Cuidar la salud de la niñez y la juventud mexicanas, la de sus maestros y la de sus familias es obligación irrenunciable del funcionariado nacional. A miles de servidores públicos se les emplea de tiempo completo para hacer valer las garantías constitucionales respectivas. Es lo que esperamos.
De acuerdo con las tasas de morbilidad y mortalidad, México ha sido muy afectado por la pandemia de COVID-19. Paralelamente, los actos de autoridad en torno al manejo de la pandemia han recibido fuertes cuestionamientos basados en evidencia por parte de expertos nacionales e internacionales. Hay razones para exigir acciones gubernamentales profilácticas, para salvar vidas y reducir sustancialmente los efectos colaterales.
Particularmente, deben elaborarse y aplicarse protocolos sanitarios escolares, acompañados de inversión pública, para que no sean los estudiantes, sus maestros ni sus familias quienes paguen por un derecho. Hacerlo es adelgazar las responsabilidades del estado, privatizar la salud e impulsar el darwinismo social.
Aunque es imprescindible reforzar las medidas sanitarias escolares, esto no ha sucedido. La inaceptabilidad de la situación impelió a Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, a emprender acciones legales para garantizar los derechos de la niñez y juventud en las escuelas. Se obtuvo un amparo que obliga a las autoridades federales en materia sanitaria y educativa a emitir un protocolo sanitario obligatorio para las escuelas del país y hagan disponibles todos los insumos necesarios para la prevención de contagios, sin costo alguno para los integrantes de las comunidades escolares, de manera equitativa y sin discriminación, toda vez que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó que las autoridades no establecieron las respectivas medidas de prevención. Este protocolo deberá ser elaborado por expertos y consultado entre los actores clave del sistema educativo nacional, debiendo contener mecanismos de control y seguimiento, que sean transparentes, claros e inclusivos.
De obedecerse el mandato, habrá un cambio significativo en la protección de las comunidades escolares. No es cosa menor, la estadística demuestra que hay vidas humanas pendiendo de un hilo y debemos exigir actuaciones extraordinarias de los funcionarios. La política pública no se trata de coser y cantar, ni de volverse famoso y hacerse millonario: hay que comprometerse a diseñar, ejecutar y mejorar continuamente medidas que solucionen la problemática que aqueja a la ciudadanía.
Ser servidor público debe ser mucho más profundamente entendido: más que actuar como influencer o comediante se trata de demostrar la integridad, preparación y experiencia de un cirujano social, de quien la precisión es esperable y exigible; en consciencia plena de que, en un simbólico quirófano gubernamental, cualquier eventual error genera y amplifica la pobreza, la desigualdad, la enfermedad, la muerte y el subdesarrollo.
Es tiempo de “que consideremos los destinos públicos como cargos de conciencia y de temporal desempeño, no como sinecuras y patrimonios explotables”, como exhortaba Melchor Ocampo en 1858. El arropamiento a la niñez y juventud es fundamental para demostrar la posesión de una mística de servicio ocampista.
Sí, cuidarnos es tarea de todos, pero velar por toda la población mexicana es responsabilidad gubernamental que debe cumplirse a cabalidad. Cuidarnos no es paternalismo, no es populismo, sino una garantía constitucional: todos tenemos derecho a la salud. Tampoco debe politizarse, ni convertirse en mero discurso. La autoridad que dicta la evidencia debe prevalecer; no la demagogia, la omisión ni la simulación. El costo de oportunidad de desobedecer el mandato judicial y trivializar el tema se traducirá en más morbilidad y mortalidad, más abandono escolar y en la ruptura de trayectorias escolares, entre otras desgracias.
Merecemos un gobierno garantista, previsor y protector del derecho a la salud de las generaciones en formación, de sus maestros y sus familias. En la medida en la cual podamos contar con protocolos integrales e inversión pública se podrán a su vez garantizar los derechos que se ejercen presencialmente en los planteles escolares: a estar, a convivir, participar y a aprender. Por la salud escolar exijamos se cumpla y se haga cumplir la ley.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
*Doctor en ciencias en desarrollo regional y director general de Mexicanos Primero capítulo Michoacán.
