/ domingo 3 de abril de 2022

¿Protección a periodistas? Más de lo mismo (Parte 2)

La Ley de Protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Michoacán resultó “letra muerta” como lo reconoció el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Luego de su aprobación y publicación el 14 de agosto del 2018 quedaron en el olvido las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico hasta que nuevamente se registraron asesinatos que obligaron al gobierno a reaccionar.

Lo cierto es que desde la publicación del Reglamento de la Ley, en junio de 2019, nunca se atendió la disposición de instaurar el Sistema Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fundamental para la activación de los mecanismos de prevención y protección frente a amenazas y agresiones, así como la elaboración de diagnósticos e informes sobre la situación en materia de seguridad que viven o padecen quienes se dedican a estas actividades.

Se registraron, sin embargo, algunas acciones emprendidas desde el gobierno estatal, como la creación, por medio de decreto publicado en octubre de 2017, de la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que trabajaría alineada al protocolo del Mecanismo Federal de Protección y tendría entre otras funciones “monitorear y atender los casos de agresiones” contra periodistas. Sus integrantes, sin embargo, eran funcionarios de la SSP, PGJE, CGCS y la Secretaría de Gobierno, además de “personal especializado”. Este anuncio se daba tres meses después del secuestro y asesinato del periodista Salvador Adame Pardo, director del Canal 6 de Nueva Italia.

También a través de la Coordinación General de Comunicación Social se ofrecieron cursos y talleres a periodistas y comunicadores en diversas regiones de la entidad en septiembre de 2018, como el denominado “Técnicas y estrategias de autoprotección”, con el objetivo de brindarles “conocimientos y habilidades sobre protocolos de autoprotección, primeros auxilios, actuaciones del Primer Respondiente, normas internacionales del uso de la fuerza, técnicas de control y desintoxicación ante la exposición de agentes químicos, y otros rubros”. Resulta curioso que uno de esos cursos se efectuara en Zitácuaro, municipio donde fueran asesinados dos periodistas este 2022 y amenazados otros comunicadores, quienes han optado por cerrar momentáneamente sus noticiarios y abandonar su lugar de residencia, sin haber obtenido ninguna protección.

No obstante, la violencia contra periodistas y medios de comunicación en Michoacán no ha estado centrada exclusivamente en los homicidios y desapariciones, sino en las amenazas veladas, intimidaciones y presiones por parte de quienes ejercen el poder público, ya sea por medio de agresiones físicas y verbales hasta el uso del presupuesto para condicionar el manejo informativo, práctica que se ha normalizado en la entidad. Ahí quedan las quejas presentadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso las recomendaciones de organizaciones internacionales de reconocido prestigio como la presentada por Artículo 19, publicada el 24 de febrero de 2017 titulada “Gobierno de Michoacán debe abstenerse de censurar periodistas”.

Es así que luego de los asesinatos de los dos periodistas michoacanos –aunque uno de ellos, Roberto Toledo, no sea reconocido como tal por el Gobierno de la República, lo que implica una nueva agresión- se reactivó la “preocupación” del gobierno, federal y estatal, por garantizar los derechos de libertad de expresión y derecho a la información de periodistas y comunicadores, aunque centrándose exclusivamente en la violencia física que deriva en asesinatos, dejando en el olvido las otras agresiones que son igual de preocupantes porque derivan en censura directa o indirecta, vulnerando con ello derechos humanos. No debemos olvidar que de acuerdo con Artículo 19, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas, el bloqueo o alteración de contenido son las agresiones más recurrentes y en gran medida son ejercidas por servidores públicos.

La respuesta institucional del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha sido mantener reuniones con algunos periodistas. Por ejemplo, el 16 de marzo de 2022, la Coordinación General de Comunicación Social, convocó a instalar mesa de trabajo para la protección de periodistas y “para definir una agenda de acciones en favor del libre ejercicio del periodismo, y preservar la integridad de las y los trabajadores de medios de comunicación”. También se han registrado reuniones con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado para exponer las preocupaciones por las agresiones físicas sufridas en el cumplimiento de su labor periodística y por la impunidad que persiste luego de los homicidios y desapariciones ocurridas en los últimos años.

Por ello, el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la cuestión de la impunidad, establece, entre otras cosas, que “La promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad”.


