En julio de este año que culmina en unos días, a Benito Juárez le habrían salido canas verdes de escuchar al arzobispo Carlos Garfias Merlos entrometerse en los asuntos de política interna del país, pero para este diciembre se habría puesto sus mejores galas para reconocer la determinación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) donde amonesta al clérigo por sus dichos y tal vez para celebrar que el estado laico aún sobrevive en México pese a todo lo que parece señalar que no es así.
Y es que, en julio el arzobispo Garfias Merlos hizo público un llamado a los diputados del Congreso del Estado para que no incluyan en la agenda legislativa el derecho a decidir de las mujeres y la despenalización el aborto y esto por supuesto despertó en nosotras una molestia bien fundada y razonada. Que no es sólo porque él sea hombre y estos asuntos no le incumban, si no, porque es representante de la iglesia católica en el estado y eso le imposibilita por ley a entrometerse a los asuntos de política del país y al hacerlo viola explícitamente la Constitución, pues, no sólo no está facultado para hablar de esto, sino que, además sus dichos son discriminatorios y ante esto debemos tener cero tolerancia sin importar quién sea el responsable.
Y no confundamos, no es que él no tenga derecho de libertad de expresión o el derecho a las propias ideas y creencias, si lo tiene, lo que no tiene es facultad para desde su posición en el clero emitir comentarios de este tipo. En la intimidad de su esfera privada puede opinar lo que quiera, pero no desde su posición pública.
Tan es así, que en un hecho inédito y mediante oficio, el CONAPRED le hizo saber o, en caso de que se le hubiese olvidado, le recordó que no puede meter sus narices en la política del país y debe sujetarse al marco constitucional que rige a los ministros de culto y, sobre todo, evitar expresiones que sirvan como justificación para negar el acceso de los derechos sexuales de las mujeres.
Han pasado más de 150 años desde que Benito Juárez lucho por la laicidad del Estado mexicano como uno de sus más grandes compromisos y a pesar de que logró ver leyes materializadas en el tema, a la fecha seguimos luchando por verlas plasmadas en la cotidianidad y la práctica. No es ningún secreto que en México la Iglesia Católica sigue siendo el cuarto poder y que muchas de las decisiones que se toman en las altas esferas del poder obedecen a los intereses de la Iglesia perpetuando los privilegios desmedidos que poseen un sector limitado de la población en detrimento de uno más grande y de la autonomía del Estado.
En Michoacán tenemos ya historial de intromisión del clero en varios asuntos, por ejemplo el padre Goyo, quién participó con los grupos de autodefensas en la zona de tierra caliente o el padre pistolas que cada que tiene oportunidad saca a relucir su machismo y misoginia, y si bien los afectados no han decidido manifestarse en su contra, es su decisión y está bien, están en su derecho, pero así también lo estamos nosotras de exigir que la iglesia saque sus rosarios de nuestros ovarios y que un grupo de hombres ancianos que ni “derecho” por la iglesia tienen a mantener relaciones sexuales y mucho menos a procrear deje de opinar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que están reconocidos internacionalmente, pues al ser líderes de opinión por lo menos por un sector de la población, sus acciones y dichos, pueden servir como justificación para negar el acceso a dichos derechos.
Y aunque siempre ha habido desacuerdos entre sociedad civil y la iglesia e incluso al interior de ella misma, debemos coincidir en que la iglesia se encarga de la espiritualidad, la fe y la moral, más nunca de las cuestiones políticas y eso se debe mantener si lo que se busca es un estado de derecho democrático y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas.
