no solamente son los que le competen en el cumplimiento de sus funciones.
Ante ello, los riesgos que se corren con la política electoral a partir de la lucha por el dinero, pueden desvirtuar la función de instituciones, cuya actividad se desarrolla principalmente en procesos electorales y bajo parámetros como racionalidad y austeridad, así como profesionalismo.
Lo mismo sucede con los órganos autónomos que, de igual forma, luchan permanentemente por el acceso a recursos y que ante la intención de contar invariablemente con los recursos que planifican como “indispensables” para poder realizar sus funciones, se pierden en un espacio en el que no deben de participar o no tan frecuentemente, como es la lucha política. Ello, porque si en los procesos electorales los actores pelean por ganar las elecciones, sabedores de que pueden ganar o perder, en el caso de los órgano electorales y autónomos, compiten contra ellos mismos y las instituciones del ejecutivo para tener más recursos, lo que sin duda puede llevarlos a ganar o perder, con una diferencia frente a lo que sucede en el caso de los partidos y candidatos, ya que los órganos electorales y los autónomos, siempre deben de realizar sus funciones, más allá del recurso, motivo por el cual, más que convertirse en actores políticos, deberán asumirse como instituciones con legitimidad social que permita que sus funciones se realicen más allá de los aspectos económicos.
