Ante la crisis de inseguridad que aqueja a la entidad, principalmente por los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el “control del territorio”, el Plan de Seguridad del Gobierno estatal ha generado opiniones encontradas: para la oposición ha sido errático, ocurrente y por momentos incongruente incluso con la propia posición de Morena y para otros simplemente es construir una política de seguridad con orden y transparencia.
Para comenzar, la propuesta de regular las llamadas “guardias comunitarias” en las comunidades indígenas, surgidas ante la falta de seguridad y la creciente desconfianza en la policía municipal y estatal, significaría reconocer el derecho que tienen los consejos indígenas de contar con sus propios cuerpos de seguridad y dotarlos de armamento, uniformes y vehículos para realizar dicha labor que desde 2009 en la comunidad nahua de Santa María Ostula y 2011 en la comunidad purépecha de Cherán se viene realizando ante la mirada complaciente de las autoridades.
Pero aunque el fundamento legal para reconocer las guardias comunitarias está centrado en el reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas, sus argumentos y motivaciones son los mismos de quienes no pertenecen a ninguna etnia y padecen los graves problemas de inseguridad que los ha llevado a conformar los llamados grupos de autodefensa pero que no reciben ningún reconocimiento ni legal ni político. Tanto derecho tienen quienes viven en Aguililla, Tepalcatepec o Zamora de contar con cuerpos de seguridad “confiables” que los habitantes de Ostula o Cherán.
También ha sido cuestionada y considerada incongruente la propuesta de Ramírez Bedolla de crear una versión estatal del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios (Fortaseg) cuando a nivel nacional legisladores morenistas y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador han argumentado que quienes se manifiestan a favor del fondo “defienden la corrupción”.
De igual forma la oposición ha cuestionado el resurgimiento del llamado Mando Único policial en Michoacán, programa que fue bien recibido al inicio de la administración de Silvano Aureoles Conejo –excepto por Alfonso Martínez en Morelia- al firmarlo 110 gobiernos municipales pero ahora la confianza en la efectividad del mismo se redujo considerablemente –solo lo firmaron 75 alcaldes- con justificados argumentos. Ahora la tarea de convencimiento recae en el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aunque desde ahora se percibe que la negativa se mantenga más por diferencias políticas que técnicas.
Hasta el momento no hay ninguna propuesta innovadora que haga prever un cambio sustancial en materia de seguridad, especialmente en las regiones y municipios en donde se ha desbordado la criminalidad. Un buen comienzo, al menos, sería un cambio drástico de actitud de los elementos policiacos en su trato con la ciudadanía.
IMAIP: refugio de… recomendados
Durante la sesión extraordinaria del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) fue aprobada la nueva estructura del organismo que registró un enorme incremento en el número de sus trabajadores al pasar de 50 a 82 personas.
Lo que ha llamado la atención es que muchos de los puestos de la nueva estructura del organismo han sido asignados a exdiputados y extrabajadores del Congreso del estado, relacionados con partidos políticos. Por ejemplo el nombramiento del exdiputado del PRD, Octavio Ocampo Córdoba como Coordinador Administrativo con un sueldo base de $61, 831.87 pesos.
Tribunal Electoral bajo la lupa
A la denuncia efectuada por la expresidenta del Tribunal Electoral de Michoacán, Yolanda Camacho Ochoa, y publicada por El Sol de Morelia, por supuesta violencia política en razón de género en contra de dos magistrados del mismo organismo, se debe sumar la actitud asumida por uno de ellos y quien actualmente se detenta como presidente del organismo, Salvador Alejandro Pérez Contreras.
El servidor público quizá en una suerte de vendetta contra el medio de comunicación que publicó la denuncia se ha negado a atender a los reporteros de esta empresa editorial para conocer su postura frente a la denuncia. Sería muy grave también que a partir de la publicación de esta información haya impuesto un veto al periódico para la contratación de espacios publicitarios porque estaría incurriendo en lo que se conoce como “censura indirecta” por medio del control arbitrario y faccioso de la publicidad oficial.
En los “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y Libertad de expresión”, elaborado por la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, establece: “La distribución arbitraria de publicidad oficial, como otros mecanismos de censura indirecta, opera sobre distintos tipos de necesidades que los medios de comunicación tienen para funcionar e intereses que pueden afectarlos. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión”.
