Morelia, Mich; (OEM-Infomex). La exigencia de los choferes de transporte escolar llegó hasta el Congreso del estado, específicamente hacia el diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso del estado, Salvador Arvizu Cisneros, a quien se le hizo llegar la petición.
Tras señalar que en repetidas ocasiones los niños que tienen este servicio han tenido que regresar a sus hogares solos y a pie porque las autoridades del transporte detienen las unidades por falta de un permiso que no está incluido en la legislación y que ha sido motivo de suspensión y sanción económica para los propietarios de los vehículos.
Los choferes denunciantes solicitaron la intervención del asambleísta para modificar el marco normativo en materia de transporte y evitar que continúe el riesgo al que han sido expuestos los pequeños y también a la injusticia de los propietarios que se dijeron violentados en sus derechos al tener la documentación oficial en regla.
Uno de los representantes que acudió al encuentro con el diputado, aseguró que las infracciones a las que han sido objeto ascienden a 59 mil pesos, sin que la Comisión Coordinadora del Transporte cuente con los elementos legales para sancionar y detener las unidades del transporte escolar.
Informaron que en promedio, el transporte escolar tiene un costo de 600 a mil pesos mensuales por niño, servicio que incluye el seguro de viajero, además de que cuentan con documentación en regla como licencia, tarjeta de circulación y permiso de las instituciones educativas del sector público o privado.
Recordaron que desde la semana pasada iniciaron operativos de Cocotra en contra de los transportistas escolares, donde se han infraccionado y retenido dos unidades, por lo que de aprobarse la generación de permisos para este servicio en la Ley de Ingresos del estado en 2020, se procederá con amparos ante las instituciones correspondientes.
Es de recordar que en la 72 Legislatura, el entonces diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Sarbelio Molina Vélez, presentó una iniciativa de Ley para regular y actualizar el transporte escolar en la entidad, la cual fue turnada a la congeladora legislativa para finalmente ser desechada por los integrantes de la anterior Legislatura