La Ley de Protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Michoacán resultó “letra muerta” como lo reconoció el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Luego de su aprobación y publicación el 14 de agosto del 2018 quedaron en el olvido las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico hasta que nuevamente se registraron asesinatos que obligaron al gobierno a reaccionar.

Lo cierto es que desde la publicación del Reglamento de la Ley, en junio de 2019, nunca se atendió la disposición de instaurar el Sistema Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fundamental para la activación de los mecanismos de prevención y protección frente a amenazas y agresiones, así como la elaboración de diagnósticos e informes sobre la situación en materia de seguridad que viven o padecen quienes se dedican a estas actividades.

Se registraron, sin embargo, algunas acciones emprendidas desde el gobierno estatal, como la creación, por medio de decreto publicado en octubre de 2017, de la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que trabajaría alineada al protocolo del Mecanismo Federal de Protección y tendría entre otras funciones “monitorear y atender los casos de agresiones” contra periodistas. Sus integrantes, sin embargo, eran funcionarios de la SSP, PGJE, CGCS y la Secretaría de Gobierno, además de “personal especializado”. Este anuncio se daba tres meses después del secuestro y asesinato del periodista Salvador Adame Pardo, director del Canal 6 de Nueva Italia.

También a través de la Coordinación General de Comunicación Social se ofrecieron cursos y talleres a periodistas y comunicadores en diversas regiones de la entidad en septiembre de 2018, como el denominado “Técnicas y estrategias de autoprotección”, con el objetivo de brindarles “conocimientos y habilidades sobre protocolos de autoprotección, primeros auxilios, actuaciones del Primer Respondiente, normas internacionales del uso de la fuerza, técnicas de control y desintoxicación ante la exposición de agentes químicos, y otros rubros”. Resulta curioso que uno de esos cursos se efectuara en Zitácuaro, municipio donde fueran asesinados dos periodistas este 2022 y amenazados otros comunicadores, quienes han optado por cerrar momentáneamente sus noticiarios y abandonar su lugar de residencia, sin haber obtenido ninguna protección.

No obstante, la violencia contra periodistas y medios de comunicación en Michoacán no ha estado centrada exclusivamente en los homicidios y desapariciones, sino en las amenazas veladas, intimidaciones y presiones por parte de quienes ejercen el poder público, ya sea por medio de agresiones físicas y verbales hasta el uso del presupuesto para condicionar el manejo informativo, práctica que se ha normalizado en la entidad. Ahí quedan las quejas presentadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso las recomendaciones de organizaciones internacionales de reconocido prestigio como la presentada por Artículo 19, publicada el 24 de febrero de 2017 titulada “Gobierno de Michoacán debe abstenerse de censurar periodistas”.

Es así que luego de los asesinatos de los dos periodistas michoacanos –aunque uno de ellos, Roberto Toledo, no sea reconocido como tal por el Gobierno de la República, lo que implica una nueva agresión- se reactivó la “preocupación” del gobierno, federal y estatal, por garantizar los derechos de libertad de expresión y derecho a la información de periodistas y comunicadores, aunque centrándose exclusivamente en la violencia física que deriva en asesinatos, dejando en el olvido las otras agresiones que son igual de preocupantes porque derivan en censura directa o indirecta, vulnerando con ello derechos humanos. No debemos olvidar que de acuerdo con Artículo 19, la intimidación y el hostigamiento, las amenazas, el bloqueo o alteración de contenido son las agresiones más recurrentes y en gran medida son ejercidas por servidores públicos.

La respuesta institucional del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha sido mantener reuniones con algunos periodistas. Por ejemplo, el 16 de marzo de 2022, la Coordinación General de Comunicación Social, convocó a instalar mesa de trabajo para la protección de periodistas y “para definir una agenda de acciones en favor del libre ejercicio del periodismo, y preservar la integridad de las y los trabajadores de medios de comunicación”. También se han registrado reuniones con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado para exponer las preocupaciones por las agresiones físicas sufridas en el cumplimiento de su labor periodística y por la impunidad que persiste luego de los homicidios y desapariciones ocurridas en los últimos años.

Por ello, el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la cuestión de la impunidad, establece, entre otras cosas, que “La promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad”.