MORELIA, Mich.- Si bien el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha demostrado ser 141% más eficiente que el sistema de justicia anterior; además de ser considerado más transparente y respetuoso de los derechos humanos de víctimas y acusados, la mala noticia es que las deficiencias institucionales y los vicios de corrupción no le han permitido brindar los resultados esperados, a 10 años de haber iniciado la transición.
Así lo consideró Irene Tello Arista, presidenta de Impunidad Cero, quien advirtió sobre los riesgos de reformas que harían retroceder en derechos ganados y donde los más afectados serían las personas de más escasos recursos, que son la mayoría de quienes habitan las prisiones de México.
“Vemos con preocupación algunos deseos de arreglar la inseguridad completamente basado en el sistema penal, pues los delitos tienen múltiples causas. Creemos que el endurecimiento de penas e intentar regresar a un sistema de tipo inquisitivo no preocupa enormemente porque es una manera de decirle a la ciudadanía que se están haciendo cosas, pero en el fondo creemos que la gente con menos recursos serán los más afectados por este tipo de reformas”.
Respecto a la percepción de efectividad de 141% en relación al anterior sistema de justicia, dato sacado del Índice Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales elaborador por Impunidad Cero, Tello Arista explicó que esto se refiere a que existen más salidas y mecanismos para dar terminación a los asuntos que conocen las órganos de procuración de justicia.
Afirmó que en Impunidad Cero consideran que el SJPA es más eficaz, más transparente y muchísimo más respetuoso de los derechos humanos de todas las personas involucradas en un proceso penal.
“Cuando escuchamos que se vienen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales sí nos parece necesario decir que el SJPA tiene muchas cosas buenas, independientemente de que hay ineficiencias y cosas que se pueden arreglar. Sabemos que hace falta mucha consolidación para ver resultados tangibles”, admitió.
En ese sentido, la directora de Impunidad Cero enumeró los factores que permiten perpetuar las deficiencias institucionales: el desconocimiento de qué y cómo se tiene qué denunciar, así como la ignorancia de saber con quién denunciar actos de corrupción por parte de funcionarios, como el cobro por copias o actuaciones; un bajo nivel de control y supervisión del SJPA, así como diferencias entre las cifras, más bien de carácter operativo, que se reportan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Lo que acabamos viendo como sociedad civil es una falta de congruencia entre lo que se reporta al Ingi y al SESNSP que justo nos dificulta mucho a nosotros hacer una buena medición de su desempeño no para criticar sino para intentar explicarle a la ciudadanía que sí se están haciendo cosas, que hay muy buenas prácticas locales y que es algo que nos encantaría poder destacar en Impunidad Cero”, acotó.
Continúo enumerando los factores críticos que permiten perpetuar la impunidad y la corrupción en el SJPA, como son las medidas para dejar en libertad a personas a las que se acusa de un delito, o el abuso del archivo temporal cuya inmensa mayoría de investigaciones terminan en el archivo definitivo.
Sobre el abuso del recurso de archivo temporal, el mismo fiscal general del estado, Adrián López Solís, reconoció que 75% de las 45 mil carpetas de investigación que ha conocido la Fiscalía General del Estado terminan ahí, “que es lo mismos que en la basura”, aunque México Evalúa señaló en su Informe Hallazgos 2018 que el porcentaje es mayor y alcanza 86.9% en Michoacán, cuarto estado a nivel nacional en utilizar ese recurso que favorece la impunidad.
Pero la lista de esos factores críticos que favorecen la impunidad continúa, detalló la especialista, quien subrayó que contrario a lo que muchos servidores públicos les hacen creer a las víctimas del delito, no es necesaria la ratificación de una denuncia para el inicio de una investigación, lo cual viene estipulado en el artículo 221 de la Código Nacional de Procedimientos Penales. También enfatizó que hay un exceso de burocracia en las notificaciones a víctimas u ofendidos.
Añadió que se siguen presentando detenciones arbitrarias y medidas cautelares inadecuadas; además de asesorías de víctimas y defensas legales ineficientes. También faltan perfeccionar los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado.
Finalmente señaló como punto crítico la dilación en los procedimientos legales. Puntualizó que lo que no se puede medir no se puede mejorar ni evaluar, y ahí también incide la altísima cifra negra que existe en México, dijo. Por ello se pronunció por una instancia coordinadora del SJPA, parecida a la desaparecida Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, no se podrá acabar de consolidar la implementación del nuevo sistema y no se tendrán los indicadores adecuados para evaluar la calidad de la operación del SJPA.
Dijo ver con agrado la forma en que el SESNSP intenta homologar las maneras en que las Fiscalías y Procuradurías reportan el desempeño de su labor, pues hay complicaciones desde que cada carpeta puede tener varias víctimas.
