Morelia, Mich. (OEM-Infomex).- A un año y medio del asesinato de Julio César Chagolla Salcedo, conocido como Julín, a manos de dos elementos de la Policía de Morelia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió un resolutivo conforme a la denuncia presentada en 2020, mediante el cual consideró que la muerte de joven fue una ejecución extrajudicial mediante el uso excesivo de la fuerza pública.
La recomendación número 036/2021 señala que elementos de la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia incurrieron en la violación del derecho a la vida, a la justicia y a la verdad, toda vez que no le brindó la oportunidad a Julín a acceder a un debido proceso, ante la denuncia de su presunta participación en la comisión de un delito.
En tanto al empleo de la fuerza pública se calificó como incongruente y falto de sustento el actuar de los uniformados ante lo que se señaló como un delito, pues con fundamento en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán no se justifica el accionar de una arma de fuego por parte de los elementos, debido a que no se encontraron con indicios de su vida corriera peligro.
Entre las recomendaciones emitidas por el órgano garante de los derechos humanos en el estado se encuentra la reparación del daño a los familiares del joven de 28 años, el cual debe incluir el pago de una compensación económica, atención psicológica y tanatológica a costa del ayuntamiento de Morelia.
La instrucción de que los 780 elementos que conforman la corporación municipal cuenten con equipos de videograbación y audio permitan evidenciar, a través de su uso, que las acciones llevadas a cabo durante los operativos de su competencia se hagan apegadas a los principios de los derechos humanos.
Se sugiere que los funcionarios públicos al interior del gobierno de Morelia se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir uso indebido de la fuerza pública, antes de contar con los resultados de una investigación, ello debido a comentarios vertidos por la entonces titular de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, Julissa Suárez Bucio, y el ex alcalde municipal, Raúl Morón Orozco.
Además de que se recomienda en rediseño del Reglamento de la Comisión Municipal de Seguridad Pública poniendo énfasis en el respeto a Derechos Humanos por parte de los servidores públicos de la Policía de la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia, así como la impartición un curso integral a policías, enfocado en los protocolos sobre el uso racional de la fuerza y las armas de fuego.
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Por su parte, el titular de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Morelia, Alejandro González Cussi, reconoció que el uso de la fuerza pública es uno de los temas más polémicos por parte elementos de seguridad, no obstante, afirmó que los uniformados municipales están siendo capacitados de manera constante para proceder con el uso democrático y racional a medida de las propias circunstancias.
Desconoció las recomendaciones emitidas por la CEDH, pero resaltó que temas como el equipamiento de los uniformados con equipos de videovigilancia es una estrategia que ya se echó a andar por parte del municipio.
El 12 de agosto de 2020, dos elementos de la Policía de Morelia acudieron al fraccionamiento Jardines del Toreo ubicada al sur del municipio, ante el reporte de robo dentro de una vivienda al interior del asentamiento.
El joven que había sido acusado de hurto, Julio Chagolla, tenía una enfermedad psiquiátrica y había entrado al domicilio por error según fue reportado en su momento.
Sin embargo, cuando se le obligó a salir, Julio corrió fuera del domicilio y al huir recibió por lo menos tres impactos de bala por parte de los policías de Morelia: uno en el tórax — el cual le quitó la vida — además de uno en el brazo y otro más en la mano.
Por este hecho, los elementos policiacos involucrados, que fueron identificados como Juan Manuel J., y Julio Arley S., fueron detenidos y un juez los vinculó a proceso penal por su posible relación en el delito de homicidio calificado.
En audiencia de juicio oral, el juez encontró "datos concluyentes" de la posible participación de los imputados en el homicidio por lo que resolvió vinculación a proceso, fijó medidas cautelares y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
