¿Estamos preparados para que en Michoacán, como en otros estados, gobierne una mujer? La respuesta parece obvia y la pregunta ofensiva y políticamente incorrecta pero válida en un país gobernado mayoritariamente por hombres. Por ello, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de obligar a los partidos a postular cuando menos a siete mujeres en las 15 candidaturas a las gubernaturas que estarán en disputa en el 2021, resulta histórico.
Esta decisión generó una gran inquietud entre la clase política masculina del país que mostró, en algunos casos, su abierto desacuerdo ya que consideraron que se vulneraba el derecho de los hombres. Claro que sus argumentos y esfuerzos jurídicos estuvieron orientados a objetar las facultades del INE para emitir lineamientos sobre el tema. La impugnación del senador morenista y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar lo muestra claramente: "Si bien estamos de acuerdo y coincidimos en la implementación de acciones que hagan eficaz la paridad de género, esto no puede realizarse vulnerando lo previsto en la propia Constitución y las leyes aplicables, pues para emitir medidas o lineamientos que otorguen derechos a las mujeres, necesariamente se deben restringir derechos de los hombres, por lo que tratándose de restricciones, estas deben estar reguladas en la ley general por el Poder Legislativo”.
Pero más allá de los argumentos jurídicos sobre las facultades del INE, la decisión ha visibilizado la desigualdad, la discriminación y la violencia que enfrentan las mujeres en el terreno político, especialmente en dos de los tres poderes del Estado: el Judicial y el Ejecutivo.
Hoy, en pleno siglo XXI, es posible recordar de memoria los nombres de las mujeres que han sido gobernadoras en México desde que se les reconoció su derecho al sufragio. Sin embargo, la situación no ha mejorado en 67 años: actualmente sólo contamos con dos gobernadoras de 32. Y, en el caso de las presidencias municipales, el promedio nacional era de solo el 5 por ciento. En Michoacán, luego de los comicios del 2018, la situación dio un vuelco favorable al pasar de 5 por ciento en promedio al 27 por ciento, es decir, de 4 que había en 2015 a 24 más la llegada de 88 síndicas y 420 regidoras.
Este avance muestra que sólo es cuestión de garantizar una mayor equidad en la competencia interna de los partidos políticos para que las mujeres puedan tener la oportunidad de gobernar. La decisión histórica del TEPJF puede permitir un mayor equilibrio en la contienda y ampliar la oferta a la ciudadanía.
En el año 2015, Luisa María Calderón Hinojosa estuvo muy cerca de convertirse en la primera mujer en gobernar Michoacán; más allá de las críticas y observaciones a su postulación y campaña, mostró que las y los michoacanos están listos para votar por una mujer.
A nivel nacional, sólo Morena ha anunciado los nombres de cinco mujeres que serán sus candidatas: Celia Maya García en Querétaro, Layda Sansores en Campeche, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Clara Luz Flores en Nuevo León. Faltan los nombres de dos mujeres de seis estados que todavía no cuentan con candidato.
En Michoacán, la mayoría de las encuestas colocan en primer lugar al senador Cristóbal Arias Solís y a Selene Vázquez Alatorre como la mujer mejor posicionada de Morena y con amplias posibilidades de ganar la contienda si fuera postulada.
Lamentablemente el resto de los partidos políticos michoacanos han mostrado su preferencia por postular a un hombre: la alianza PAN, PRI y PRD han mostrado su inclinación por el exsecretario de Gobierno y el PVEM por un magistrado del STJEM.
Por ello habrá que decirles a los partidos políticos que todavía se cuestionan si estamos preparados en Michoacán para que nos gobierne una mujer, que la respuesta es clara: sí. Y, entonces, ¿por qué su insistencia en seguir postulando varones?
