Sucede algo profundamente preocupante en Michoacán, pero en realidad es en todo el país, al parecer a casi nadie le importa reestablecer el estado de derecho, este mentado término, evocado por quienes se han sentido agraviados/as, pero que con el tiempo pierde valor, simplemente porque olvidamos muy pronto.
Retomando lo que es el estado de derecho según las Naciones Unidas, que lo «definen como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, se hace cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal».
Sería iluso de mi parte decir que eso sería lo ideal cuando debería ser lo real, pero la cotidianidad de los hechos recientes, más no sólo históricos, es que son las autoridades quienes violan las leyes, nada nuevo, nada diferente, nada que no hayamos visto antes. Posiblemente me refuten que esa es la transformación que se intenta lograr, que son ese tipo de estilos, más no de personas, quienes no pueden continuar en la función pública o como representantes ciudadanos, pero en los hechos no cambia nada.
Cuando lo central es cuestionar y exigir respuestas sobre ¿Cómo es que una persona que ostenta un cargo público no puede ser sancionada públicamente? ¿Ese privilegio del que se abusa, es acaso un sistema de impunidad?, ¿Acaso sólo deben sancionarse a las personas que osan cuestionar el poder?; porque hay una serie de delitos que durante muchos años han protegido ese poder, mismos que se han usado en contra de las personas, principalmente contra las mujeres, más no siempre contra quienes ocupan esos cargos, delitos como ataque al honor y a la imagen propia.
Hace algunos años realice un análisis sobre esos delitos y no fue sorpresa encontrar que quienes demandaban eran hombres a mujeres, también había mujeres que demandaban, pero eran muy menor la proporción, y vaya que la proporción era de 80 denuncias de hombres sobre 13 de mujeres. Cuando fuimos más profundo, encontramos que la mayoría de las personas que denunciaba eran hombres que ocupaba cargos públicos o jerárquicos, es decir, la denuncia era una forma de intimidar a las mujeres denunciantes, para que desistiesen de continuar con la denuncia y sobre todo para que renunciaran.
Y es que en muchas ocasiones el cargo público en realidad ha sido una forma de ejercicio de poder sobre los demás y sobre las mujeres, desde luego, pero entonces ¿Cómo lograr una transformación que equilibre el ejercicio de poder sin impunidad?, y es que ni siquiera se lo preguntan, no esta en su esquema mental digámoslo así. Conversando con una directora de una instancia gubernamental que se supone tiene como fin poder hacer extrañamientos y señalamientos a la autoridad, incluso moral, por así decirlo de instituciones reconocidas públicamente, me decía que no podía hacerlo porque esa persona tiene fuero, y cuando preguntaba que era fuero, tampoco podía explicarlo de manera definida pero si descriptiva señalando que si se lo hacía a esa personas deleznable también se lo haría a ella ahora que está en campaña queriendo ser diputada otra vez, pues que caray.
Resulta que no hay discusión alguna que quepa, que la impunidad es el sistema por el cual se rige este pacto, entre un sistema de gobierno que lo que busca es no abrir más frentes, tan solo limitarse a la imitación discursiva, muy mal empleada y terriblemente copiada, burda a más no poder, porque el respeto político, ideológico y moral se trabaja a través de hechos no de filiaciones, independientemente de las fobias.
Es decir, el estado de derecho es un acto volitivo, el cual hay que desafiar constantemente, vulnerarlo, destrozarlo, para que simplemente cuando haya que llamar a la congruencia esta no pueda ser echada en cara, no pueda ser exigible, no pueda atentarse contra el poder, aunque la tiranía, la impunidad y la sevicia pueda ejercerse sin pudor alguno, al cabo que lo que se cree que es un derecho humano de las mujeres sea desde su personalísimo punto de vista un delito, nada más falta que llame a la instauración del santo oficio para que seamos quemadas varias de las defensoras de ese derecho humano, que es sumamente profundo y peligroso que esta posición continue, de hacerlo entonces entenderemos que al gobernador de este estado lo que le interesa es criminalizar a las mujeres y encarcelarlas por ejercer sus derechos más no por violar el estado de derecho, lo cual de por sí ya es terrible e inhumano.
