Por: Denise Alejandre Zepeda
La semana pasada se firmó el PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, y por supuesto que no nos podíamos quedar sin analizar dicho protocolo cuyo título nos genera la ilusión de por fin ir a casa en un trasporte público sin poner en riesgo nuestra integridad, pero ¿serán solo ilusiones o si trae soluciones?
Tras leer y analizar su propuesta, como mujer y usuaria del transporte público noté algunos detallitos reprobables, pero primero los puntos a favor, es bueno que se reconozca que tenemos un serio problema de acoso y violencia en contra de las mujeres en el trasporte público y que además era totalmente impune, como la mayoría de las violencias que vivimos. Porque si bien, el chofer podía apoyar en muchos de los casos, la mayoría, se hacen de la vista gorda, para ganarse un pasaje y ahorrarse un problema. También aplaudo la propuesta de usar el interior de las rutas como medio de comunicación de los tipos de violencia que se pueden sufrir dentro de las unidades de transporte público, porque en muchas ocasiones está tan normalizado que las mujeres no se percatan de que están siendo violentadas.
El segundo punto a favor del protocolo es la propuesta de capacitación de los choferes o prestadores del servicio de transporte público, lo cual, no es el hilo negro pues en la administración pasada se llevó a cabo, pero seamos realistas, una simple capacitación forzada no servirá para absolutamente nada, se debe apostar por la sensibilización y generación de empatía, lo cual, por supuesto no se logra con una sola sesión, pero quedamos al pendiente del contenido de dichos cursos y veremos si hay resultado.
Ahora las lagunas del protocolo; gran parte del protocolo está formado por propuestas de acciones que en realidad ya existen, me preocupa el procedimiento que se llevaría a cabo en caso de que el agresor fuera el mismo chofer, pues se especifica que la COCOTRA será la primer instancia en recibir la queja y en caso de que se compruebe o se determine que sí hubo violencia, se comparte con fiscalía y también se señala que la víctima no puede compartir información pero los líderes transportistas se enterarán de todas las denuncias. Esto suena a un mecanismo de protección para los choferes agresores y lo peor es que Tamara Sosa lo firmó sin percatarse de ese pequeño detalle.
Otra propuesta es sancionar el tocamiento lesivo o arrimones de carácter sexual, eso es excelente, pero si consideramos que las combis llevan hasta 11 personas paradas, es totalmente risible que sancionen algo que los mismos transportistas están provocando.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en el artículo 71, fracción VIII, establece que las políticas y programas de movilidad deberán promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo aquellas acciones que permitan eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual. Supongo que este protocolo es una de esas acciones, pero dejando de lado la propuesta de las capacitaciones, todo el protocolo habla de procedimientos a seguir una vez que se haya generado la agresión, entonces ¿dónde está la prevención?
Por último ¿y la violencia económica que causa sus tarifas a las mujeres que son madres trabajadoras?, la pésima distribución de sus rutas y el costo propicia que una madre trabajadora gaste hasta $140 al día en transporte público, casi el total de un salario mínimo ¿porqué no hay una propuesta para contrarrestar esto?
