Intentar controlar los índices de contagios del Covid-19 en Michoacán por medio de decretos parece que se ha convertido en una práctica común que, lamentablemente, ha ofrecido resultados muy cuestionables. Ciertamente las intenciones plasmadas en los ordenamientos son plausibles pero solo han servido para continuar la simulación en la atención a esta histórica pandemia.
Desde el primer Decreto firmado por el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, en abril de 2020, cuando iniciaba la pandemia, que ordenaba aislamiento obligatorio y establecía normas estrictas para la circulación, bajo la amenaza de que quien incumpliera podría ser arrestado, recibir multas de ocho mil 600 pesos o trabajo comunitario, hasta el nuevo Decreto anunciado por el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, el pasado 27 de diciembre de 2021, para contener la inminente aparición de la variante Ómicron, todo ha sido simulación.
Lo cierto es que no se respetaron las medidas estipuladas en los Decretos. Más aún, en la etapa de Ómicron, los centros comerciales, restaurantes y en general cualquier espacio público, lució a su máxima capacidad, sin respetar, muchos de ellos, las medias establecidas en el Decreto. Hoy que nuevamente los índices de contagio del Covid han alcanzado niveles históricos se pretende emitir nuevos ordenamientos para reiterar las mismas disposiciones que no han sido capaces de hacerlas cumplir. Afortunadamente, el porcentaje de personas con esquema completo de vacunación supera el 80%, lo que evitó un colapso del sistema sanitario mayúsculo.
Lo cierto es que pese a las advertencias, los gobiernos –de los tres órdenes- hicieron caso omiso de las advertencias sobre el nivel de contagio y potencial daño de la variante Ómicron y prefirieron afrontar las consecuencias. Claro que para eso precisamente sirvieron los decretos, para justificar que tomaron medidas para atender la pandemia, aunque solo fue en el escritorio.
Lo curioso ahora es que sea Morena, ya como gobierno estatal, el que promueva decretos para controlar la pandemia. Justamente hace un año, cuando el exgobernador Silvano Aureoles proponía algunas medidas de restricción sanitarias –como el cierre de tianguis y mercados los domingos en 22 municipios, entre ellos Morelia-, el exalcalde Raúl Morón declaraba que consensaría las propuestas con todos los sectores para evitar que fueran “medidas autoritarias”.
Salud bajo la lupa
No solo porque mucha de la información que se dio por cierta durante el gobierno de Silvano Aureoles ha sido corregida por la nueva administración, sino por los recientes señalamientos de supuestos hechos de corrupción detectados en el sector, colocan a la Secretaría de Salud bajo la lupa.
Ya de por sí genera inquietud que el nuevo gobierno asegure que el abasto de medicamentos estaba al 40%, cuando fue una de las principales líneas informativas del gobierno Silvanista haber garantizado al menos el 80 % en Michoacán; de igual forma, referirse solo a 364 centros de salud cuando estaba documentado la existencia cuando menos de 450 en toda la geografía michoacana. Y es en este sector en que Aureoles Conejo sentó quizá su mayor legado para Michoacán, aunque al parecer esto podría cambiar.
Ahora con la investigación realizada por las periodistas Patricia Monreal y América Juárez sobre el contrato entre el Gobierno de Silvano Aureoles y la empresa Movimedical para realización de mastografías en todo el territorio estatal y que, según el reportaje, se pagaron a precios superiores al ofrecido a otros estados y además dejaron de realizarse al menos 27 mil de las pactadas en los primeros tres años, ha puesto a la Secretaría de Salud en el ojo del huracán. Y es que el tercer secretario de Salud de Silvano Aureoles fue precisamente el actual titular de la dependencia con Alfredo Ramírez Bedolla, Elías Ibarra.
Comisión de Estatal de Búsqueda de Personas
Por fin el jueves 20 de enero ya fue publicado en el Periódico Oficial la propuesta para quien encabece la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, órgano desconcentrado que lleva meses acéfala. La responsabilidad caería en José Alfredo Tapia Navarrete, abogado nicolaita y maestro en Derecho Constitucional, académico y cercano a una de las piezas más influyentes dentro de la Secretaria de Gobierno. La tarea no es nada fácil: más de mil 500 personas en esa condición podrían abarcar el universo del problema.
