Cada día que pasa se acumulan las incongruencias en el incipiente gobierno emanado de Morena. Ahora, al proponer un nuevo reemplacamiento vehicular para el 2022 inevitablemente resurgen las palabras de la exdiputada morenista Laura Granados Beltrán durante la administración encabezada por Silvano Aureoles, cuando propuso exactamente lo mismo: “el reemplacamiento vehicular se ha convertido en un abuso de poder de parte de los estados debido (a) que lo utilizan solo para recaudar dinero”.
La iniciativa -propuesta por la entonces legisladora de Morena en octubre de 2019- consistía en reformar el artículo 48, primer párrafo y se adiciona un segundo y tercer párrafo a la Ley de Tránsito y Vialidad y artículo 106, penúltimo párrafo de la Ley de Hacienda, ambas del estado de Michoacán, para que el canje de placas fuera gratuito para aquellos propietarios de automotores que hubieran cumplido en tiempo y forma con el pago de derechos de los trámites.
La idea era que las placas vehiculares fueran permanentes y solo se solicitara su reposición en caso de robo, extravío o deterioro o por cambio de propietario; en cualquier forma, la iniciativa estaba orientada a evitar que en cada nueva administración se hicieran reemplacamientos afectando con ello la economía de las y los michoacanos.
Pero hoy el gobierno emanado de Morena propone un nuevo reemplacamiento con el simple argumento de que se cumple con “recomendaciones” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener control sobre el flujo de vehículos que circulan en el territorio estatal, lo cual es parciamente falso. Los gobiernos anteriores han utilizado, manipulado sería el término más exacto, un Acuerdo de la SCT –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25/09/2000- que permitía el canje de placas en las entidades federativas cada cierto periodo mientras se hubieran “actualizado los padrones vehiculares y enlazado los sistemas informáticos de los bancos de datos de los registros y autorizaciones vehiculares del autotransporte federal con cada uno de los padrones vehiculares de las diferentes entidades federativas”, pero eso fue hace 20 años.
En realidad, el Acuerdo señala que “la vigencia de las placas será de tres años contados a partir que las entidades federativas y el Distrito Federal hayan realizado sus canjes respectivos, por lo cual las entidades federativas y el Distrito Federal, una vez concluido el periodo de vigencia de los tres años, solicitarán a la Secretaría la autorización de características y especificaciones de las nuevas placas”, con la intención unicamente de mantener un control del parque vehicular, lo cual ha sido aprovechado por los gobiernos en turno para allegarse de recursos, es decir, se podría “cumplir” con el citado Acuerdo cobrando únicamente el costo de los materiales, lo cual sería una décima parte de lo que hoy se pretende, por lo tanto sí existe un interés económico.
Propuestas hay muchas, incluso emanadas desde la academia y la sociedad civil, como la elaborada por el académico nicolaita Guillermo Vargas Uribe y entregada a diputados y senadores de Morena, incluido al actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que consiste en implementar placas únicas como un mecanismo efectivo de seguridad; con ello se fortalecería la seguridad pública y, al mismo tiempo, se cuidaría la economía. La propuesta puede ser consultada en el número 59 de la Revista Realidad Económica de México, de abril-junio, 2019, p. 44 de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bajo el título: “El Registro Nacional Único de Vehículos como una Herramienta Necesaria para Combatir la Crisis de Seguridad y Mejorar la Economía de México”.
Obviamente tampoco se prevé que en Michoacán algunos partidos políticos como el Verde Ecologista promueva amparos en contra de la medida como ocurrió en el Estado de México, cobro que por cierto fue apoyado por Morena.
CPC Anticorrupión en confrontación.
Será este martes 30 de noviembre que está prevista la audiencia constitucional entre quien promovió el juicio de amparo 1062/2021-1-2 de nombre Marcelino Ramírez Morales contra actos de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Michoacán. Se espera que en los próximos días se promuevan más amparos para impedir que Carlos Alberto Gamiño García rinda protesta como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana…
Luego de los argumentos y forma de proceder de los integrantes de la Comisión de Selección, más de alguno considera que deberían presentar su dimisión para convocar a un nuevo cuerpo colegiado que cuente con más credibilidad.
