Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Entre 150 y 200 mil alumnos están en riesgo de perder la oportunidad de continuar sus estudios en Michoacán, lo que equivale al 15 por ciento de la población estudiantil en el estado, refirió Juan Bernardo de Legarreta, integrante de la Unión de Padres de Familia en la entidad.
En entrevista, señaló que son varios los colegios y escuelas particulares que están a la espera de poder captar “algo de matrícula” en estos días previos al inicio de ciclo escolar, al haber una fuerte retracción en los números de inscripción hasta el momento. En ese sentido, apuntó que hay escuelas privadas que ya reportan una reducción de más del 30 por ciento en su cupo tradicional.
“Lo más lamentable es que sumado a eso, con la situación actual por la pandemia, hay cerca de un 15 por ciento de reducción en la población estudiantil en el estado. De acuerdo a estos números estamos hablando que entre 150 y 200 mil alumnos están en riesgo de perder la oportunidad de continuar sus estudios en Michoacán”.
El reto es enorme y tal parece que a las autoridades educativas no tienen la voluntad de hacerle frente a la situación y ahora quieren aplicar la Norma 237 a las escuelas privadas, lo que generaría un gasto que sin duda se le cargaría a los padres de familia, indicó.
Lejos de incentivar a las escuelas particulares, la aplicación de dicha norma para regularlas respecto de calificar los servicios que ofrecen, traerá costos de certificación que se trasladarán a la economía del hogar, agregó Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.
Explicó que habrá incrementos en las cuotas de inscripción y mensualidades de aprobarse el proyecto que se encuentra aún en discusión en la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) celebrada desde el 21 de septiembre de 2020.
Solís Bravo dijo que la Unión está de acuerdo que las escuelas mejoren sus procesos de certificación, pero no bajo una norma que obligue a la contratación de empresas externas que les otorgaría la certificación a costos exhaustivos. Al final del día, ese costo se reflejará en el bolsillo de los padres y madres de familia.
Eso, indicó, agravará la situación económica en que se encuentran hoy las y los mexicanos, además de la laceración que traerá consigo para las propias instituciones privadas.
Hasta el momento, de los 5 millones 500 mil estudiantes que asisten a la educación en el sector particular, 2 millones pasarán al sector público por no poder cubrir los costos de las colegiaturas, lo que significa que el 40 por ciento del estudiantado deje las aulas o se vaya al sector público.
Por ende, dijo que las familias mexicanas rechazaban tajantemente la NOM-237, pues generará sobrerregulación en la educación particular que inevitablemente terminarán pagando los propios interesados en estudiar.
“En la coyuntura económica generada por la pandemia es un tema inoportuno que afectará a familias y escuelas que pasamos por una situación compleja”, concluyó.
