El asesinato del empresario Mario García Rosales, en pleno Centro Histórico de la capital michoacana, a solo una cuadra de la Cámara de Diputados, en medio de cientos de policías, filtros de seguridad, cámaras de vigilancia y miles de personas que acudían al concierto del grupo musical Bronco, muestra la total ineficacia de la estrategia de seguridad implementada en Morelia. Lo más preocupante, quizá, fue la indolencia mostrada por las autoridades después del homicidio, ya que solo expresaron su satisfacción por el éxito del espectáculo ofrecido como parte central de la celebración por el 481 aniversario de la fundación de Morelia.
En sus redes sociales, el alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, presumía el operativo de seguridad implementado en coordinación con el Gobierno estatal para garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos. El edil compartía fotografías supervisando los filtros de seguridad, mientras la Policía Morelia informaba sobre “un despliegue de 250 elementos de la Policía Morelia, 180 efectivos coordinados estatales, Unidad Canina “K9”, la Unidad Aérea “Cóndor”, torres de vigilancia y patrullas inteligentes de monitoreo…”
Al final, se registró el homicidio del empresario sin que el alcalde, el comisionado de Seguridad o el director de la Policía ofrecieran una declaración o alguna impresión en sus redes sociales. Optaron mejor por compartir los pormenores del concierto que se realizó minutos después de un asesinato a balazos y a solo unos metros del lugar.
Quizá por estas mezquindades los resultados de las encuestas ubiquen al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, en los últimos lugares de los alcaldes de las 32 capitales del país y entre los peor evaluados entre los ediles michoacanos, tal como lo muestra la encuesta Rubrum, recientemente difundida.
En la “Encuesta 15 municipios de Michoacán”, Alfonso Martínez lo ubican en el antepenúltimo lugar en cuanto el rubro “Trabajo/Desempeño”; en el penúltimo sitio en el rubro “Servicios públicos”; en el antepenúltimo en el rubro “Cercanía” y en el lugar 11 en el rubro “Percepción de seguridad en la ciudadanía”.
“Alito” ¿hunde al PRI?
De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, Alejandro Moreno, es el peor dirigente nacional que ha tenido el PRI. Cuando tomó las riendas del tricolor gobernaban 14 estados de la República pero tan solo en los comicios del 2021 perdieron 8 entidades y de acuerdo con las encuestas para las elecciones del próximo 5 de junio se prevé que pierdan también Hidalgo y Oaxaca.
Pero más allá de los resultados electorales, el dirigente nacional del PRI se ha caracterizado en las últimas semanas en protagonizar escándalos ligados a presuntos hechos de corrupción, como la exigencia de dinero a proveedores en los estados en donde todavía gobiernan e incluso involucrar en una serie de delitos a una de las empresas de mayor prestigio del país como Cinépolis.
Es imprescindible que se inicie una investigación y se deslinden responsabilidades, como exige la empresa de la familia Ramírez, para aclarar los dichos del dirigente nacional priísta, difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a través de un audio –obtenido de manera ilegal, por cierto- porque se presume la comisión de diversos delitos electorales y por hechos de corrupción como la entrega de 25 millones de pesos al PRI para financiar campañas políticas.
El “estilo Morena”
El proceso para la desincorporación del predio del antiguo CERESO “Francisco J, Múgica” de Morelia para entregárselo al lMSS como parte del pago de la deuda que tiene con ellos el Gobierno de Michoacán -para que ahí se construyen las oficinas centrales de la institución- muestra el “estilo” Morenista de hacer las cosas, tal como ha sucedido con las grandes obras de la actual administración federal.
Desde diciembre de 2021, por medio de un comunicado, el IMSS anunciaba la construcción de las oficinas en dicho predio sin que el gobierno estatal contará entonces ni con la anuencia municipal ni la autorización del Congreso para su desincorporación del patrimonio estatal. Los legisladores locales, con toda razón, les piden, cuando menos, los pormenores del proyecto y el acuerdo con el IMSS que siguen siendo, hasta hoy, todo un misterio.
