El Gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha establecido claramente las prioridades de la Cuarta Transformación para la segunda parte de su administración -Reforma Energética y la sucesión en 2024- y para ello cuenta con el total y absoluto respaldo de los nuevos gobiernos estatales emanados de Morena.
Durante su visita a Michoacán, el Presidente López Obrador fue muy claro al establecer el trato que tendrá con los nuevos gobernadores emanados de Morena a quienes los considera casi como sus empleados y les asigna tareas que corresponden a los otrora llamados “súper delegados”. La dependencia casi absoluta al Gobierno de la República en temas financieros y de seguridad pública ha convertido a algunos gobiernos casi en “paraestatales”.
Esta línea marcada desde Palacio Nacional también obliga a las nuevas dirigencias estatales morenistas y a sus grupos parlamentarios a socializar los “beneficios” que traería al país las reformas en materia energética, principalmente en el sector eléctrico, y a sumar tanto respaldo político como apoyos del empresariado local.
La tarea no será sencilla y seguramente implicará la repartición de espacios de poder en la administración pública y el respaldo a proyectos presentados por grupos de la iniciativa privada que le habían apostado a otras opciones políticas, permitiendo con ello “matar dos pájaros con la misma piedra”: imponer la reforma energética y fragmentar la oposición para mantenerse en el poder. El costo, por supuesto, es alto: convertirse en un partido sin identidad ideológica.
Por lo pronto, el nuevo gobierno ha decidido ser congruente y apostarle a trabajar con la estructura del pasado gobierno y realizar cambios solo en los cargos de “primer nivel”, a fin de cuentas casi todos colaboraron con Silvano Aureoles de manera directa o indirecta. Pero el colmo para algunos morenistas ha sido la designación de César Augusto Ocegueda Robledo como Consejero Jurídico, quien en el 2018 fue calificado como “antimorenista” y prácticamente vetado por las y los diputados de ese partido durante el periodo en que Alfredo Ramírez Bedolla fue su coordinador. Hoy, ninguna de aquellas voces críticas, se alzó para protestar.
CEDH ¿un elefante reumático, mañoso e inútil?
Desde hace muchos años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha enfrentado una serie de señalamientos que han mermado su credibilidad como un organismo enfocado a crear una cultura de respeto a los derechos humanos. Las críticas al organismo han sido variopintas -despilfarros, opacidad, reparto de cuotas partidistas y manejo político en sus actuaciones- pero el resultado del Informe del órgano interno de control, contenido dentro del Informe Anual de Actividades 2020-2021 rebasa todas ellas.
El informe señala que en algunos expedientes se registraron inconsistencias tales como que quienes levantaron las comparecencias y dieron las orientaciones carecían de fe pública; el proceso de canalización –cuando el asunto no era competencia de la CEDH- en algunas ocasiones no hubo ningún tipo de seguimiento para tener constancia de que la petición fue atendida; la admisión de algunas quejas fueron hechas por personal que carece de fe pública en sus actuaciones para verificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas, inconformidades, declaraciones y demás documentos presentados ante la Comisión; muchos expedientes estaban mal integrados; en algunos casos la queja se integró con el nombre del promovente y no del directo agraviado o a nombre de terceros.
Y, por ello, muchos se preguntan si nunca se percataron de todos estos problemas el actual titular de la CEDH, Marco Antonio Tinoco -cuando fue Consejero Ciudadano del organismo- o el actual Secretario Ejecutivo, cuando fungía como coordinador de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, Ángel Botello. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todos estos errores?
SSP de nuevo en la polémica
La Secretaría de Seguridad Pública nuevamente se encuentra en el centro de la polémica por el nombramiento de Eduardo Bailleres Mendoza como nuevo Director de Tránsito y Movilidad del Estado y por la incorporación de Julio César Larios Bocanegra en el departamento de Recursos Materiales.
El primero por ser el director del Centro Penitenciario de Culiacán durante el llamado “Cualiacanazo”, cuando se fugaron 55 reos y el segundo por aparecer como contacto –cuando fungía como subdirector jurídico del CADPE- en el catálogo de propiedades del Gobierno de Michoacán que pretendía vender Silvano Aureoles Conejo en los últimos días de su administración y que generó una serie de protestas de Morena.
