MORELIA, Mich.- (OEM-Infomex).- En lo que va de 2019, han sido consignados ante el Ministerio Público un total de seis elementos de las policías municipales, toda vez que tras las revisiones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional se ha detectado que no cuentan con la Certificación Única Policial, ni tampoco su registro ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y por ende no pueden ejercer dichas tareas ni tampoco portar algún tipo de armamento.
Situación que de acuerdo con la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lilia Cipriano Ista, se deben principalmente porque los presidentes municipales continúan sin certificar a sus elementos, e incluso contratan personal para asumir tareas de seguridad sin que hayan acreditado mínimamente el C3, lo cual es una práctica ilegal y que puede derivar en responsabilidades para los mismos ediles.
“Están actuando de manera ilegal, no puedes portar un arma de fuego si no estás registrado ante Sedena o el Sistema Nacional, y lamentablemente muchos presidentes son los que firman la credencialización cuando le corresponde al Secretariado Ejecutivo Estatal”, declaró Cipriano Ista al manifestar que si bien las cifras de elementos municipales consignados ante el Ministerio Público es fluctuante conforme a los dos operativos realizadas al año, y aunque no pormenorizó en las demarcaciones a las que corresponden los efectivos, refirió que suman seis.
En entrevista, la funcionaria estatal detalló que pese a los llamados realizados para que cada uno de los ayuntamientos michoacanos envíen a certificar a sus elementos, el número de policías con el CUP apenas asciende a los mil 700, de los cinco mil 100 efectivos desplegados operativamente en cada uno de los municipios. Aunado a que de manera general en toda la entidad se cuentan con ocho mil 500 y sólo tres mil 800 registrados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es de mencionar que conforme a los acuerdos de la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en julio pasado, los gobernadores de todo el país establecieron el compromiso de emitir en 18 meses, a partir del próximo mes de septiembre, el Certificado Único Policial para cada elemento de seguridad estatal, con lo cual se garantizaría que sus corporaciones no tienen vínculos con la delincuencia organizada.