Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Liia tiene buscando a su hijo desde la noche del 27 de marzo, cuando en compañía de otros dos amigos despareció en el municipio de Villa Madero. Desde entonces, dice que nadie en el gobierno la ha ayudado a buscarlo: ni la Fiscalía General del Estado (FGE), ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y mucho menos la Comisión de Búsqueda del Estado de Michoacán. Justo afuera de este organismo, en la colonia Prados Verdes de Morelia, decenas de familiares que tienen a sus seres queridos en calidad de extraviados se manifestaron este viernes para protestar porque se suspendieron las jornadas de búsqueda en todo el mes de mayo sin que se les explicaran los motivos.
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Otro caso es el de Eva, a quien solo se le ha acompañado en dos días para tratar de localizar a su hija desde hace 10 años, pero ante los medios de comunicación dijo que el trato en la Comisión es malo, e incluso afirma que el personal asignado no es apto para estas labores. Acusa que dos mujeres que trabajan en el organismo, a quienes solo identifica como Margarita y Berenice, revictimizan a las personas y tienen el apoyo de la CEDH. “El comisionado tampoco hace caso, cada que nos quejamos nos dice que hablará con ellas, pero siguen igual de violentas o peores”.
Como parte de los colectivos Decofem y Buscándolos con Amor, la mujer compartió que por su cuenta ya realizan búsquedas en Zamora, Lázaro Cárdenas y Morelia, principalmente, pero no logran que la Comisión de Búsqueda las arrope porque la burocracia interrumpe dichas jornadas. “Nos ponen pretextos como que nuestras peticiones por escrito tienen faltas de ortografía y entonces no nos pueden emitir una orden”, acusó.
Tanto ella como otros familiares aseguran que las camionetas con las que cuenta la comisión son usadas para fines particulares de los funcionarios, y ven con extrañeza que siempre se les diga que no hay dinero ni recursos materiales para apoyarlos.
Comisionado acepta carencias
Al lugar de la protesta arribó el titular de la Comisión, José Alfredo Tapia Navarrete, quien solo pudo reconocer que están rebasados en una ecuación donde se opera con el mínimo de recursos contra una ola de delitos que provocan las desapariciones.
Sostuvo que tan solo en Morelia hay 844 hombres y 403 mujeres que se han reportado como desaparecidos, siendo el municipio que encabeza la lista, seguido de Zamora con 569, Coeneo (545), Uruapan (517), Apatzingán (296) y La Piedad (278). En sus estadísticas reportan mil 48 desapariciones tan solo de junio de 2019 a mayo de este año, casos en los que incluso hay personas de otras nacionalidades: cinco de Estados Unidos, dos de Perú y oros dos ciudadanos colombianos.
En esta danza de cifras negras, existen seis mil 842 casos reportados de desapariciones en el estado, 364 de los cuales no han sido localizados, mientras que a 249 ya se les encontró sin vida.
Entre las protestas de los manifestantes que dicen ya no creer en las promesas gubernamentales, el comisionado prometió reagendar la búsqueda, no sin aceptar que apenas cuentan con cinco personas acreditadas para esta labor, así como tres vehículos que recuperaron luego de que estaban en el abandono.
Frente a él, una de las madres buscadoras reclamó que para ese viernes ya se habían comprometido a hacer trabajos de localización con una señora de nombre Elena, pero finalmente se detuvo por la necesidad de una prospección de terreno, lo que no se les avisó con anticipación, pese a que el trámite se solicitó desde hace tres meses.
Como pudo, Tapia Navarrete intentó hacer compromisos por agilizar las búsquedas, pero los familiares se dijeron incrédulos y le exigieron firmar documentos y que no quede en solo buena voluntad de forma verbal. Precisó que la Comisión tiene seis meses en que “la volvieron a echar a andar, con lo que tenemos y con lo que podemos”. Las madres de los desaparecidos mostraron una actitud de hartazgo, pues dejaron en claro que sus hijos no desaparecieron ayer y llevan meses o años pidiendo que se les ayude a localizarlos, pero siempre se topan con pretextos.
El comisionado reconoció que las quejas de los familiares son comprensibles, y de forma paralela pidió la colaboración de otras instancias de gobierno, principalmente de las policías municipales, pues son las primeras que deben colaborar cuando existen este tipo de denuncias.
Al final, familiares y comisionado acordaron reactivar las búsquedas y revisar las carpetas pendientes.
