La semana pasada hablaba sobre algunos de los factores que generan la ingobernabilidad en nuestro país y como la corrupción va de la mano de cada uno de ellos. Para concluir con este tema abordaré las políticas de drogas y control de armas del vecino país del norte. Estos son, especialmente destructivos para México por lo que se deben tener en cuenta, por ser de los temas más complejos para el Estado mexicano, ya que además abona en los altos índices de impunidad.
La frontera entre Estados Unidos y México soporta el tráfico más intenso del mundo, un tráfico que depende de las diferencias entre los dos países: como la mano de obra es más barata a un lado, los trabajadores atraviesan la frontera para pasar al otro a trabajar y obtener un salario más digno, lo mismo ocurre con cualquier otra mercancía. Pero para que este tráfico sea real depende también, de las diferencias entre los dos sistemas legales y el coste de los servicios.
México tiene un sistema policial más débil y corrupto; Estados Unidos por su parte permite la venta legal de armas, con mínimas regulaciones, esto provoca que la frontera entre ambos países se convierta en un polvorín, debido, primeramente a la tentación a la que se someten las autoridades de permitir que se lleven a cabo las actividades ilegales, lo que es natural e incluso perfectamente previsible. Los resultados de esta mezcla son letales. México paga un precio desproporcionado por los hábitos de consumo de drogas y las leyes del uso de armas en el país vecino.
Los altísimos niveles de violencia en México, en gran medida, se deben al crimen organizado y el fracaso de la política de “abrazos no balazos” se ve reflejada en la crisis humanitaria que genera los desplazamientos forzados, los secuestros, robos, asesinatos a plena luz del día, extorsiones, en fin un sinnúmero de vejaciones a la sociedad donde las autoridades de los tres niveles de gobierno se han visto rebasadas en todos los sentidos.
La ingobernabilidad de México, va de la mano de la corrupción y la impunidad que se ejercen en el día a día. Si bien, los antecedentes históricos del país intentan explicar el porqué de la corrupción, la incógnita sigue en el aire… ¿Qué hacer para erradicarlas?
Es claro que existe una aversión natural de los mexicanos por la autoridad y las instituciones, pero tratar de explicarlas es el dilema del huevo y la gallina. El mexicano es desconfiado por naturaleza, sabe que no cuenta con un sistema gubernamental que lo respalde, que busque legítimamente su bienestar. Se reconoce cliente del partido en el poder por lo que prefiere, hacerse de la vista gorda y tomar las dádivas que éste le otorga. O sea, favorece a la corrupción.
Por fortuna, cada día existen más mexicanos conscientes, preocupados por el rumbo del país, por su prosperidad y la fortaleza de sus instituciones que son las únicas que pueden y podrán garantizar que prevalezca el Estado de Derecho; mexicanos que buscan fervientemente que atrás quede el Paternalismo de antaño.
La clase gobernante debe evolucionar, dejar atrás las viejas praxis del dedazo y los destapes. El hartazgo generalizado debería ser, para ellos, una señal de alerta que les motivara a modificar el discurso, a despojarse de la demagogia. Pero salir de la zona de confort no es fácil, el amor al poder ha trascendido al tiempo, el espacio, los principios y hasta los partidos. La falta de identidad política los ha llevado a parecer merolicos de feria, un día con una corriente, una línea, un discurso; al otro día, se convierten en adversarios de la ideología a la que juraron pertenecer.
Es por esto, que la sociedad debe buscar transitar hacía un estadio de certeza y legalidad que le permita tener un sano desarrollo económico – social; debe educarse en política, leyes y derechos para que nadie se los pueda pisotear; debe exigir a la clase política que rinda cuentas, que respete la ley y las instituciones que le garantizan una auténtica separación de poderes que procuren el bien común, no de los pobres, no de los ricos… de todos los mexicanos. Solo así y solo entonces nuestro país podrá gozar de una verdadera gobernabilidad.
