Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Para que el gobierno estatal y federal logren el objetivo de otorgar seguridad social a más de 200 mil trabajadores del campo en el estado, primero deberán atender problemáticas paralelas como la infraestructura médica, definir esquemas patronales, diagnosticar enfermedades derivadas de procesos contaminantes y erradicar por completo la subcontratación de personal.
En ello coinciden ejidatarios, comuneros y líderes del sector agrícola, luego de que el viernes pasado se firmara un acuerdo para dignificar el trabajo de los agricultores, dado que nueve de cada 10 no cuenta con prestaciones sociales.
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Roberto Carlos López, exdiputado y líder de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Michoacán, perteneciente a la CNC, apunta que el intento por formalizar a los jornaleros no es nuevo, pues al menos tres legislaturas locales han puesto el tema sobre la mesa, pero sin ningún resultado. “El sector ha sido muy maltratado; desde hace tres legislaturas se aprobó que a la Ley del Seguro Social se incluyeran a los trabajadores agrícolas, buscando impactar sobre todo en las regiones de Zamora, Apatzingán, Yurécuaro y Tanhuato, donde la productividad bajo ambiente controlado ha ido en aumento en los últimos 12 años”.
Sin embargo, observa que en esos campos se da la presencia de trabajadores de otras entidades, identificados como itinerantes, pues solo laboran por cortas temporadas. Recuerda que en el sexenio pasado, en Yurécuaro había instancias para ese tipo de casos, pero en general no han cuajado las pretensiones de asegurar de manera formal a quienes se desempeñan en el rubro.
Ve como oportuno que se haya dado la firma entre las instancias del estado y del país, no sin subrayar que será un proceso complejo, “porque no está en manos de los jornaleros, sino de los patrones, quienes ni siquiera han cumplido con la Ley del Seguro Social”. Otra dificultad para lograr el objetivo es que en los campos hay más de un patrón, pues los trabajadores se contratan siempre de forma eventual, incluso cumpliendo con obligaciones para dos o más productores en un mismo día, lo que acarrearía problemas para definir quién se haría cargo de la formalidad.
“El primer paso que debería darse para este objetivo es identificar plenamente a los campesinos, incluso los que provienen de otras entidades, para vincularlos con los patrones. El problema es que los propios jornaleros nunca denuncian cuando sus jefes los desprotegen, principalmente por miedo a quedarse sin empleo”, afirma López.
Sin equipo de trabajo y con enfermedades
Miembro de un ejido en Lagunillas, José, quien prefiere reservarse su identidad, dice que en esa región un campesino gana 200 pesos por día en una jornada que se puede extender hasta por 10 o 12 horas. “En esta población las berries no han traído nada bueno, ni siquiera podemos hablar de fuentes de trabajo porque no son más de 40 las personas que laboran en eso”.
Señala que este tipo de empleos son efímeros y a la gente no se le dota ni de equipo elemental de trabajo. Cuando empresas de agroquímicos arribaron a la zona, no ofrecieron prestaciones, así que tuvieron que recurrir a la presión social para lograrlo. “Tengo entendido que aún hay subcontrataciones, empresas que se dedican a ello son las que reclutan al personal, así funciona por acá”, dice. Sin embargo, lo que más les preocupa acerca de las condiciones laborales es que derivado del proceso de producción hay enfermedades ya sea por estar en contacto con fertilizantes o por el consumo de agua contaminada. Relata que hay casos de adultos que han tenido que retirarse del trabajo luego de que les diagnostican enfermedades que les impiden una vida productiva, pero también se suman largas y extenuantes jornadas que se extienden por más de 10 horas. “La necesidad hace que tengas que salir a trabajar, y si es en condiciones de explotación, no importa, porque es la única opción”.
Pavel Ulianov Guzmán, líder del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), afirma que en la región purépecha le van a tomar la palabra al gobierno para regularizar a los trabajadores del campo. “Ni en México ni en Estados Unidos, en el caso de los migrantes, los campesinos tienen prestaciones sociales. Los compañeros que laboran en la Cañada de los Once Pueblos no tienen seguro médico ni pago de vacaciones, mientras que a las mujeres no se les otorga ninguna prestación cuando están embarazadas. No existen ni los derechos más básicos, así que vamos a estar al pendiente para ver si se cumple, lo vamos a llevar a las asambleas y exigiremos que se cumpla la palabra”.
Finalmente, tanto José como Pavel indican que no hay infraestructura médica para atender a los probables beneficiarios del IMSS: “No hay clínicas cercanas, la gente se tendría que ir hasta Charo, así que por ahí deberían empezar, por invertir en obras de salud”, reclama el líder del CSIM.
