/ jueves 21 de abril de 2022

Comisiones, sin herramientas para búsqueda de personas en Michoacán

El Estado no cuenta con herramientas ni infraestructura para realizar búsqueda de personas, reconoce el titular de Derechos Humanos de Jalisco

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La desaparición de personas en México es un tema que cada vez se agrava más y para el cual el Estado parece no tener las respuestas suficientes, mucho menos las herramientas y la infraestructura tanto material como en recursos humanos. Así lo reconoce Juan Carlos Benítez, visitador adjunto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) quien la mañana de este miércoles participó en las últimas actividades programadas en un foro internacional que tuvo a Morelia como sede.

Según información recopilada por el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU, entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial de este delito en el país, con un porcentaje superior al 98 por ciento, un despegue notable a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” encabezada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pero que no mostró signos contrarios con el de Enrique Peña Nieto ni ahora bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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En ese tenor, Benítez apunta en entrevista que dicho informe internacional reconoce casi 100 mil casos de desapariciones en el país, lo que obliga a las comisiones de Derechos Humanos a que cada vez estén más atentas a lo que ocurre en su entorno, admitiendo que Jalisco ocupa “el deshonroso primer lugar, no solo en eso, sino en el hallazgo de fosas clandestinas”.

En su labor, la comisión de Jalisco va de la mano con colectivos de familiares de desaparecidos que constantemente salen a buscarlos; les dan acompañamiento y asesoría para que exijan que se les garanticen sus derechos. Comparte que en la reunión que tuvieron con el comité de la ONU, se les dijo que se entrevistaron con las distintas instituciones en varias entidades del país, como las fiscalías y las comisiones de víctimas, así como los colectivos.

Entre otras conclusiones que informó el organismo y con lo cual coincide Juan Carlos Benítez, es que en el ámbito de las desapariciones impera la impunidad, y eso hace que el delito crezca de manera exponencial.

Cometer esta clase de actos resulta casi gratuito para los delincuentes. En Jalisco, relata el visitador, este año se han completado apenas seis carpetas de investigación por la desaparición forzada, lo que revela el grado de deficiencia para castigar a los responsables.

Lo que le toca a las diferentes comisiones de Derechos Humanos es, a decir del entrevistado, vigilar que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones, que integren bien las investigaciones, que garanticen los derechos de las víctimas directas e indirectas y que hagan los protocolos como lo marca la ley, entre otras funciones.

En ese contexto, dice que cada vez son más las recomendaciones que hacen a los servidores públicos, pero no siempre se trata de una burocracia que no quiera trabajar, sino de una bola de nieve que colapsa al sistema por la alta incidencia de delitos.

Asesinato de mujeres no es exclusivo del crimen organizado: Adriana Hernández

Es totalmente injustificable que las causales de asesinatos de mujeres se le conceda solo al crimen organizado, consignó la presidenta del Congreso local, Adriana Hernández Íñiguez.

Ante el incremento de homicidios por razones de género, que en Michoacán rebasa más de 55 casos hasta el 8 de marzo de este año, la congresista reconoció en entrevista que la mayoría de las causales, refieren al crimen organizado, pero son feminicidios que deben investigarse, pues finalmente se está asesinando a las mujeres.

A su vez lamentó que en Michoacán se hable de temas como la Reforma Energética y se deje de lado cuestiones en los que se debe de enfocar la atención, como el homicidio por razones de género, responsabilidad que, si recae en el Estado y que no se nota un accionar al respecto, pues la cifra crece día tras día.

Aunado a ello dijo desconocer si el Estado ha dado seguimiento a la Alerta de Género que se impulsó en la administración pasada en 14 municipios, al haber, según sus datos, un avance del 80 por ciento respecto de saber lugares y medidas que deben llevarse a cabo.

En este sentido sostuvo que, de no darse un seguimiento al tema, se estaría emulando en Michoacán, la política federal que ha dejado de lado el accionar a favor del sector femenino.

Desde el Congreso del Estado, recordó que están pendientes de dictaminar cinco iniciativas presentadas por diferentes frentes. Reformas que van encaminadas a la protección de las mujeres como el endurecimiento de penas, el feminicidio infantil, así como la creación del observatorio legislativo para la alerta de género.

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La desaparición de personas en México es un tema que cada vez se agrava más y para el cual el Estado parece no tener las respuestas suficientes, mucho menos las herramientas y la infraestructura tanto material como en recursos humanos. Así lo reconoce Juan Carlos Benítez, visitador adjunto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) quien la mañana de este miércoles participó en las últimas actividades programadas en un foro internacional que tuvo a Morelia como sede.

Según información recopilada por el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU, entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial de este delito en el país, con un porcentaje superior al 98 por ciento, un despegue notable a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” encabezada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pero que no mostró signos contrarios con el de Enrique Peña Nieto ni ahora bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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Entre otras conclusiones que informó el organismo y con lo cual coincide Juan Carlos Benítez, es que en el ámbito de las desapariciones impera la impunidad, y eso hace que el delito crezca de manera exponencial.

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Lo que le toca a las diferentes comisiones de Derechos Humanos es, a decir del entrevistado, vigilar que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones, que integren bien las investigaciones, que garanticen los derechos de las víctimas directas e indirectas y que hagan los protocolos como lo marca la ley, entre otras funciones.

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