Morelia, Michoacán-(OEM-infomex).- La defensa jurídica de las víctimas de Arantepacua buscará que le Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por las cuatro ejecuciones, casos de tortura y allanamientos ilegales registrados en esa comunidad los pasados 04 y 05 de abril de 2017.
En entrevista, el representante legal de las víctimas e integrante del colectivo Liquidámbar, Alejandro Barragán Sánchez, señaló que acudirán a esta vía bajo el argumento de que, en la Fiscalía General del Estado (FGE), exista un posible “conflicto de intereses” que impida girar sanciones en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
A casi cuatro años de que la comunidad de Arantepacua escribiera una de las páginas más violentas en su historia, el representante legal de las víctimas e integrante del colectivo Liquidámbar denotó confianza en que la FGR atraerá el caso, “a fin de que exista justicia”.
Dijo esto, tras recordar que, en respuesta a un conflicto agrario registrado entre habitantes de Capácuaro y Arantepacua, en esta última comunidad un contingente de elementos de la Policía Michoacán –constituido por al menos 300 efectivos-, participó en ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos, de acuerdo con un informe generado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“La garantía con la que podríamos contar en su momento es que la FGR ejerza la facultad de atracción del caso, para que se garantice efectivamente que no hay ningún conflicto de intereses en la investigación de los hechos, porque además existe ya la amplia investigación que ha llevado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, subrayó al recordar que, tras los hechos ocurridos en Arantepacua, el entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solís, pasó a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Agregó que, “las personas que han ocupado los cargos están brincando de una instancia a otra, y para evitar el conflicto de intereses y garantizar una investigación imparcial, pronta y expedita, la FGR tendría que atraer el caso”.
Dentro de las recomendaciones emitidas por la CNDH hacia el Gobierno de Michoacán, se encuentra el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, quien, de cara a las siguientes elecciones, busca candidatearse por la diputación local de Huetamo.
Las sanciones también irían orientadas en contra del entonces subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, quien hoy se encuentra en prisión por tortura, por el caso de Ayotzinapa.
Por su parte, la comisionada Estatal de Atención a Víctimas, Cristina Cortés Carrillo, informó que, sobre el transcurso de la segunda semana del mes, se establecerá una mesa de diálogo con las víctimas de Arantepacua.
Al respecto, el representante legal de Arantepacua, Alejandro Barragán Sánchez, subrayó que, en apego a la recomendación de la CNDH, buscarán que en estas mesas de diálogo participe la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, con la intención de garantizar imparcialidad en la resolución que tomen las autoridades locales respecto al caso.
