/ lunes 6 de septiembre de 2021

Reivindicar la legitimidad

En los últimos meses se ha dado un debate fuerte sobre los costos de las elecciones, así como de otros procedimientos propios de la democracia directa como es la consulta popular y la revocación de mandato. Todos esos procedimientos, son realizados por el INE, por lo que el debate del presupuesto de dicho órgano autónomo se pretende centrar en si se pueden o no realizar dichos mecanismos democráticos, si se tiene o no dinero. Ello se hace, por cierto, haciendo de lado, el alto costo de la burocracia electoral y del financiamiento público a los partidos políticos.

Sin embargo, el debate sobre el costo económico de los procedimientos democráticos de las elecciones, consulta popular y revocación de mandato, está desviando el sentido real y fundamental de dichos procedimientos democrático, el cual se constituye en la legitimidad de las personas que ejercerán los diversos cargos públicos cuya elección se desarrolla a través del INE; pero también, en la legitimidad de las decisiones o acciones gubernamentales llevadas a cabo por algunos poderes públicos y que a través de las consultas populares se pueden legitimar, o por último, será el caso de la revocación de mandato, en la que se legitima o no al titular del ejecutivo federal para mantenerse en el cargo.

En todos esos momentos, lo importante es lograr la participación de la ciudadanía para avalar o no a personas o acciones, con información suficiente y necesaria para que la decisión sea lo más objetiva e informada posible. Situación que dentro de un modelo democrático es fundamental, esto es, el sistema político democrático requiere de la intervención permanente de una sociedad enterada y activa en las decisiones públicas, a efecto de garantizar el debido funcionamiento del modelo político a favor de la mayoría.

Ante ello, el contexto en el cual se debate el costo de los procedimientos para garantizar la democracia mexicana, distrae la atención fundamental de la democracia -directa y representativa-, que se traduce en lograr la participación ciudadana de forma permanente e informada, incluso, mediante procedimientos sencillos y accesibles que, además de facilitar la participación, abaraten los costos, ya que pretender mercantilizar los procedimientos, solamente desvía la atención y sentido de los procedimientos democráticos.

Hoy el debate tendría que estar centrado, no en el costo, sino en cómo hacerlos a costo menores, cómo generar mecanismos de mayor participación, cómo abrir valores de la política a favor de la participación, cómo generar mecanismos más accesibles para la participación y como generar mecanismos de información de lo que será motivo de participación, en fin, tendría que estarse dando un debate propio de los modelos democráticos respecto de temas de fondo y no, en la forma en la que se llevarán a cabo los procedimientos democráticos, y menos, de los costos.

Todo ello muestra la importancia de la postura de los órganos electorales que más que pelear por dinero, y mercantilizar el tema, deberían de estar construyendo acciones a favor de los valores político democráticos de mayor participación y discusión de temas de fondo que requieran una participación y decisión de la sociedad. Por ello, es necesario una visión de estado en las acciones de los órganos electorales nacionales y estaduales.

En los últimos meses se ha dado un debate fuerte sobre los costos de las elecciones, así como de otros procedimientos propios de la democracia directa como es la consulta popular y la revocación de mandato. Todos esos procedimientos, son realizados por el INE, por lo que el debate del presupuesto de dicho órgano autónomo se pretende centrar en si se pueden o no realizar dichos mecanismos democráticos, si se tiene o no dinero. Ello se hace, por cierto, haciendo de lado, el alto costo de la burocracia electoral y del financiamiento público a los partidos políticos.

Sin embargo, el debate sobre el costo económico de los procedimientos democráticos de las elecciones, consulta popular y revocación de mandato, está desviando el sentido real y fundamental de dichos procedimientos democrático, el cual se constituye en la legitimidad de las personas que ejercerán los diversos cargos públicos cuya elección se desarrolla a través del INE; pero también, en la legitimidad de las decisiones o acciones gubernamentales llevadas a cabo por algunos poderes públicos y que a través de las consultas populares se pueden legitimar, o por último, será el caso de la revocación de mandato, en la que se legitima o no al titular del ejecutivo federal para mantenerse en el cargo.

En todos esos momentos, lo importante es lograr la participación de la ciudadanía para avalar o no a personas o acciones, con información suficiente y necesaria para que la decisión sea lo más objetiva e informada posible. Situación que dentro de un modelo democrático es fundamental, esto es, el sistema político democrático requiere de la intervención permanente de una sociedad enterada y activa en las decisiones públicas, a efecto de garantizar el debido funcionamiento del modelo político a favor de la mayoría.

Ante ello, el contexto en el cual se debate el costo de los procedimientos para garantizar la democracia mexicana, distrae la atención fundamental de la democracia -directa y representativa-, que se traduce en lograr la participación ciudadana de forma permanente e informada, incluso, mediante procedimientos sencillos y accesibles que, además de facilitar la participación, abaraten los costos, ya que pretender mercantilizar los procedimientos, solamente desvía la atención y sentido de los procedimientos democráticos.

Hoy el debate tendría que estar centrado, no en el costo, sino en cómo hacerlos a costo menores, cómo generar mecanismos de mayor participación, cómo abrir valores de la política a favor de la participación, cómo generar mecanismos más accesibles para la participación y como generar mecanismos de información de lo que será motivo de participación, en fin, tendría que estarse dando un debate propio de los modelos democráticos respecto de temas de fondo y no, en la forma en la que se llevarán a cabo los procedimientos democráticos, y menos, de los costos.

Todo ello muestra la importancia de la postura de los órganos electorales que más que pelear por dinero, y mercantilizar el tema, deberían de estar construyendo acciones a favor de los valores político democráticos de mayor participación y discusión de temas de fondo que requieran una participación y decisión de la sociedad. Por ello, es necesario una visión de estado en las acciones de los órganos electorales nacionales y estaduales.

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