En los últimos meses se ha dado un debate fuerte sobre los costos de las elecciones, así como de otros procedimientos propios de la democracia directa como es la consulta popular y la revocación de mandato. Todos esos procedimientos, son realizados por el INE, por lo que el debate del presupuesto de dicho órgano autónomo se pretende centrar en si se pueden o no realizar dichos mecanismos democráticos, si se tiene o no dinero. Ello se hace, por cierto, haciendo de lado, el alto costo de la burocracia electoral y del financiamiento público a los partidos políticos.
Sin embargo, el debate sobre el costo económico de los procedimientos democráticos de las elecciones, consulta popular y revocación de mandato, está desviando el sentido real y fundamental de dichos procedimientos democrático, el cual se constituye en la legitimidad de las personas que ejercerán los diversos cargos públicos cuya elección se desarrolla a través del INE; pero también, en la legitimidad de las decisiones o acciones gubernamentales llevadas a cabo por algunos poderes públicos y que a través de las consultas populares se pueden legitimar, o por último, será el caso de la revocación de mandato, en la que se legitima o no al titular del ejecutivo federal para mantenerse en el cargo.
En todos esos momentos, lo importante es lograr la participación de la ciudadanía para avalar o no a personas o acciones, con información suficiente y necesaria para que la decisión sea lo más objetiva e informada posible. Situación que dentro de un modelo democrático es fundamental, esto es, el sistema político democrático requiere de la intervención permanente de una sociedad enterada y activa en las decisiones públicas, a efecto de garantizar el debido funcionamiento del modelo político a favor de la mayoría.
Ante ello, el contexto en el cual se debate el costo de los procedimientos para garantizar la democracia mexicana, distrae la atención fundamental de la democracia -directa y representativa-, que se traduce en lograr la participación ciudadana de forma permanente e informada, incluso, mediante procedimientos sencillos y accesibles que, además de facilitar la participación, abaraten los costos, ya que pretender mercantilizar los procedimientos, solamente desvía la atención y sentido de los procedimientos democráticos.
Hoy el debate tendría que estar centrado, no en el costo, sino en cómo hacerlos a costo menores, cómo generar mecanismos de mayor participación, cómo abrir valores de la política a favor de la participación, cómo generar mecanismos más accesibles para la participación y como generar mecanismos de información de lo que será motivo de participación, en fin, tendría que estarse dando un debate propio de los modelos democráticos respecto de temas de fondo y no, en la forma en la que se llevarán a cabo los procedimientos democráticos, y menos, de los costos.
Todo ello muestra la importancia de la postura de los órganos electorales que más que pelear por dinero, y mercantilizar el tema, deberían de estar construyendo acciones a favor de los valores político democráticos de mayor participación y discusión de temas de fondo que requieran una participación y decisión de la sociedad. Por ello, es necesario una visión de estado en las acciones de los órganos electorales nacionales y estaduales.
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