Morelia, Mich. (OEM Infomex). – El Congreso del Estado tomó protesta a un total de ocho funcionarios dentro de organismos públicos en Michoacán, quienes, por la falta de acuerdos entre los grupos políticos, no habían podido ser designados y reelectos por los legisladores.
En la última sesión del primer periodo legislativo que concluyó este miércoles, los diputados locales desahogaron los nombramientos de magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal deJusticia Administrativa de Michoacán (TJAM) y las contralorías internas de órganos electorales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Octavio Aparicio Melchor fue elegido como Consejero del Poder Judicial, por un periodo de cinco años contados a partir de su toma de protesta.
Otra de las que se reeligió en el cargo por cinco años fue la ex presidenta del instituto Electoral de Michoacán (IEM), María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, en el Supremo Tribunal de Justicia; además de que los legisladores nombraron a Maricela Argueta Mora, Héctor Octavio Morales Juárez y Gerardo Contreras Villalobos como magistrados en el mismo tribunal por un periodo de cinco años, respectivamente.
Para la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los diputados de Morena pidieron que se designara la propuesta femenina, sin embargo, ganó en la terna que se presentó en el Congreso del estado, Gerardo Contreras Villalobos, con 25 votos a favor.
Asimismo, en la Sala Octava Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Maricela Argueta Mora tomó protesta como magistrada, de una terna que fue remitida por el magistrado Héctor Octavio Morales Juárez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), por un periodo de cinco años tomó protesta María Esther Ruíz López como titular del Órgano Interno.
Por último, Javier Alcántar Hernández se convirtió en el contralor interno del Consejo del Poder Judicial del estado por un periodo de cinco años, después de obtener el promedio más alto de calificación en la evaluación de eficiencia y competencia que realizó la institución.
