Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El proceso para encontrar justicia en el caso de Lucía Ugalde, asesinada por su esposo el 28 de marzo de 2019, sufrió un retraso más luego de que el juez de control difiriera la audiencia donde se escucharían los últimos alegatos por parte de la defensa y la Fiscalía.
De esta forma, será hasta el 29 de este mes, justo tres años después de los hechos, en que por fin se determine la culpabilidad o absolución del imputado, David Domínguez Huerta.
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En entrevista exclusiva, la hermana y abogada del caso, Ireri Ugalde, relata que la carga de trabajo en el Poder Judicial pudo ocasionar un error administrativo que derivó en que se notificara a la defensa sobre la audiencia del pasado 8 de marzo apenas con 24 horas de anticipación, por lo que no se contaba con las herramientas suficientes para argumentar frente al juez.
No es que estemos conformes ni mucho menos, dice, pero también entendemos que los trabajadores del Poder Judicial están rebasados, vienen de procesos como la pandemia, paros laborales y ahora una huelga, lo que repercute en situaciones como ésta, que en otras circunstancias serían imperdonables.
Respecto al proceso judicial, apunta que ha sido un tiempo desgastante, partiendo desde el hecho que para que se procese a alguien por feminicidio se debe demostrar que hubo crueldad y una historia de violencia previa. Este último punto, en general, es complejo, porque las estadísticas señalan que el 90 por ciento de las mujeres violentadas no pone ninguna denuncia. “No es fácil reconocer que se sufre violencia, porque gran parte de la sociedad así creció, con un padre agresivo, por lo que después ven en sus parejas actos similares y los normalizan”.
La presión social es otro factor que inhibe a las mujeres para poner una denuncia ante las autoridades, ya que temen que se les estigmatice en un entorno en el que impera la competencia laboral y la aparente estabilidad familiar.
En la audiencia de juicio oral del 29 de marzo ya no habrá pretextos para alargar el caso, pues se definirá si Domínguez, quien estranguló a Lucía, es hallado culpable, para después establecer una reunión final en la que se le establezca la sentencia, pena que en su mayor rigor alcanza los 50 años de prisión.
