/ jueves 5 de mayo de 2022

Sin libertad de expresión está muy lejos la cuarta transformación.

EL pasado 26 de abril el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez firmaron, ante los ojos de los altos mandos del gobierno estatal, un convenio para la implementación del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Según su boletín, “con ello, se ratifica el compromiso para garantizar los derechos a la libre expresión y el activismo”.

Durante el evento Bedolla también afirmó que en el estado tenemos una situación compleja de seguridad, casi como deslindándose y Encinas por su parte insistió en que las medidas que se implementen no solo deben ser reactivas, si no preventivas. Firmaron el documento, se dieron la mano, sonrieron a la cámara y circo terminado.

En efecto, y como bien dijo el gobernador, en Michoacán tenemos más de una década con un muy complicado escenario de seguridad. El estado se ha convertido en tierra de nadie en continúa disputa por los distintos cárteles, lo que nos ha hundido aún más en la crisis económica, pero también en la social con recurrentes violaciones a derechos humanos.

La violencia contra los periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Michoacán tampoco es nueva, los ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa han sido una constante en los diferentes gobiernos. Estos ataques no sólo se manifiestan en asesinatos o desapariciones, sino también en las veladas amenazas, en las campañas de desprestigio y en la censura misma.

La firma de este convenio de cooperación para “garantizar el derecho a la libre expresión y el activismo” no es nada nuevo, pues ese convenio se viene firmando desde el 2017 con el gobierno federal, y ante el cambio de titulares en la administración pública sólo se ratifican. Sin embargo, lo vendieron como el gran avance en pro de los derechos humanos pues a la llamada 4T estatal le urge que pensemos que sabe del tema y que lo está atendiendo, que, si hay libertad, pero las mujeres damos fe que estamos lejos de esto.

Lo pongo de otra forma, hace 7 días el gobernador Bedolla firmaba un convenio con el responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario Encinas, pero hace 6 semanas él mismo fue el responsable de los ataques al derecho a la libre expresión, asociación, y manifestación de las mujeres michoacanas. ¿No es irónico?

Y no lo digo sólo porque durante la marcha de más de 17,000 mujeres, se gasearon y golpearon con balas de goma y pintura a niñas, mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad, mujeres de la tercera edad y bebés, sino también, porque el gobernador estigmatizó y señaló directamente a una colectiva que trabaja en favor de los derechos humanos de las mujeres. Y, además, por si fuera poco, y en el mismo tenor, también se violentó la libertad de prensa de quien escribe, cuando una columna de opinión fue censurada y “bajada” de un portal de noticias a petición de los asesores el gobernador del estado.

Todos estos sucesos son catalogados como ataques al derecho a la libre expresión y al activismo, tan es así que, el mismo Mecanismo con quien ahora firma un convenio inició un procedimiento derivado de dichos ataques. Que irónico entonces que se siente con ellos a firmar un convenio cuando a la fecha no se ha hecho responsable por dichas agresiones.

Lamentablemente tampoco es nuevo que la mayoría de los ataques que sufrimos tanto periodistas como activistas, vienen de las autoridades. Las estadísticas que esta misma dependencia del gobierno federal publica mensualmente nos muestran que el 43.9% de los probables agresores de estos sectores son los servidores públicos. La única nueva notica en todo esto es que a ese porcentaje se sumó el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Aunque pensándolo bien, otras manifestaciones de otros grupos sociales que han sucedido posteriores al día de la mujer y que afortunadamente no han sido reprimidas y al contrario han sido bien vistas, me hace pensar que ni el gobernador ni el gobierno están en contra de estos derechos, lo que creo es que están en contra de las mujeres, sobre todo aquellas que luchamos, que levantamos la voz y que señalamos lo que está mal, están en contra de quienes no les aplaudimos por todo, como están acostumbrados a que lo hagan las mujeres de su gabinete. Y si no es esto, entonces esas otras manifestaciones están pactadas o ¿qué diferencia el trato a una de otra?

Esta semana es el día Mundial de la Prensa, y en aras de, quiero pensar que este artículo no será censurado, que se permitirá hablar con total libertad y sin represalias sobre lo que está sucediendo en el estado y sobre las incongruencias que hemos visto pasar, pero sobre todo quiero pensar que será un día para recapacitar y para reconocer que sin libertad de prensa y libertad de expresión estamos muy lejos de una cuarta transformación.

