El Instituto Politécnico Nacional (IPN) reviró y devolvió un contrato para el servicio de limpieza en sus instalaciones a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Internacionales desde el pasado 1 de julio.
La institución educativa otorgó, mediante adjudicación directa, el contrato a la compañía para el segundo semestre del año por un total de 341.3 millones de pesos. En marzo pasado, el IPN terminó anticipadamente un contrato que había adjudicado a Armot mediante el concurso IA-11-B00-01100001-N-6-2024, que fue de participación restringida.
Entonces, la autoridad politécnica decidió entregar el servicio a Gott Und Glück, que interpuso un recurso de inconformidad tras los resultados de la licitación, argumentando que su oferta era la más competitiva.
Los trabajadores de Armot se manifestaron en repetidas ocasiones por la decisión del Politécnico y el caso llegó hasta la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en los primeros días de abril instruyó a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, a revisar el caso.
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Menos de tres meses después, el IPN inició con un proceso de rescisión contra Gott Und Glück por presuntos incumplimientos en el contrato, como la interrupción en la prestación del servicio de limpia, falta de personal, uniformes y gafetes; insuficiencia de equipo para las labores, así como el no inscribir a sus trabajadores ante el IMSS. Esto se dio luego de que trabajadores de la empresa se manifestaron a finales de junio por impagos, lo que no sólo provocó caos vial en la Ciudad de México, sino que seis de los inconformes fueron atropellados por un vehículo cuyo dueño ya fue vinculado a proceso.
Días antes, en una notificación enviada el pasado 21 de junio, la Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura del IPN informó a la representación legal de Gott Und Glück sobre su decisión y le dio un plazo de siete días para interponer alguna inconformidad o recurso, lo cual no sucedió, de acuerdo con un documento oficial. La empresa acusó a las autoridades politécnicas de deberle 180 millones de pesos por los servicios de limpieza lo que, dijo, puso en entredicho su solvencia económica y la cobertura de los salarios, además de ser demandada laboralmente.
