Pese a los profundos problemas económicos que enfrenta el gobierno y la permanente campaña de desprestigio emprendida por Silvano Aureoles contra el gobernador electo, Michoacán se encuentra aún en relativa calma pero depende de tres factores para evitar el surgimiento de una grave crisis social: la ratificación del triunfo de Alfredo Ramírez por parte de la Sala Superior del TEPJF, el apoyo económico inmediato de la Federación y un comportamiento sensato de la oposición en el Congreso.
Silvano Aureoles dejará un estado al borde de una crisis política, financiera y de seguridad que puede evitarse, o cuando menos atemperarse, con el respaldo del Gobierno de la República, con el cual mantiene una relación ríspida y lejana; ninguna similitud con el 2015, cuando el proceso de entrega-recepción se realizó en medio de un proceso terso y amable y con el total respaldo del presidente Enrique Peña Nieto.
Después de seis años, Michoacán se encuentra al borde de una crisis financiera provocada por derroches y falta de proyectos adecuados que lo han orillado a pretender vender una parte importante del patrimonio estatal. La administración silvanista concluirá en medio de manifestaciones, paros laborales, bloqueos carreteros y de vías férreas y la exigencia de trabajadores de los tres poderes, órganos autónomos, sindicatos, por la falta de pagos.
Con este malestar crece la exigencia de explicaciones sobre el manejo financiero de los recursos públicos, de los gastos millonarios en rentas de inmuebles para oficinas públicas –120 millones de pesos al mes, es decir, mil 400 millones al año, según reconoció el propio mandatario estatal en febrero- más de mil millones de pesos en el alquiler de helicópteros durante el sexenio –según han denunciado integrantes del equipo de transición de Ramírez Bedolla-, 63 millones de pesos en renta de camionetas blindadas y el destino de más de 4 mil millones de pesos de la nueva deuda adquirida recientemente.
La culpa del problema financiero que padece hoy el gobierno estatal no deriva del incumplimiento del Gobierno de la República en retrasar la “federalización” de la nómina magisterial, sino en el despilfarro y la falta de programas de austeridad efectivos durante el sexenio. Pese a ello, al igual que ocurrió hace seis años, el respaldo de la Federación puede brindarle una nueva oportunidad a Michoacán para estabilizar sus finanzas pero ello dependerá de evitar una confrontación política.
¿Rector como interino?
Flaco favor le hacen a la Universidad Michoacana quienes promueven al actual rector nicolaita Raúl Cárdenas Navarro como gobernador interino en caso de que el TEPJF invalide la elección del pasado seis de junio.
De todos es conocida la profunda amistad que mantiene con Silvano Aureoles, de quien ha recibido elogios y respaldo económico para atender las enormes necesidades que enfrenta la Casa de Hidalgo, especialmente en el último trimestre de cada año, y por ello algunos grupos sindicalistas pretenden aprovechar esa etiqueta de “silvanista” para dinamitar los puentes de entendimiento con el gobernador electo, Alfredo Ramírez, quien afortunadamente ha mostrado una total disposición de ayudar a la UMSNH para enfrentar su crisis financiera.
Pero la última palabra la tendrán los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, cuando califiquen la elección y determinen si las pruebas y argumentos presentados por el Equipo por Michoacán resultan o no determinantes para invalidad la elección del pasado seis de junio.
PRI ¿Cuáles bases?
A más de un príista le sacó una sonrisa la declaración del dirigente estatal del PRI, Eligio González durante una reunión con militantes del municipio de Lázaro Cárdenas cuando habló de respeto a la militancia y a los valores del partido. Por lo pronto, tardarán muchos años en quitarse la etiqueta de PRIANISTAS y, en el caso de Michoacán, de silvanistas.
