Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla busca que el Poder Legislativo aumente las penas privativas de la libertad para delitos entorno a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este jueves, el Pleno del Congreso del Estado turnó a la Comisión de Justicia, la iniciativa que precisa reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Estatal entendiendo que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia en un término de treinta días naturales.

La pena de prisión que se propone va de los cinco a los 15 años de cárcel y de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de multa, para quién participe de alguna y otra forma en este tipo de delitos.

Además se impondrá de uno a seis años de prisión y de 100 mil veces el valor diario de la UMA, a quien elabore, imprima, almacene, distribuya o comercialice, placas, gafetes, distintivos, escudos, insignias, uniformes o cualquier otra identificación que se asemeje a las de las instituciones de seguridad pública.

Asimismo se le impondrá prisión de dos a cinco años y de cien a quinientos días multa, a quienes se presten a ser “halcones” del crimen organizado, a sabiendas que estos vigilan o realizan actos tendientes a obtener información relacionada con las labores que realizan las instituciones de seguridad pública.

Esta actividad de ser cometida por integrantes o ex-integrantes de las instituciones de seguridad pública, se impondrá además la destitución del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por diez años.