EL pasado 26 de abril el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez firmaron, ante los ojos de los altos mandos del gobierno estatal, un convenio para la implementación del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Según su boletín, “con ello, se ratifica el compromiso para garantizar los derechos a la libre expresión y el activismo”.

Durante el evento Bedolla también afirmó que en el estado tenemos una situación compleja de seguridad, casi como deslindándose y Encinas por su parte insistió en que las medidas que se implementen no solo deben ser reactivas, si no preventivas. Firmaron el documento, se dieron la mano, sonrieron a la cámara y circo terminado.

En efecto, y como bien dijo el gobernador, en Michoacán tenemos más de una década con un muy complicado escenario de seguridad. El estado se ha convertido en tierra de nadie en continúa disputa por los distintos cárteles, lo que nos ha hundido aún más en la crisis económica, pero también en la social con recurrentes violaciones a derechos humanos.

La violencia contra los periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Michoacán tampoco es nueva, los ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa han sido una constante en los diferentes gobiernos. Estos ataques no sólo se manifiestan en asesinatos o desapariciones, sino también en las veladas amenazas, en las campañas de desprestigio y en la censura misma.

La firma de este convenio de cooperación para “garantizar el derecho a la libre expresión y el activismo” no es nada nuevo, pues ese convenio se viene firmando desde el 2017 con el gobierno federal, y ante el cambio de titulares en la administración pública sólo se ratifican. Sin embargo, lo vendieron como el gran avance en pro de los derechos humanos pues a la llamada 4T estatal le urge que pensemos que sabe del tema y que lo está atendiendo, que, si hay libertad, pero las mujeres damos fe que estamos lejos de esto.

Lo pongo de otra forma, hace 7 días el gobernador Bedolla firmaba un convenio con el responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario Encinas, pero hace 6 semanas él mismo fue el responsable de los ataques al derecho a la libre expresión, asociación, y manifestación de las mujeres michoacanas. ¿No es irónico?

Y no lo digo sólo porque durante la marcha de más de 17,000 mujeres, se gasearon y golpearon con balas de goma y pintura a niñas, mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad, mujeres de la tercera edad y bebés, sino también, porque el gobernador estigmatizó y señaló directamente a una colectiva que trabaja en favor de los derechos humanos de las mujeres. Y, además, por si fuera poco, y en el mismo tenor, también se violentó la libertad de prensa de quien escribe, cuando una columna de opinión fue censurada y “bajada” de un portal de noticias a petición de los asesores el gobernador del estado.

Todos estos sucesos son catalogados como ataques al derecho a la libre expresión y al activismo, tan es así que, el mismo Mecanismo con quien ahora firma un convenio inició un procedimiento derivado de dichos ataques. Que irónico entonces que se siente con ellos a firmar un convenio cuando a la fecha no se ha hecho responsable por dichas agresiones.

Lamentablemente tampoco es nuevo que la mayoría de los ataques que sufrimos tanto periodistas como activistas, vienen de las autoridades. Las estadísticas que esta misma dependencia del gobierno federal publica mensualmente nos muestran que el 43.9% de los probables agresores de estos sectores son los servidores públicos. La única nueva notica en todo esto es que a ese porcentaje se sumó el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Aunque pensándolo bien, otras manifestaciones de otros grupos sociales que han sucedido posteriores al día de la mujer y que afortunadamente no han sido reprimidas y al contrario han sido bien vistas, me hace pensar que ni el gobernador ni el gobierno están en contra de estos derechos, lo que creo es que están en contra de las mujeres, sobre todo aquellas que luchamos, que levantamos la voz y que señalamos lo que está mal, están en contra de quienes no les aplaudimos por todo, como están acostumbrados a que lo hagan las mujeres de su gabinete. Y si no es esto, entonces esas otras manifestaciones están pactadas o ¿qué diferencia el trato a una de otra?

Esta semana es el día Mundial de la Prensa, y en aras de, quiero pensar que este artículo no será censurado, que se permitirá hablar con total libertad y sin represalias sobre lo que está sucediendo en el estado y sobre las incongruencias que hemos visto pasar, pero sobre todo quiero pensar que será un día para recapacitar y para reconocer que sin libertad de prensa y libertad de expresión estamos muy lejos de una cuarta transformación.