Las fosas clandestinas en México se han convertido en la expresión más infame y degradante de la violencia que ha padecido México desde hace dos décadas, causada principalmente por el empoderamientos de los grupos del narcotráfico. El número de personas desparecidas y asesinadas muestran el tamaño del problema que a toda costa se quiere minimizar con argumentos baladíes o cobijados por el silencio de las autoridades.
La clandestinidad de estos sepulcros y la desorganización con que operan las autoridades ocasionan la inconsistencia de las cifras de fosas y cuerpos. Pero cualquiera que sea el método o la fuente de información –ya sea hemerográfica, oficial, por estimaciones de los colectivos de búsqueda- muestra la profunda crisis humanitaria que enfrenta México. Si bien Michoacán no pertenece a la lista de entidades con el mayor número de fosas clandestinas encontradas en los últimos tres lustros, sí debe preocupar a las autoridades lo que ha ocurrido en el primer semestre de este año.
Calificar el hallazgo de una fosa con 26 cuerpos como un “hecho aislado”, tal como lo hizo el alcalde de Villamar, Froylán Zambrano, contribuye a minimizar el problema. Una comunidad en la que se encuentran decenas de cuerpos asesinados no puede considerarse “tranquila” ni “segura”.
Igual de lamentable es la declaración ofrecida por el alcalde de Uruapan, Ignacio Campos, de culpar de la inseguridad y demanda de drogas a los trabajadores de las huertas de aguacate, quienes, según él, han convertido al municipio en “una plaza donde hay demanda” de estupefacientes: “He dado el ejemplo que en Uruapan tenemos cerca de 15 mil cortadores de aguacate. Todos, se fuman uno o dos churritos y a veces es entendible para la labor que realizan”.
Tampoco basta con “estar enterados” de los hallazgos de las fosas, sin mostrar la más mínima preocupación ni empatía con las víctimas y sus familiares. El número de homicidios y desapariciones en Michoacán es o debería serlo, el tema de mayor preocupación en la agenda gubernamental.
Si bien no es nuevo el problema en la entidad –el documento Violencia y Terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017, elaborado por la Universidad Iberoamericana señala que en Michoacán se tienen registros de 69 fosas con 82 cuerpos, aunque la cifra varía según la fuente- sí debe implicar un tratamiento distinto al que gobiernos anteriores del PRI y PRD le han bridado al problema.
Y la Notaría es para…
No es noticia que la entrega de notarías en Michoacán sea para amigos, familiares de amigos y colaboradores cercanos del gobernador y su grupo en el poder. Así lo hacía el PRI, así lo hizo el PRD y así lo intentó Silvano Aureoles antes de concluir su mandato. Hoy las cosas tampoco son diferentes.
La entrega de notarías no fue para los cercanos de Aureoles Conejo –como Erick López Barriga, Lenin Sánchez, Galileo Herrera Tello o Ismael Sigala Páez- sino del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su partido quienes incluso algunos se encuentran laborando con él como Óscar Célis Silva y Paula Edith Espinosa Barrientos. No son iguales, como dice el Presidente, pero ¡cómo se parecen!
Claro que es una facultad del gobernador expedir estos nombramientos pero quizá sea tiempo de reformar la Ley del Notariado del estado para reconsiderar la figura del Notario Adscrito y los indicadores catastrales y registrales, así como poblacionales para evitar que se continúe con la entrega discrecional de notarías cada sexenio y se brinde mayor garantía a quienes ya cuenta con este encargo.
De nueva cuenta contra las corridas de toros
Es verdad que la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos y Protección para los Animales del estado de Michoacán, presentada por la diputada Máyela Salas, es limitada en muchos aspectos pero centra su argumento en una explicación detallada del sufrimiento a que son sometidos los animales durante este espectáculo sangriento. Apela a la conciencia y “humanidad” para prohibir, de una vez por todas, un entretenimiento cruento, brutal y despiadado que tiene como único sustento el dinero.
Ya, en anteriores legislaturas, han surgido propuestas similares, con argumentos irrebatibles por parte de destacados juristas –por ejemplo, la Dra. Rosa María de la Torre Torres, constitucionalista y experta en tema de los derechos de los animales- que se han encontrado con una barrera infranqueable por parte de poderosos empresarios y políticos que gustan de este espectáculo, por lo que se ve poco probable que en esta ocasión avance la propuesta desafortunadamente.
